Cambian al jefe del penal Ancón I luego de operativo contra organización criminal que planeaba extorsiones desde prisión

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) designó a Tomás Máximo Yllaconza Palacio como nuevo titular de Ancón I en reemplazo de Yon Liceras Huamani, en una “intervención integral” para restablecer la autoridad, reforzar los controles internos e impedir que los penales sean utilizados para coordinar actividades ilícitas vinculadas al crimen organizado y las extorsiones.

Según indicó la institución, el régimen de extrema seguridad aplicado desde octubre de 2025, que concentró a más de 40 internos en celdas de ocho y estableció 22 horas diarias de encierro, no evitó el funcionamiento de una red de comunicaciones clandestinas dentro del establecimiento penitenciario.

Esto luego de que se conociera que durante un operativo de la Fiscalía de Delincuencia Organizada y la División de Investigación de Delitos Transnacionales, la Policía Nacional del Perú encontró 32 teléfonos celulares activos y un enrutador clandestino de internet en el pabellón 1 del centro penitenciario.

Según se reportó en Canal N, los equipos fueron utilizados por la organización criminal “La Confederación” para coordinar extorsiones, sicariato y venta de drogas hacia el exterior.

“La Confederación” y el control de las extorsiones

Según reportó el medio televisivo, los dispositivos hallados por la PNP estaban ocultos a cinco metros de altura, en un espacio estrecho entre el techo del comedor del pabellón y una malla metálica. Los internos llegaban al lugar mediante escaleras, pese a que esa zona estaba sometida a un régimen de vigilancia reforzada.

La infraestructura permitía comunicaciones continuas para dirigir delitos en Lima Norte y en el norte de Chile. Entre los reclusos identificados figura Jimmy Larry Bazán Valderrama, alias “Chato Bazán”, integrante de “Los Compadres”, condenado en mayo a 35 años de prisión por sicariato agravado y poseedor de tres teléfonos de uso personal.

Según el fiscal Edwin Velásquez, la administración del pabellón y el control de las operaciones ilegales quedaron bajo la responsabilidad de Luis Galarza Benvenuto, alias “Canco”, tras el traslado de Wilfredo Montalvo Malqui, alias “Lápiz”, al penal de Cochamarca. La red asignaba celulares para los cabecillas y alquilaba equipos al resto de la población penitenciaria.

Las primeras pesquisas económicas establecieron que la venta de drogas y el alquiler de teléfonos generaron aproximadamente S/ 2 millones. El dinero era transferido con regularidad a cuentas bancarias administradas por terceros fuera del penal.

Órdenes para atentados desde prisión

La inspección también detectó deficiencias en los sistemas diseñados para impedir el ingreso de objetos prohibidos. Gerald Flores, gerente de Control de Lima de la Contraloría General de la República, indicó que la cámara de rayos X y las cámaras corporales no estaban operativas.

La auditoría identificó un promedio de 80 cámaras de videovigilancia que no funcionaban correctamente ni registraban las actividades dentro del penal. El comedor donde se escondían los equipos de comunicación tenía dos cámaras con visualización en tiempo real.

El coronel PNP Juan Felipe Flores, jefe de la División de Investigación de Delitos Transnacionales, confirmó que las verificaciones policiales coincidían con los hallazgos de la Contraloría. La falta de controles tecnológicos facilitó el uso de la infraestructura ilegal en el pabellón de extrema seguridad.

Los peritajes a los mensajes de WhatsApp recuperados de los dispositivos incautados el 22 de septiembre revelaron órdenes para ejecutar atentados en la vía pública. En comunicaciones del 12 de septiembre de 2026, los reclusos coordinaban la entrega de vehículos menores y armas de fuego a ejecutores externos para disparar contra comercios en el paradero 20 de Las Flores.

La Fiscalía y la Policía Nacional del Perú analizan los números que recibían esas instrucciones para identificar a los sicarios y extorsionadores que operaban fuera del penal. La información de inteligencia indica que “La Confederación” buscaba utilizar sus recursos para adquirir fusiles de asalto, ampliar su presencia territorial y controlar la extorsión al sector transporte.

Las autoridades mantienen abierta la investigación para determinar las responsabilidades administrativas y penales por el ingreso y la permanencia de los aparatos. El INPE dispuso además el cese del subdirector del establecimiento, la designación de un nuevo responsable y la rotación, reorganización y evaluación del personal de seguridad.