Petroperú: ProInversión descontó USD 25 millones del crédito impuesto a la petrolera estatal, ¿a dónde fueron los fondos?

La presencia de un actor externo a la estructura de gobierno corporativo de Petroperú en sus sesiones de directorio ha suscitado cuestionamientos internos en la petrolera estatal, debido a la exposición de información financiera y comercial sensible que podría debilitar aún más su posición de mercado (25%).

La intervención ocurre mientras la agencia del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), ProInversión, concentra funciones en la reorganización, el financiamiento y la evaluación de activos de la empresa, sin que haya transparentado el uso efectivo de los USD 475 millones del crédito puente ni las condiciones bajo las cuales podría avanzarse en la cesión, asociación o concesión de activos estratégicos.

Petroperú sigue a la deriva, aunque no lo parezca

Hasta ahora, los resultados comprobables del esquema extraordinario se concentran en dos hechos: el desistimiento de UNNA Energía del proceso concursal contra Petroperú que presentó en Indecopi; y el desembolso de la primera parte del crédito internacional de hasta USD 2.000 millones con aval del Estado.

“El primero evitó que la crisis de pagos derivara en una junta de acreedores con capacidad de incidir en el control de la empresa; el segundo alivió la presión inmediata sobre la caja de Petroperú“, dijo una fuente.

Fuera de esos avances, no existe todavía un balance público que detalle activos monetizados, inversión privada captada, ahorros operativos o recursos netos disponibles tras la estructuración financiera.

“El desistimiento de UNNA Energía del proceso concursal también estuvo vinculado a las obligaciones previstas en el contrato de Recepción, Almacenamiento y Despacho (RAD)“, continúa.

Ese marco contractual, junto con las gestiones para ordenar pagos y habilitar almacenajes adicionales, permitió desactivar el conflicto ante Indecopi. El MEF presentó el resultado como un efecto de las medidas extraordinarias, aunque el acuerdo contractual con el operador del norte también resultó determinante.

Una presencia incómoda en el Directorio de Petroperú

Ambos resultados fueron posibles bajo el marco creado por los decretos de urgencia 010-2025 y 003-2026, aprobados para contener la crisis de liquidez, asegurar el abastecimiento nacional de combustibles y evitar un deterioro mayor de Petroperú.

Sin embargo, las normas también ampliaron el papel de ProInversión en la estructuración financiera, los fideicomisos y la evaluación de activos, “sin una delimitación pública suficiente sobre su capacidad de intervención frente a las atribuciones del Directorio y la Gerencia General de la empresa”, dijo una segunda fuente.

El representante designado por ProInversión para participar en determinadas sesiones es Jorge Luis Ramos Felices, exintegrante del Directorio y del Comité de Auditoría y Control de Petroperú.

Su presencia no le otorga, en principio, la condición de director ni facultades para sustituir a la administración de la empresa. Sin embargo, su acceso a reuniones en las que se evalúan flujos de caja, compras de crudo, contratos, financiamiento y activos abrió un frente de preocupación dentro de la estatal por el alcance real de su participación.

Consultada por Infobae Perú, la agencia aseguró que la participación de su representante “nace de un pedido del Directorio de Petroperú, para cuando se trate algún tema vinculado al proceso de reestructuración de la petrolera”. ProInversión añadió que esa presencia se da “dentro del marco legal otorgado por el DU 010-2025”.

La respuesta, sin embargo, no precisa en qué calidad interviene Ramos Felices durante esas sesiones, qué puntos de agenda puede conocer, si accede a documentos de carácter reservado ni si sus comentarios o recomendaciones quedan consignados en las actas del Directorio.

Tampoco detalla las obligaciones de confidencialidad aplicables a un representante que no integra formalmente el órgano de gobierno corporativo de Petroperú.

Los USD 25 millones descontados del crédito puente

A su turno, Petroperú dijo a este medio que ​la participación de Ramos Felices, “en su condición de consultor designado por ProInversión”, no responde a una solicitud del actual presidente señor Oliver Stark, sino que “se originó a través de una solicitud formal efectuada por la Presidencia del Directorio anterior”.

