Keiko Fujimori no podría reducir feriados: oposición mayoritaria en Cámara de Diputados rechazaría facultades legislativas

El Gobierno de Keiko Fujimori solicitará facultades legislativas por 120 días, una iniciativa que enfrentará su primera prueba política de peso. La Cámara de Diputados, controlada por la oposición, podría bloquear el pedido antes de que el Ejecutivo ponga en marcha las reformas planteadas, entre ellas la reducción de los feriados no laborables, una propuesta que ha generado polémica entre la ciudadanía.

La coalición opositora conformada por los partidos Ahora Nación, El Buen Gobierno, OBRAS y Juntos por el Perú reúne 74 de los 130 escaños de la Cámara de Diputados, una mayoría que le permitiría rechazar cualquier iniciativa que no cuente con su respaldo. En contraste, el oficialismo suma 41 curules y, con el apoyo de los 15 diputados de Renovación Popular, alcanzaría 56 votos, una cifra insuficiente para asegurar la aprobación de las facultades legislativas solicitadas por el Ejecutivo.

Paquete de reformas de amplio alcance

El documento elaborado por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) abarca un espectro extenso de materias: seguridad ciudadana, lucha contra la criminalidad, protección de las micro y pequeñas empresas (mypes), formalización del empleo, simplificación administrativa, modernización del Estado, y reformas tributarias y aduaneras. Uno de los puntos que concentra mayor atención pública es la propuesta de reducir los 16 feriados nacionales, medida que el Ejecutivo justifica con datos del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP): según el organismo, cada feriado nacional obligatorio reduce el crecimiento anual del producto bruto interno en 0,08 puntos porcentuales.

La medida contrasta con declaraciones previas de la propia presidenta Fujimori, quien había asegurado públicamente que no eliminaría los feriados. El texto del proyecto, sin embargo, plantea expresamente modificar el régimen de días no laborables “con la finalidad de racionalizar su uso y fomentar la productividad”, según consta en el documento oficial revisado por el gabinete.

Apuesta del canciller y el escepticismo opositor

Ante las dudas sobre la viabilidad parlamentaria de la iniciativa, el canciller Carlos Espá salió al paso con un mensaje de confianza. Tras participar en la Gran Parada y Desfile Cívico Militar por Fiestas Patrias, el ministro de Relaciones Exteriores afirmó que la principal demanda de la ciudadanía —combatir la inseguridad— bastará para alinear voluntades incluso entre los grupos que no forman parte del oficialismo.

“La gran demanda que tiene el pueblo peruano en este momento es que luchemos contra la inseguridad ciudadana. Yo estoy seguro de que la oposición inclusive va a votar a favor de las iniciativas que vamos a presentar”, declaró Espá ante la prensa. El canciller también reconoció que la Cámara de Diputados está presidida por la oposición, aunque sostuvo que sus integrantes “representan a todos los peruanos” y expresó su expectativa de que el debate priorice las necesidades del país.

Reforma laboral y otras medidas bajo la lupa

Más allá de los feriados, el paquete legislativo incluye cambios de fondo en el régimen laboral. El proyecto busca flexibilizar la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), las gratificaciones legales, las vacaciones, la participación en utilidades y la jornada diaria, con el argumento de que los sobrecostos laborales no salariales equivalen al 72% del salario formal promedio, cifra que supera el 51% del promedio regional estimado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). La propuesta también apunta a perfeccionar el régimen de extinción de contratos por causas objetivas, lo que incidiría directamente en la protección contra el despido.

En materia de seguridad, el texto habilita al Ejecutivo para legislar sobre la participación temporal y excepcional de las Fuerzas Armadas (FF. AA.) en la dirección, seguridad y apoyo operativo de los establecimientos penitenciarios, “conforme al marco constitucional vigente”, según detalla el documento. Adicionalmente, el proyecto contempla la posibilidad de fusionar, reestructurar o disolver organismos públicos, lo que podría afectar a entidades como Sunat, Indecopi, Sunafil y Reniec, entre otras.

Primera prueba del Gobierno de Keiko Fujimori

El proyecto de ley deberá ser debatido y sometido a votación en la Cámara de Diputados, donde la coalición opositora dispone de los votos para frenarlo. La aritmética parlamentaria indica que, sin acuerdos con al menos una fracción de la oposición, el oficialismo no reunirá los votos suficientes para que se apruebe la delegación de competencias.

El gobierno, que asumió el 28 de julio de 2026, tiene previsto presentar la iniciativa en los próximos días, según anunció el propio canciller Espá. La aprobación o el rechazo de las facultades legislativas marcará el tono de la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo durante los primeros meses del periodo 2026-2031 y determinará en qué medida Fujimori podrá ejecutar los anuncios realizados en su Mensaje a la Nación, entre ellos el aumento del salario mínimo a S/ 1.300 y la reorganización del sistema penitenciario.