La Mesa Directiva del Congreso aprobó otorgar una compensación extraordinaria al personal de la Policía Nacional (PNP), Edecanes y Escolta que brinda servicios de seguridad en el Parlamento. La decisión quedó registrada en el Acuerdo 193-2025-2026/MESA-CR, adoptado durante la 47.ª sesión de la Mesa Directiva, realizada el pasado jueves 9 de julio.
La sesión estuvo encabezada por el titular del Legislativo, Fernando Rospigliosi, y también participaron el segundo vicepresidente, Waldemar Cerrón, y el tercer vicepresidente, Illich López.
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La aprobación se sustentó en diversos documentos técnicos y administrativos, entre ellos un oficio de la División de Seguridad del Congreso (DIVSECON), un informe del Departamento de Recursos Humanos, otro de la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización y un oficio de la Dirección General de Administración.
En el acta de la sesión, el jefe de la División de Seguridad justificó la solicitud al destacar el trabajo del personal asignado al Legislativo.
“El personal policial a su mando, asignado al Congreso de la República, cumple a cabalidad sus funciones con eficiencia y eficacia; brindando seguridad a las instalaciones, congresistas, parlamentarios andinos y Mesa Directiva, por lo que solicita una compensación extraordinaria”, se lee en el documento.
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Además, la Mesa Directiva tomó en cuenta que existen antecedentes de decisiones similares. Como parte del acuerdo, se autorizó a la Dirección General de Administración a ejecutar los procedimientos necesarios para concretar el pago "correspondiente al mes de julio de 2026″.
Asimismo, el acuerdo establece que el monto será el mismo previsto en acuerdos anteriores y que el beneficio alcanzará únicamente al personal que haya prestado servicios de forma continua e ininterrumpida durante al menos dos meses al 15 de julio.
Polémica ley
Rospigliosi promulgó días atrás una ley que establece que policías y militares solo serán procesados por el fuero castrense cuando cometan delitos en el ejercicio de sus funciones, pese a la recomendación del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que exhortó a no aprobarla.
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La promulgación ocurrió luego de que el mandatario interino, José Balcázar, no formulara observaciones a la autógrafa aprobada por el Parlamento en una segunda votación realizada en junio.
El dictamen modifica el Código Penal Militar Policial y el Nuevo Código Procesal Penal para impedir que un efectivo militar o policial sea procesado de manera simultánea por los mismos hechos tanto en la justicia ordinaria como en la justicia militar-policial.
Además, la ley dispone que los jueces de la jurisdicción ordinaria archiven investigaciones o procesos cuando constaten que los mismos hechos ya son materia de investigación en el fuero militar-policial.
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