¿Para qué pide facultades legislativas el gobierno de Keiko Fujimori? Estas son las reformas que propone

La solicitud de facultades legislativas presentada por el Gobierno de Keiko Fujimori plantea autorizar al Poder Ejecutivo a legislar durante 120 días calendario en materias relacionadas con la seguridad ciudadana, las mypes, el empleo, la simplificación administrativa, el desarrollo productivo, el régimen tributario y la modernización del Estado.

El punto de partida es un diagnóstico de problemas estructurales que comprometen la seguridad, la competitividad económica, la confianza en las instituciones y la capacidad de respuesta del Estado. El texto sitúa entre esos problemas la inseguridad, informalidad laboral y empresarial, estancamiento de la productividad, brechas de infraestructura y debilidad institucional.

En seguridad ciudadana, el documento consigna una tasa estimada de homicidios de 10,7 por cada 100.000 habitantes en 2025, superior al 7,4 de 2019, y más de 25.000 denuncias por extorsión ese año. La percepción de inseguridad urbana entre personas de 15 años o más alcanzó 84,2%, pese a mejoras puntuales en algunos indicadores.

Diagnóstico económico y social

En el plano económico, el texto sostiene que el Producto Bruto Interno (PBI) creció alrededor de 3,3% en 2025, pero que la informalidad laboral afecta al 70,2% de la población ocupada. Las micro y pequeñas empresas representan 99,7% del tejido empresarial y 86,8% de ellas opera en la informalidad.

El diagnóstico añade brechas de infraestructura superiores a USD 110 mil millones y una crisis penitenciaria marcada por hacinamiento, sobrepoblación y limitaciones para la reinserción social. A ello suma el deterioro posterior a la pandemia, la caída del empleo juvenil y una persistente desconexión entre formación educativa y necesidades productivas.

Sobre ese escenario, la exposición vincula la propuesta con el Plan de Gobierno 2026-2031, organizado en los ejes de Orden, Economía y Social. La meta planteada al fin de su mandato es un país seguro, competitivo y justo, con empleo formal, gestión pública moderna, digitalización y transparencia.

Justificación constitucional y objeto del proyecto

El texto sostiene que la vía legislativa ordinaria no ofrece la rapidez que exigen reformas de alta complejidad técnica y multisectorial. Por ello, plantea que la delegación de facultades al Ejecutivo constituye un instrumento constitucional idóneo para producir normas coordinadas, especializadas y oportunas.

El objeto del proyecto consiste en delegar facultades por 120 días en siete materias específicas: seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad; promoción y protección de emprendedores y MYPE; empleo y protección social; simplificación administrativa, desregulación y eliminación de barreras burocráticas; desarrollo productivo e innovación; materia tributaria, aduanera y facilitación del comercio; y reforma estructural, organización y modernización del Estado.

El sustento jurídico descansa en el artículo 104 de la Constitución y en el artículo 90 del Reglamento del Congreso. La exposición recuerda que la delegación debe recaer sobre materias específicas y por plazo determinado, y que no puede abarcar materias indelegables.

Alcances y límites de la delegación

En ese marco, el proyecto afirma que se limita a asuntos que no comprenden reforma constitucional, tratados internacionales, leyes orgánicas, presupuesto ni cuenta general. También indica que el Congreso mantiene su competencia legislativa durante el plazo de la delegación.

La primera materia desarrollada es seguridad ciudadana y fortalecimiento del sistema penitenciario. El texto describe una evolución ascendente de la tasa de homicidios y señala que las denuncias por extorsión superaron las 27.000 en 2025, con fuerte impacto sobre transporte, comercio y pequeños negocios.

La exposición subraya la crisis penitenciaria con 103.757 personas privadas de libertad en 69 establecimientos con capacidad para 41.764. Añade que 50 penales presentan hacinamiento y que, pese a medidas previas, los centros de reclusión siguen operando como espacios desde los cuales se coordinan delitos graves.

Reformas al sistema penitenciario y seguridad

A partir de ese diagnóstico, el proyecto propone habilitar cambios en legislación penal, procesal penal y de ejecución penal, reforzar la coordinación entre entidades competentes y reorganizar el sistema de internamiento y reinserción social. También contempla regular la participación temporal y excepcional de las Fuerzas Armadas en apoyo al sistema penitenciario y actualizar el marco para inversión privada en infraestructura penitenciaria.

La segunda materia se refiere a la promoción y protección de las micro y pequeñas empresas y al fomento de la formalización. El texto señala que las Mipyme constituyen 99,3% del ecosistema empresarial formal y emplean a 10,5 millones de trabajadores, pero afrontan altos niveles de informalidad, escaso acceso al crédito formal y limitaciones contables.

La explicación central es que la informalidad no responde únicamente a falta de fiscalización o a factores culturales, sino a un diseño normativo que genera saltos abruptos de costos cuando una empresa crece. Por eso, la propuesta plantea un régimen tributario y laboral progresivo, articulado y continuo, de modo que la formalización sea una trayectoria viable y no un salto abrupto.