Con todo, la delimitación resulta relevante por la naturaleza de los asuntos que aborda la petrolera. La compañía negocia de forma permanente la compra de crudo y combustibles, condiciones comerciales, financiamiento, inventarios, transporte, almacenamiento y pagos a proveedores.

“El conocimiento anticipado de esa información puede afectar la posición de la empresa frente a competidores, acreedores y potenciales socios privados”, replicó la primera fuente.

La falta de definiciones también alcanza al desfinanciamiento. ProInversión informó a Infobae Perú que la diferencia entre los USD 500 millones anunciados inicialmente y los USD 475 millones recibidos por Petroperú “corresponde a los costos financieros de la operación”.

La respuesta identifica el origen de los USD 25 millones de diferencia, aunque hasta ahora no se ha difundido un desglose público de las comisiones, garantías, honorarios, gastos legales u otros cargos aplicados al crédito puente. Tampoco se conoce el monto neto que quedó disponible para Petroperú luego de esos descuentos.

Pero la discusión sobre ese financiamiento se conecta también con la evaluación de activos estratégicos de la empresa. ProInversión reúne información sobre unidades como los Terminales del Sur, el Oleoducto Norperuano y el Lote 64, en un proceso que podría derivar en asociaciones con privados, concesiones o transferencias de derechos.

Petroperú no se privatiza, solo se oferta por pedazos

El Lote 64 ya forma parte de la estrategia de búsqueda de un socio privado. Petroperú ha planteado la incorporación de un operador y la cesión de una parte de su participación contractual, una alternativa que permitiría distribuir riesgos e inversiones, pero que también reduciría su control sobre un activo petrolero relevante.

Los Terminales del Sur presentan una situación distinta. Petroperú contrató en 2026 un servicio de operación por tres años, por lo que cualquier propuesta de asociación o concesión debería precisar cómo conviviría con ese contrato y cuál sería el beneficio económico concreto para la empresa.

El Oleoducto Norperuano completa el grupo de activos bajo análisis. Por su papel en el transporte de crudo desde la Amazonía hacia la costa norte, una decisión sobre su operación o eventual participación privada requiere definir previamente las inversiones pendientes, los costos de mantenimiento, los ingresos proyectados y las condiciones bajo las cuales Petroperú conservaría —o cedería— capacidad de decisión.

Hasta el momento, no se ha difundido una evaluación comparativa que permita establecer cuánto valor podría generar cada unidad bajo administración directa de Petroperú, cuánto recibiría la empresa mediante una asociación privada y qué riesgos asumiría en una eventual transferencia de derechos. Sin esas referencias, la reorganización patrimonial queda supeditada a decisiones cuya rentabilidad para la petrolera no puede ser contrastada públicamente.

No es negocio tomar activos a Petroperú en este momento: el factor TC

La reorganización financiera y patrimonial de Petroperú avanza mientras el Tribunal Constitucional mantiene pendiente un pronunciamiento de fondo sobre las demandas de inconstitucionalidad presentadas contra el Decreto de Urgencia 010-2025.

La Defensoría del Pueblo cuestionó la norma por una eventual vulneración del artículo 60 de la Constitución, el principio de jerarquía normativa y el régimen especial aplicable a Petroperú. La Municipalidad Provincial de Talara presentó una segunda demanda, que fue acumulada al proceso por el Tribunal Constitucional el 25 de mayo.

A la fecha, el máximo intérprete de la Constitución no ha emitido una decisión de fondo sobre la validez de las facultades extraordinarias que sustentan parte de la intervención de ProInversión. Mientras tanto, la ausencia de una sentencia no detiene la ejecución de los decretos ni los mecanismos financieros activados para sostener a Petroperú.

“Pero coloca bajo mayor atención las decisiones sobre fideicomisos, flujos futuros y activos estratégicos, debido a que una eventual asociación, concesión o transferencia podría producir efectos patrimoniales difíciles de modificar si el TC determina luego que alguno de los mecanismos aplicados no era compatible constitucionalmente”, advierte.