Keiko Fujimori busca facultades para fusionar o eliminar entidades del Estado: qué pasaría con Sunat, Sunafil y otras instituciones

El gobierno de Keiko Fujimori busca obtener del Congreso facultades legislativas por 120 días calendario para aprobar decretos legislativos en materias como seguridad ciudadana, empleo, economía, simplificación administrativa y modernización del Estado. Dentro del proyecto presentado destaca un apartado que permitiría al Ejecutivo realizar una profunda reorganización de la estructura estatal, incluyendo la creación, fusión, división, reestructuración o eliminación de organismos públicos.

En otras palabras, el Gobierno tendría la posibilidad de reorganizar instituciones del Estado — como Sunat, Indecopi, Sunafil, los organismos reguladores y otras entidades públicas — si considera que existen funciones duplicadas o que pueden prestarse de forma más eficiente desde otra institución. La iniciativa forma parte del capítulo dedicado a la reforma estructural y modernización del Estado, uno de los siete ejes contemplados en la solicitud de delegación de facultades.

¿Qué significa que el Gobierno pueda fusionar o eliminar organismos públicos?

Dentro del proyecto de facultades legislativas que el Gobierno envió al Congreso hay un apartado que le permitiría hacer cambios en la estructura del Estado sin tener que presentar una ley por cada institución que quiera modificar.

En términos sencillos, si el Congreso aprueba este pedido, el Ejecutivo podrá crear nuevas entidades públicas, fusionar dos organismos que hoy funcionan por separado, dividir una institución para repartir sus funciones o incluso eliminar aquellas que considere innecesarias o duplican funciones.

Esto podría incluir a entidades como Sunat, Indecopi, Sunafil, Reniec, Osinergmin, Osiptel, Serfor, Sernanp, Senace, Devida, Pronabec, Cofopri, Agromercado, entre muchas otras instituciones que dependen del Poder Ejecutivo o están adscritas a un ministerio.

Por ejemplo, si dos organismos realizan labores similares, el Gobierno podría convertirlos en una sola entidad. También tendría la posibilidad de cerrar un organismo y trasladar todas sus funciones, trabajadores, presupuesto y bienes a otra institución que continúe prestando ese servicio.

El proyecto también contempla que el Ejecutivo pueda redistribuir personal, recursos económicos, oficinas, programas sociales, bienes del Estado y competencias entre distintas entidades, siempre con el objetivo —según el texto presentado— de hacer que el aparato estatal sea más eficiente y reducir la duplicidad de funciones.

La iniciativa aclara que estos cambios deberán realizarse garantizando que los servicios públicos continúen funcionando. Aunque la norma también permitiría reorganizar estructuras dentro de los ministerios, no significa que el Gobierno pueda eliminar un ministerio de manera automática, ya que eso depende del marco constitucional y de las leyes que regulan la organización del Estado.

No solo se trata de instituciones: también plantea cambios como la reducción de feriados

La reforma no se limita a reorganizar entidades. El proyecto también propone modificar algunas reglas relacionadas con el personal que trabaja en el Estado.

Entre las medidas figura el fortalecimiento de la meritocracia, es decir, que los ascensos, capacitaciones y otros procesos internos se basen en el desempeño y los méritos de los servidores públicos. Asimismo, se busca establecer requisitos mínimos para acceder a cargos directivos y puestos de confianza dentro de las entidades estatales.

Además, el Ejecutivo plantea crear incentivos económicos voluntarios para aquellos trabajadores que decidan dejar la administración pública durante los procesos de reorganización. Sin embargo, el propio proyecto precisa que esta medida no autoriza despidos de trabajadores con estabilidad laboral, por lo que quienes cuenten con esa protección legal mantendrán sus derechos.

La reorganización del Estado forma parte de un paquete más amplio de facultades legislativas que el Gobierno solicita por 120 días calendario. Durante ese periodo también busca aprobar reformas relacionadas con seguridad ciudadana, empleo, simplificación administrativa, eliminación de barreras burocráticas, desarrollo productivo, inversión privada y cambios tributarios, entre otros temas. De recibir el visto bueno del Congreso, estas modificaciones se realizarían mediante decretos legislativos emitidos por el Poder Ejecutivo.

Además de la reorganización del Estado, el proyecto de facultades legislativas también incluye cambios en materia laboral. Entre ellos figura la posibilidad de modificar el régimen de los feriados nacionales e, incluso, reducir su número con el objetivo de “racionalizar su uso y fomentar la productividad”, según el texto presentado al Congreso.

Esta propuesta contrasta con las declaraciones que la propia presidenta Keiko Fujimori realizó días atrás, cuando aseguró públicamente que su Gobierno no tenía previsto eliminar ni crear nuevos feriados y que mantendría el calendario actual para favorecer el turismo interno.