Formalización empresarial y mercado laboral

Dentro de ese bloque aparecen medidas como la “Licencia 0”, concebida como una plataforma digital única para centralizar trámites de formalización. También se prevén mecanismos de garantías para facilitar financiamiento, ajustes al régimen societario SACS y normas para saneamiento de propiedad, titulación y mejora de la seguridad jurídica inmobiliaria.

La parte laboral y de promoción del empleo se apoya en un diagnóstico de segmentación profunda del mercado laboral. El documento destaca una población ocupada de 17,6 millones de personas en 2025, con 12,3 millones en empleos informales, cobertura previsional reducida y una fuerte presencia de autoempleo y trabajo precario.

La exposición identifica como causas los costos laborales no salariales, las rigideces del mercado de trabajo, la complejidad administrativa y la baja productividad. A partir de ello, plantea un régimen laboral progresivo, medidas específicas para empleo juvenil, incentivos a la capacitación, reglas para bonos de productividad y ajustes al rol de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) y del sistema inspectivo para incorporar un enfoque de formalización.

Feriados, simplificación administrativa y calidad regulatoria

También se incluye una propuesta para racionalizar los feriados no laborables. El texto sostiene que el país acumula 16 feriados nacionales, a los que se suman días no laborables compensables, y atribuye a ese esquema impactos negativos sobre el crecimiento, la productividad y el costo económico de los días de paralización.

En simplificación administrativa y calidad regulatoria, la exposición describe trámites complejos, demoras, dispersión normativa y barreras burocráticas persistentes. La respuesta normativa propuesta pasa por simplificar, estandarizar, digitalizar, fusionar o eliminar procedimientos, reducir plazos y costos, fortalecer interoperabilidad, ventanillas únicas, silencio administrativo y fiscalización posterior.

Ese bloque desarrolla medidas puntuales sobre autorizaciones para proyectos relevantes, reducción progresiva del silencio administrativo negativo, vigencia indefinida del certificado ITSE para establecimientos de riesgo bajo o medio, digitalización de documentos y fortalecimiento del papel del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) frente a barreras burocráticas.

Desarrollo productivo, inversión privada y sectores estratégicos

En desarrollo productivo e innovación, el documento presenta a la inversión privada como principal motor de la economía, aunque afectada por inestabilidad política, sobrecarga regulatoria y baja productividad. Desde allí propone reformas para sectores como agro, recursos hídricos, pesquería, minería, turismo, hidrocarburos, energía eléctrica, banca y seguros, infraestructura y asociaciones público-privadas, además de materia ambiental.

En minería, hidrocarburos e infraestructura, la exposición insiste en la necesidad de reducir la tramitación excesiva, agilizar autorizaciones, mejorar la supervisión y facilitar servidumbres, liberación de predios e interferencias. En banca y seguros, plantea derogar la Ley 31143 sobre topes a tasas de interés, permitir cuentas bancarias para menores desde los 12 años con autorización y fortalecer mecanismos de intercambio prestacional en salud.

En materia tributaria y aduanera, el proyecto plantea reducir la dispersión de regímenes, avanzar hacia un impuesto a la renta empresarial con tasas marginales progresivas y revisar reglas que hoy generan litigiosidad e incertidumbre. También propone impedir que la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) impugne judicialmente resoluciones del Tribunal Fiscal y pronunciamientos judiciales vinculados con esas resoluciones.

Reforma tributaria y modernización del Estado

Ese mismo eje incorpora créditos tributarios por contratación de jóvenes y por capacitación, ajustes en deducción de intereses y en instrumentos financieros derivados de cobertura, revisión del régimen de transparencia fiscal internacional y cambios en el tratamiento de dividendos provenientes del exterior. La finalidad declarada es ampliar la base tributaria, mejorar la formalización y reducir controversias.

La última materia comprende reforma estructural, organización y modernización del Estado. El texto plantea facultades para reorganizar entidades del Ejecutivo, acelerar la digitalización, fortalecer la integridad pública sin paralizar decisiones de inversión, reforzar la meritocracia en el servicio civil y ordenar la coexistencia de distintos regímenes laborales estatales.

En digitalización, la exposición menciona productos como MiPerú, Licencia 0 y Pensión 65 Proactiva, junto con cambios normativos para identidad y firma digital, interoperabilidad y protección de datos. También propone un mecanismo de participación técnica institucional en procesos judiciales que puedan afectar contratos de asociaciones público-privadas, con el fin de dotar a los jueces de información especializada sin afectar su independencia.

Análisis costo-beneficio e impacto normativo

El análisis costo-beneficio reconoce costos administrativos, de implementación, reestructuración, inversión digital y adecuación de procedimientos, que el proyecto prevé cubrir con presupuestos institucionales, salvo autorización legal expresa. La exposición sostiene que esos costos se compensan con beneficios esperados en seguridad, formalización, empleo, productividad, simplificación, recaudación, servicios públicos y modernización estatal.

En el análisis del impacto normativo, el documento precisa que la ley autoritativa no modifica ni deroga por sí misma la legislación vigente, sino que habilita al Ejecutivo para hacerlo mediante decretos legislativos. A la vez, sostiene que las reformas propuestas guardan coherencia con la Constitución, con el marco del artículo 104 y con los tratados internacionales vigentes para el Perú.