
El líder del partido –en unos meses extinto– Perú Libre, Vladimir Cerrón, logró que el Tribunal Constitucional, por mayoría, declarara nula la orden de prisión preventiva que lo mantiene en la clandestinidad desde octubre de 2023. Así, podrá volver a aparecer públicamente tras más de dos años prófugo de la justicia.
Este es la tercera sentencia que emite la actual conformación del TC a favor del prófugo excandidato presidencial y exgobernador regional de Junín. Un punto a resaltar es que todos estos fallos fueron emitidos cuando Cerrón ya se encontraba prófugo de la justicia y siempre con los votos a favor de los mismos magistrados.
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Se trata de Helder Domínguez Haro, actual presidente del TC, y los magistrados Francisco Morales Saravia, Gustavo Gutiérrez Ticse y Pedro Hernández Chávez. Los 4 tribunos le han dado la razón al líder del partido del lápiz en todos los expedientes que han llegado al máximo intérprete de la carta magna.

Los fallos a favor de Vladimir Cerrón
El primer fallo acorde a sus intereses llegó en diciembre de 2024. El Tribunal Constitucional anuló la sentencia que lo condenó a 3 años y 6 meses de prisión efectiva por el caso Aeródromo Wanka y ordenó que la Sala de Apelaciones de Junín vuelva a pronunciarse sobre la prescripción del delito.
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Los magistrados resolvieron el fondo a pesar de que aún se encontraba en trámite el recurso de casación de Cerrón ante la Corte Suprema, que lo terminó absolviendo el 26 de marzo de 2025.
Un día después de la referida absolución, el Tribunal Constitucional publicó el segundo fallo a favor del prófugo líder de Perú Libre: la sentencia que anulaba su condena de 4 años de prisión por negociación incompatible en el caso La Oroya. Dicha condena impidió que postulara a la vicepresidencia en la plancha presidencial de Pedro Castillo en 2021.

Así, para ese momento, ya no pesaba ninguna condena contra Cerrón. Únicamente estaba pendiente la orden de prisión preventiva que se le impuso por incumplir las reglas de conducta tras pasar a la clandestinidad en octubre de 2023.
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No obstante, de manera silenciosa, la defensa de Cerrón ya había iniciado el camino para que la demanda con la que se buscaría anular dicha prisión preventiva, llegue al TC.
Sería en febrero de este 2026, en plena campaña electora, que Bertha Rojas y Humberto Abanto, madre y abogado de Cerrón, respectivamente, informaron que el caso ya había llegado al Tribunal Constitucional.
Atención exprés
El TC programó en tiempo récord la audiencia para revisar el hábeas corpus presentado por Vladimir Cerrón. El expediente ingresó formalmente el 11 de febrero de 2026, procedente de la Primera Sala Constitucional de Lima. En apenas 20 días, se fijó la audiencia para el 11 de marzo, un plazo que contrasta con los tiempos habituales del tribunal, donde un caso puede tardar, en el mejor escenario, alrededor de un año en resolverse.
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La defensa de Cerrón, liderada por el abogado Humberto Abanto, solicitó la convocatoria de forma reiterada. El 13 de febrero, dos días después del ingreso del expediente, Abanto y su equipo pidieron que se fijara audiencia con urgencia, y recordaron que en 2021 el TC anterior había atendido con igual celeridad una demanda de Cerrón para intentar —sin éxito— anular su condena por el caso La Oroya.
El secretario relator del TC, Víctor Alzamora, respondió el 16 de febrero que la convocatoria a audiencia solo procedía si los magistrados consideraban pertinente un pronunciamiento de fondo; de lo contrario, la demanda sería desestimada por aspectos de forma. Pese a ello, la defensa reiteró el pedido el 24 de febrero. Alzamora mantuvo su posición inicial, pero el 4 de marzo el TC anunció que el caso de Cerrón quedaba incluido en la audiencia de la semana siguiente.
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Luego, la entonces presidenta del TC, Luz Pacheco, reveló presuntas irregularidades en el trámite interno, pero al final la investigación interna desestimó todo.
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