Vladimir Cerrón anuncia que deja la clandestinidad, celebra fallo del TC y afirma que fue “perseguido por una arbitrariedad”

El líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, celebró este martes un fallo del Tribunal Constitucional (TC) que anuló las resoluciones que confirmaron la prisión preventiva de 24 meses dictada en su contra en el proceso que afronta por los presuntos delitos de organización criminal y lavado de activos.

A través de un mensaje publicado en X, la red social que más ha utilizado durante todo este tiempo, el político afirmó que fue “perseguido” y calificó de “abuso” lo ocurrido, al considerar que afectó su candidatura presidencial en las elecciones generales de abril pasado.

“El TC ordenó mi libertad al ser perseguido por una arbitrariedad judicial, no porque haya componendas. Abuso que jugó un papel nefasto en estas elecciones generales contra la izquierda socialista”, anotó.

“Hoy culminan tres años de resistencia disciplinada en la clandestinidad, espacio no ajeno para los socialistas, una derrota a la injusticia y reafirmación de nuestras convicciones. ¡Hasta más allá de la victoria!“, añadió en otro post.

La resolución, que le permite salir de la clandestinidad en la que permanece desde 2023, declaró fundada una demanda de hábeas corpus presentada por su defensa ante “la vulneración del derecho a la debida motivación de resoluciones judiciales que resulta conexo al derecho a la libertad personal”.

“Se dispone que el órgano jurisdiccional dicte las medidas alternativas necesarias que permita asegurar la presencia del beneficiario en el juicio, así como se impida todo acto de obstaculización procesal”, se lee en el documento que deja sin efecto la medida dictada por la presunta financiación irregular de las campañas de Perú Libre.

Cerrón fue sometido inicialmente a una medida de comparecencia con restricciones, aunque luego de que el juzgado constató el incumplimiento de varias reglas de conducta —entre ellas, la obligación de no ausentarse de la localidad y de presentarse ante la autoridad cuando fuera requerido—, se revocó esa disposición y se le impuso 36 meses de prisión preventiva.

La decisión fue confirmada por la Sala de Apelaciones, que posteriormente redujo el plazo de la medida a 24 meses tras evaluar los argumentos expuestos en la impugnación y las circunstancias procesales del caso.

Argumentos

De acuerdo con el Constitucional, la resolución que rechazó el pedido para variar la prisión preventiva no fundamentó de manera suficiente si subsistían los riesgos procesales que justificaron la medida inicial después de que se anularan las condenas previas impuestas a Cerrón.

El colegiado señaló que la autoridad judicial debía evaluar si el cambio en la situación procesal del dirigente de Perú Libre, a raíz de la nulidad de las sentencias anteriores, modificaba el supuesto peligro de fuga o la necesidad de mantener la prisión preventiva.

“La resolución que resuelve un pedido de cesación o variación de la prisión preventiva debe expresar de manera clara si aún concurren los presupuestos que habilitaron el dictado de la medida restrictiva impuesta”, se lee.

El TC advirtió que no existe un derecho fundamental a resistir el cumplimiento de resoluciones judiciales. No obstante, concluyó que la falta de una motivación suficiente en las resoluciones cuestionadas vulneró los derechos fundamentales de Cerrón.

El político eludió a las autoridades a lo largo del gobierno de Dina Boluarte y continuó prófugo durante la administración de transición encabezada por José María Balcázar, quien reconoció que mantenía comunicación con él y que “probablemente” se encontraba en territorio peruano, aunque aseguró desconocer su ubicación exacta.