Una directora de colegio pidió S/100 a una madre de familia para asignar dos vacantes de primaria a sus hijos y le indicó que realizara el pago mediante Yape. El caso ocurrió en la Institución Educativa N.° 88232 “Santa Rosa”, ubicada en Santo Domingo de los Olleros, Huarochirí.
La solicitud ocurrió en diciembre de 2023 y la madre llegó a entregar un primer adelanto de S/50 a través de la billetera digital. Durante el proceso judicial, la Fiscalía presentó el depósito y otros elementos para acreditar que el dinero estaba vinculado con el trámite de las matrículas escolares.
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Por este caso, Violeta Luyo, exdirectora del plantel, recibió una condena de cinco años de prisión suspendida por el delito de cohecho pasivo impropio. La sentencia también contempla tres años de periodo de prueba, cinco años de inhabilitación para ejercer cargos públicos, una reparación civil de S/3.001 y 365 días-multa equivalentes a S/8.668,75.
Directora pidió S/100 para asignar dos vacantes de primaria
El pedido ocurrió el 16 de diciembre de 2023, cuando Luyo se desempeñaba como directora de la Institución Educativa N.° 88232 “Santa Rosa”, ubicada en el distrito de Santo Domingo de los Olleros, provincia de Huarochirí. De acuerdo con la acusación fiscal, la docente solicitó S/100 para asignar dos vacantes de nivel primaria para los hijos de una madre de familia.
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Para realizar el pago, la entonces directora entregó un número de celular a la madre. El dinero debía ser enviado mediante Yape, según los elementos expuestos por la Fiscalía durante el juicio oral.
El primer adelanto se concretó el 19 de diciembre de 2023. La madre realizó un depósito de S/50, operación que posteriormente quedó incorporada al proceso como una de las principales evidencias para sustentar la acusación.
El Ministerio Público señaló que el cobro estaba relacionado con la asignación de las vacantes. La Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Este sostuvo el caso durante el juicio oral.
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Las pruebas que sustentaron la acusación contra la exdirectora
Entre las pruebas consideradas para sustentar la responsabilidad de la exdirectora figura la impresión del depósito realizado mediante Yape desde un agente bancario. El documento permitió incorporar al proceso la constancia del primer pago efectuado por la madre de familia.
Otro elemento presentado fue la Resolución Ministerial N.° 447-2020-MINEDU, utilizada para acreditar que la matrícula escolar en instituciones educativas públicas es gratuita. Este documento fue considerado por el Ministerio Público dentro de los elementos que respaldaron su acusación.
La Fiscalía también presentó el Informe N.° 281-2025-UGEL08C, mediante el cual se acreditó que Luyo era la única responsable del sistema SIAGIE en la institución educativa. Esta función fue incorporada como parte de la evidencia sobre su intervención en el trámite de las vacantes.
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A ello se sumaron las declaraciones de la madre de familia y de la titular de la cuenta que recibió el dinero. La Fiscalía señaló que estos elementos permitieron acreditar durante el juicio la responsabilidad de la exdirectora por el delito de cohecho pasivo impropio.
Sentencia contempla inhabilitación y una reparación civil
Tras evaluar los argumentos presentados durante el juicio oral, el Poder Judicial impuso a Violeta Luyo una condena de cinco años de pena privativa de libertad suspendida. La medida quedó sujeta a un periodo de prueba de tres años y al cumplimiento de reglas de conducta.
La sentencia también establece cinco años de inhabilitación para ejercer cargos públicos. De esta manera, el fallo contempla una restricción adicional vinculada con el ejercicio de funciones en el Estado.
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En el aspecto económico, la exdirectora deberá pagar una reparación civil de S/3.001 a favor del Estado. Además, se le impusieron 365 días-multa, equivalentes a S/8.668,75, según la información difundida por el Ministerio Público.
La Fiscalía destacó que el caso se relaciona con un cobro para acceder a vacantes en una institución educativa pública y señaló que este tipo de prácticas afecta el acceso de los estudiantes a la educación gratuita. La condena corresponde a una sentencia de primera instancia.
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