Vacaciones, CTS, gratificaciones y despidos: gobierno de Keiko Fujimori busca flexibilizar los beneficios laborales mediante decretos

El Poder Ejecutivo ha presentado al Congreso de la República un proyecto de ley que solicita la delegación de facultades legislativas por un plazo de 120 días calendario. Esta medida busca otorgarle al gobierno la capacidad de emitir decretos en diversas materias estratégicas, que van desde la seguridad ciudadana y la lucha contra la criminalidad, hasta la modernización del Estado, el fomento de la formalización y el impulso al desarrollo productivo.

Si bien la iniciativa abarca un amplio espectro de reformas institucionales y administrativas para reactivar la economía, uno de los puntos que mayor atención genera es el componente de protección social y empleo. El documento plantea modificaciones sustanciales en el marco legal del trabajo, apuntando a una reestructuración de los beneficios vigentes y las normativas de cese, bajo el argumento de brindar a las empresas las herramientas para adaptarse a la realidad económica y técnica.

Modificaciones en los beneficios y el régimen de cese

En el ámbito laboral, el proyecto pretende unificar la normativa, contemplando un régimen progresivo enfocado en los emprendedores y la micro y pequeña empresa. Esto incluye legislar sobre los aportes al seguro social (ESSALUD) y a los sistemas de pensiones, ya sean administradoras de fondos privados (AFP) o el sistema nacional (ONP). Asimismo, se propone intervenir en la regulación de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), gratificaciones legales, vacaciones, participación en las utilidades, la jornada diaria y las horas extras.

La iniciativa del Ejecutivo busca expresamente dar mayor flexibilidad a los beneficios laborales, permitiendo acuerdos directos entre trabajadores y empleadores, tanto a nivel individual como mediante negociación colectiva. Además, se plantea perfeccionar el régimen de extinción de contratos de trabajo por causas objetivas, argumentando que la normativa actual padece de defectos que impiden la reacción de las empresas ante las crisis, lo cual impactará directamente en la protección contra el despido. También se proyecta reducir el número de feriados no laborables para fomentar la productividad y regular el pago de bonos por desempeño sin carácter remunerativo.

Impacto económico, tributario y eliminación de barreras

En materia fiscal, se impulsarán cambios en el régimen tributario con medidas orientadas a la recaudación y la formalización, proponiendo la creación de un impuesto a la renta empresarial único que funcionará con tasas marginales y crecientes. Por el lado del sistema financiero, el gobierno solicita derogar la Ley 31.143, la cual establece topes a las tasas de interés, y facilitará que los menores desde los 12 años puedan acceder a la apertura de cuentas de ahorros de manera independiente.

Para dinamizar la inversión, se dictarán normas de simplificación administrativa orientadas a eliminar barreras burocráticas en los tres niveles de gobierno, fortaleciendo las potestades fiscalizadoras del Indecopi. En el plano ambiental, se acortarán los plazos para la aprobación de instrumentos ambientales, implementando mecanismos como el silencio administrativo positivo y la presunción de veracidad, asegurando así la estabilidad de los permisos y autorizaciones concedidos a las actividades productivas y extractivas.

Estrategias de seguridad y reorganización estatal

Frente a la criminalidad, el texto contempla legislar en materia penal y prever la intervención temporal y excepcional de las Fuerzas Armadas en la dirección, seguridad y apoyo operativo de los establecimientos penitenciarios. De igual manera, el gobierno abre la puerta a la inversión privada y las asociaciones público-privadas para la administración, construcción y gestión de la infraestructura perteneciente al Sistema Nacional Especializado de Internamiento.

Finalmente, en cuanto a la modernización del Estado, el Ejecutivo tendrá la potestad de fusionar, reestructurar o disolver organismos públicos. Se establecerán incentivos económicos de carácter voluntario para la salida de servidores, aclarando expresamente que la delegación no faculta disponer el cese de quienes gocen de estabilidad laboral. Cabe resaltar que los decretos legislativos que se emitan bajo esta ley estarán exceptuados del análisis de calidad regulatoria ex ante y de los procesos de consulta pública.

Razones de la reforma: informalidad y sobrecostos

Según la exposición de motivos del proyecto, el mercado laboral peruano enfrenta un problema estructural donde la informalidad alcanza al 70,2% de la población ocupada a nivel nacional. El documento señala que una de las causas principales son los elevados costos laborales no salariales, los cuales equivalen al 72% del salario formal promedio, superando ampliamente el 51% del promedio regional estimado por el Banco Interamericano de Desarrollo. Estos sobrecostos desincentivan la contratación e incluyen directamente conceptos como las indemnizaciones por despido, gratificaciones, CTS y el 9% de aporte a EsSalud.

Para enfrentar esta crisis, la propuesta plantea unificar los regímenes actuales y crear un esquema progresivo donde los beneficios aumenten según el nivel salarial del trabajador. Asimismo, el Ejecutivo advierte que la rigidez en la protección contra el despido arbitrario ha provocado que el 70% de los asalariados formales privados tenga un contrato temporal. Finalmente, se justifica la reducción de los 16 feriados argumentando que, según el Banco Central de Reserva del Perú, cada feriado nacional obligatorio reduce el crecimiento anual del producto bruto interno en 0,08 puntos porcentuales.

Otro sector fuertemente afectado es la población juvenil, donde la tasa de desempleo llega al 9,6% y la vía dominante de inserción es sumamente precaria. La justificación oficial alerta sobre el incremento de los jóvenes denominados “NINI”, es decir, aquellos que no estudian ni trabajan, quienes ya representan el 17,4% de este grupo etario a nivel nacional. De acuerdo con el texto, entre 2019 y 2023 hubo un aumento de 193.000 personas en esta condición, por lo que el gobierno busca reducir las barreras que imponen los actuales beneficios sociales al momento de contratar.