Mónica Martínez
Lima, 26 jul (EFE).- La presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, asumirá desde el 28 de julio las riendas de la economía peruana para el quinquenio 2026-2031 con el reto de atraer la inversión privada para cerrar las brechas de infraestructura, así como reordenar el gasto fiscal y el crédito público para destinar mayores recursos a afrontar emergencias inminentes, como el fenómeno de El Niño, y atender demandas de la población, como el combate a la criminalidad.
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La transición de la derechista Fujimori transcurrirá sin sorpresas después de haber garantizado la continuidad al frente del Banco Central de Julio Velarde, el rostro de la estabilidad monetaria de Perú, que aceptó con el "mayor gusto" seguir en el cargo donde lleva ya 20 años y desde el que ha visto pasar a una decena de mandatarios.
Fujimori prometió duplicar hacia el final de su gobierno el ritmo de crecimiento del producto interior bruto (PIB), proyectado en 3,2 % para 2026, así como mantener el déficit fiscal en 1 % del PIB y subir en un punto porcentual del PIB en la deuda pública para financiar la inversión pública productiva.
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Pese a que recientemente el Congreso aprobó un crédito suplementario al presupuesto estatal de este año por más de 2.000 millones de dólares, esto puede ser insuficiente, según el presidente del Consejo Fiscal y exministro de Economía, Alonso Segura.
Segura anticipó que Fujimori va a encontrar "un desorden fiscal importante" y unas obligaciones "en magnitudes muy importantes" para las cuales "no tiene financiamiento", especialmente con un conjunto de leyes aprobadas en los últimos meses por el Congreso que incremente el gasto público en 36.700 millones de soles (unos 10.700 millones de dólares), equivalentes a un 3 % del PIB.
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El exministro dijo que están proyectando que "este año se incumplirán las reglas de crecimiento del gasto por tercer año consecutivo y las reglas fiscales por cuarto año consecutivo".
Tanto las leyes de gasto fiscal, como el crédito suplementario, aprobados por el Congreso saliente son el principal escollo que tendrá que resolver la mandataria, que incluyen incrementos de sueldos y pensiones a trabajadores públicos y militares en retiro.
Para el economista y experto en finanzas Julio Del Castillo, "es evidente que debe haber una revisión de estas normas emitida por el Parlamento que, evidentemente, tienen un impacto adverso" en el ámbito fiscal.
Del Castillo explicó a EFE que "es relevante el hecho de reducir o mitigar el incremento permanente de gasto corriente, procurando redistribuir eficientemente el gasto público hacia el gasto de inversión o hacia el gasto de atención de las necesidades más urgentes".
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Entre esas tareas inmediatas, el experto mencionó el generar medidas que mitiguen aquellos sectores económicos o ámbitos geográficos que tendrán mayor impacto por las lluvias e inundaciones que traerá el fenómeno de El Niño en los próximos meses, cuya intensidad puede ser extraordinaria, según previsiones oficiales.
En paralelo a esas emergencias, Perú tiene 116 proyectos públicos privados en cartera por 70.000 millones de dólares por ser desarrollados, según apuntó el también docente de la Facultad de Economía de la Universidad de Lima.
Del Castillo señaló que la prioridad debería recaer en "todo lo que corresponde a infraestructura pública", considerando vías de comunicación y proyectos que ya tienen recursos comprometidos.
El economista subrayó que el país se encuentra en una condición de precios internacionales de los metales "inmejorable", en referencia a los mayores productos de exportación de Perú, y que es factible que la economía peruana vaya a una "velocidad mayor", de la que hoy registra al cabo de un quinquenio con cuatro gobernantes consecutivos. EFE
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