Fuerzas Armadas en las cárceles: El gobierno de Keiko Fujimori busca poner al Ejército a cargo de los penales peruanos

El primer Consejo de Ministros del gobierno de Keiko Fujimori marcó el inicio de una serie de propuestas que buscan transformar distintas áreas del país. Según la agenda oficial, el Ejecutivo busca presentar al Congreso una solicitud de facultades legislativas para emitir normas en materias como seguridad ciudadana, lucha contra la criminalidad, promoción y protección de los emprendedores, impulso de la micro y pequeña empresa, formalización, empleo, protección social, desarrollo productivo, simplificación administrativa, modernización del Estado y materia tributaria y aduanera.

De acuerdo con el documento elaborado por la Presidencia del Consejo de Ministros, el pedido se plantea para un periodo de 120 días, con el objetivo de acelerar reformas y responder a retos urgentes.

En el mensaje de toma de mando, Keiko Fujimori adelantó que la prioridad es enfrentar los efectos del Fenómeno El Niño y fortalecer la seguridad interna. “Solicitaremos al Congreso la delegación de facultades para legislar en seguridad ciudadana, empleo y modernización del Estado”, afirmó la presidenta durante su discurso oficial.

Entre las metas, el gobierno propone medidas para proteger a los emprendimientos y pequeñas empresas, impulsar el empleo formal y reorganizar entidades del Poder Ejecutivo. Además, se anunció la intención de perfeccionar el régimen de beneficios laborales, reducir feriados y simplificar trámites con la finalidad de dinamizar la economía y facilitar la inversión privada.

El Ejército podría asumir la dirección de los penales

Dentro de este paquete de propuestas, una de las medidas más debatidas es la posibilidad de que las Fuerzas Armadas (FF. AA.) participen en la dirección y gestión de los penales peruanos.

El texto presentado al Congreso establece que el Poder Ejecutivo estaría facultado para legislar sobre la seguridad y control de los establecimientos penitenciarios, incluyendo la reorganización del sistema y la participación temporal y excepcional del Ejército en la administración de las cárceles.

“Prever y regular la participación temporal y excepcional de las Fuerzas Armadas en la dirección, seguridad, control, supervisión y apoyo operativo de establecimientos y servicios pertenecientes al Sistema Nacional Especializado de Internamiento y Reinserción Social, conforme al marco constitucional vigente”, detalla el documento oficial.

Esta medida busca fortalecer el sistema penitenciario frente a la criminalidad organizada y mejorar la seguridad interna. La propuesta también contempla la actualización del marco normativo para permitir la inversión privada en la infraestructura y gestión de los penales, así como perfeccionar el régimen de tratamiento, trabajo, capacitación y reinserción de los internos.

“El objetivo es reorganizar y optimizar el marco institucional y normativo del Sistema Nacional Especializado de Internamiento y Reinserción Social”, señala el proyecto revisado por el gabinete.

Durante la sesión del Consejo de Ministros, el Ejecutivo subrayó que estas acciones serían reguladas bajo parámetros constitucionales y en coordinación con las entidades competentes. Desde el entorno de Keiko Fujimori, se ha reiterado la urgencia de combatir la inseguridad y fortalecer las instituciones encargadas del control penitenciario.

La discusión sobre el papel de las Fuerzas Armadas en los penales genera desde ya atención pública y reacciones de diverso calibre en el ámbito político y social.