Emergencias médicas: así se garantiza el acceso, la información y el acompañamiento en clínicas y hospitales

Los servicios de salud enfrentan cuestionamientos sobre el respeto de los derechos de los pacientes, especialmente en situaciones de emergencia donde la vida o la integridad física está en riesgo. Toda persona que acude a un centro médico tiene derecho a recibir atención inmediata, a recibir información clara sobre diagnóstico y tratamiento, y, en casos específicos, a ingresar acompañada, incluso si se trata de una emergencia en la que no pueden exigirle pago previo ni identificación antes del triaje. Este principio legal se volvió tema de debate tras denuncias relacionadas con maltrato, obstáculos de acceso y criterios de admisión en hospitales, consultorios y clínicas.

SuSalud aclara dudas sobre derecho del paciente

Martín Alonso Tantaleán del Águila, superintendente nacional de Salud de Susalud, explica qué debemos saber y qué podemos exigir al momento de recibir atención en salud. Detalló que la normativa más estricta se aplica en el área de emergencia. Cuando la situación pone en peligro la vida de un paciente, o existe riesgo de una secuela permanente, la atención debe ser brindada sin demora. En estos casos, no corresponde solicitar documento de identidad ni condicionar el ingreso al pago de ningún monto. Así lo establece la ley y lo confirman especialistas en derechos sanitarios y atención hospitalaria.

La diferencia entre emergencia y urgencia determina buena parte de los conflictos en la admisión. Emergencia implica una amenaza real a la vida o la posibilidad de daño permanente si no se interviene rápidamente. Urgencia se refiere a un problema de salud agudo que genera malestar, pero no supone un peligro inminente ni deja secuelas, lo que habilita al establecimiento a verificar el pago antes de continuar con la atención.

El triaje y la prioridad médica

La decisión sobre si un caso es emergencia o urgencia no recae en la percepción del paciente o su familia, sino en el criterio del profesional a cargo del triaje. El personal médico debe evaluar primero al paciente para determinar si corresponde una atención prioritaria inmediata, incluso derivándolo a unidades de trauma shock si el cuadro lo requiere.

En clínicas privadas, si el triaje confirma que existe una emergencia, la persona debe ser atendida antes de cualquier trámite administrativo. Solo después se revisan las condiciones de pago o la cobertura del seguro. Si el cuadro es clasificado como urgencia, el centro puede exigir el pago antes de continuar. Esta distinción ha sido motivo de desencuentros, ya que la percepción de gravedad suele diferir entre el entorno del paciente y el criterio médico.

Un ejemplo citado por especialistas describe a una paciente que, a pesar de no mostrar signos de agitación, presentaba síntomas claros de apendicitis con riesgo de peritonitis, mientras otra persona, que manifestaba dolor intenso, resultó tener un cólico por gases sin riesgo vital. El triaje prioriza el peligro real, no la apariencia del dolor ni la angustia de la familia.

Derechos de acompañamiento y trato digno

El derecho a ingresar con acompañante varía según la edad, condición y autonomía del paciente. Los menores de edad pueden entrar con uno de sus padres o tutores, lo mismo que los adultos mayores que no pueden valerse por sí mismos y las personas con discapacidad que requieran apoyo. En consultorios y servicios ambulatorios, la entrada con acompañante para adultos autónomos depende del espacio disponible y de las normas internas de cada centro, pero siempre debe prevalecer la escucha activa de las necesidades del paciente.

El deber de informar de manera clara y comprensible sobre el diagnóstico, el tratamiento y el uso de medicamentos aparece como un eje central del buen trato. Se han reportado casos en los que personas mayores reciben indicaciones médicas sin que se considere su capacidad para comprender o recordar la información, lo que genera confusión y posibles errores en la administración de medicamentos.

El desgaste profesional o burn out también fue señalado como un factor que puede afectar la calidad de la atención. Especialistas en salud laboral advierten que la fatiga acumulada en el personal sanitario no justifica la vulneración de los derechos del paciente ni el maltrato.

Ingreso de perros de asistencia y accesibilidad

Otro aspecto relevante es el derecho de acceso de los perros guía o de asistencia para personas con discapacidad o condiciones como la epilepsia. La negativa a permitir su ingreso suele estar vinculada al desconocimiento de su función, tanto en centros de salud como en otros servicios públicos. Estos animales forman parte del apoyo necesario para la movilidad, la prevención de crisis y la autonomía de sus usuarios. El derecho a ingresar acompañado de un perro certificado está respaldado por la normativa vigente, ya que no se trata de una mascota convencional sino de un recurso esencial para la salud y la seguridad.

La infraestructura y las condiciones de espera en hospitales y clínicas constituyen otra preocupación frecuente. Existen reportes de pacientes que no recibieron sillas de ruedas, debieron esperar de pie o fuera del establecimiento, o encontraron servicios de emergencia con déficit de camillas y sobrecarga de demanda.

Ante este escenario, los centros de salud siguen obligados a ofrecer las mejores condiciones posibles, incluyendo espacios de espera protegidos y asientos suficientes para personas con dificultades de movilidad. Un caso emblemático es el de una mujer de 65 años con várices, quien debió aguardar de pie hasta que un vigilante le facilitó una silla de ruedas.

Complejidad diagnóstica y evaluación médica

La dificultad de diagnóstico en cuadros como el dolor abdominal genera desafíos adicionales. Algunas pacientes pueden presentar síntomas que se confunden con apendicitis, y existe un síndrome relacionado con el ciclo ovulatorio que provoca dolor intenso y sangrado leve, lo que complica la evaluación inicial. El cólico renal, reconocido como uno de los dolores más severos en medicina, y ciertos cuadros ginecológicos pueden ser subestimados como simples cólicos menstruales cuando requieren estudios más profundos.

Este contexto refuerza la importancia del examen médico previo a cualquier decisión administrativa o rechazo de atención. El personal sanitario debe priorizar la evaluación clínica antes de descartar la gravedad del caso.

La recomendación para los usuarios de los servicios de salud apunta a mantener el respeto, pero también a exigir el cumplimiento de sus derechos. Si un paciente o su familia perciben que se está ignorando la condición de un adulto mayor, una persona con discapacidad o un cuadro que requiere evaluación urgente, el personal de salud tiene la obligación de corregir la situación y atender la necesidad planteada.