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Gobierno de Keiko Fujimori propone cambiar normas ambientales y de áreas naturales protegidas dentro del pedido de facultades legislativas

La propuesta también contempla modificaciones para minería, hidrocarburos, electricidad e infraestructura, además de nuevas reglas sobre restricciones en áreas naturales protegidas

Nueve mapas de áreas naturales protegidas de Perú están desplegados sobre una mesa de madera. Los mapas presentan símbolos de hojas y sellos institucionales verdes.
Múltiples mapas de áreas naturales protegidas de Perú se extienden sobre una mesa de madera en una oficina gubernamental con sellos institucionales de color verde oscuro. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La propuesta del Poder Ejecutivo para obtener facultades legislativas por un plazo de 120 días incluye cambios en diversas áreas vinculadas con la economía, la administración pública y el desarrollo productivo. Entre los puntos incorporados en el proyecto de ley figura una modificación del marco normativo ambiental con el objetivo de reducir tiempos en la aprobación de proyectos de inversión.

El planteamiento forma parte del pedido presentado al Congreso para delegar competencias al Ejecutivo en materias como seguridad ciudadana, empleo, formalización, desarrollo productivo, modernización del Estado, régimen tributario y facilitación del comercio. Dentro de ese conjunto de medidas también se contempla una reforma sobre recursos naturales y áreas naturales protegidas.

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La iniciativa plantea cambios en los procedimientos relacionados con permisos, autorizaciones e instrumentos ambientales. Según el texto del proyecto, el propósito consiste en compatibilizar la protección del medio ambiente con el desarrollo de actividades económicas mediante una actualización de las normas vigentes.

Proyecto plantea cambios en la normativa ambiental

Protección de bosques. Según Sernanp, entre el 2013 y 2015 se generó S/. 114 millones como resultado de los proyectos de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de Bosques (REDD+) en cuatro áreas naturales protegidas (Parque Nacional Cordillera Azul, la Reserva Nacional Tambopata, el Parque Nacional Bahuaja Sonene y el Bosque de Protección Alto Mayo). Foto: Thomas Müller / SPDA.
Protección de bosques. Según Sernanp, entre el 2013 y 2015 se generó S/. 114 millones como resultado de los proyectos de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de Bosques (REDD+) en cuatro áreas naturales protegidas (Parque Nacional Cordillera Azul, la Reserva Nacional Tambopata, el Parque Nacional Bahuaja Sonene y el Bosque de Protección Alto Mayo). Foto: Thomas Müller / SPDA.

La propuesta incluye la regulación de competencias entre las distintas entidades involucradas en la evaluación ambiental. Asimismo, plantea simplificar y reducir los plazos de aprobación de los instrumentos ambientales, además de uniformizar criterios y disminuir exigencias para la elaboración o modificación de dichos documentos.

El texto también propone establecer mecanismos de presunción de veracidad y aplicar el silencio administrativo positivo en determinados procedimientos. De igual forma, señala que se busca otorgar estabilidad a los permisos y aprobaciones concedidos para el desarrollo de proyectos.

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Otro de los aspectos considerados dentro del proyecto se refiere a las restricciones aplicables a las actividades empresariales en áreas naturales protegidas.

El documento precisa que dichas limitaciones deberán sustentarse en “evidencia científica objetiva y clara”, evaluada técnicamente y respetando los principios de legalidad y proporcionalidad. La propuesta forma parte del paquete de reformas que el Ejecutivo pretende desarrollar si el Congreso aprueba la delegación de facultades legislativas.

Además, el planteamiento contempla modificaciones relacionadas con los recursos naturales, con el propósito de establecer un marco regulatorio que, según el proyecto, permita una mayor coordinación entre las entidades competentes durante los procesos de evaluación y autorización.

Medidas incluyen sectores estratégicos para la inversión

Camiones transitan por una carretera utilizada para la actividad minera, que según los lugareños ha afectado negativamente al rendimiento de los cultivos y ha matado al ganado, a las afueras de Cusco, Perú, el 13 de octubre de 2021. Foto tomada el 13 de octubre de 2021. REUTERS/Angela Ponce
Camiones transitan por una carretera utilizada para la actividad minera, que según los lugareños ha afectado negativamente al rendimiento de los cultivos y ha matado al ganado, a las afueras de Cusco, Perú, el 13 de octubre de 2021. Foto tomada el 13 de octubre de 2021. REUTERS/Angela Ponce

Las facultades solicitadas no se limitan al ámbito ambiental. El proyecto también incorpora medidas para fortalecer el marco normativo de las actividades mineras, incluida la promoción de inversiones, la simplificación de requisitos, la formalización, los permisos, las autorizaciones y las certificaciones.

En materia de hidrocarburos, el Ejecutivo propone crear mecanismos de aprobación expedita para proyectos energéticos y de exploración y explotación, además de modificar los regímenes legales y contractuales aplicables al sector. El documento también menciona ajustes relacionados con regalías, retribuciones e industria del gas.

Respecto al sector eléctrico, la iniciativa contempla normas para promover inversiones en generación, transmisión y distribución de electricidad, ampliar la cobertura en zonas rurales y aisladas e impulsar proyectos vinculados con energías renovables y transición energética.

Pedido de facultades comprende reformas económicas y administrativas

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El proyecto de ley solicita autorización para legislar durante 120 días calendario en materias como seguridad ciudadana, lucha contra la criminalidad, promoción del empleo, protección social, formalización, desarrollo productivo, simplificación administrativa, eliminación de barreras burocráticas, modernización del Estado y régimen tributario, aduanero y de comercio.

Dentro del apartado dedicado al desarrollo productivo también figuran medidas relacionadas con agricultura, recursos hídricos, pesca, turismo, infraestructura, asociaciones público-privadas y servicios financieros.

El texto incorpora propuestas para facilitar autorizaciones, permisos, informes y títulos habilitantes mediante procedimientos simplificados, aprobación automática y silencio positivo en proyectos priorizados dentro del Plan Nacional de Infraestructura. Asimismo, plantea regular las competencias de las entidades públicas involucradas en esos procesos con el objetivo de agilizar la ejecución de inversiones contempladas en la iniciativa presentada al Congreso.

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