
La Cámara de Comercio de Lima (CCL) y la Cámara Nacional de Comercio, Producción, Turismo y Servicios (Perucámaras) manifestaron su rechazo a los requisitos establecidos por la Oficina de Evaluación y Certificación Empresarial (OECE) a través de la Directiva N.° 004-2025-OECE-CD, versión 2.
Según ambas entidades, las nuevas disposiciones son arbitrarias, desproporcionadas y de cumplimiento materialmente imposible en el plazo de 30 días fijado por la autoridad.
Exigencias municipales amenazan a centros de arbitraje en Perú
Entre las exigencias cuestionadas figuran la presentación de licencias municipales, la acreditación académica de secretarios arbitrales, la utilización de plataformas informáticas y la declaración de vinculaciones con empresas privadas.
Las cámaras sostienen que estos requisitos no evalúan la calidad, experiencia, integridad ni transparencia de las instituciones de arbitraje, sino que pueden excluir a la mayoría de los centros del país y concentrar la actividad en un número reducido de operadores.
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Este panorama, advierten la CCL y Perucámaras, genera sospechas sobre los verdaderos fines de la directiva. Ambas organizaciones consideran indispensable investigar quiénes participaron en la elaboración y aprobación de las normas, qué sustento técnico sirvió de base, qué instituciones resultan beneficiadas y si existieron conflictos de interés, direccionamiento o posibles actos de corrupción.
Por ello solicitaron al Ministerio Público iniciar una investigación, a la Contraloría General de la República realizar una acción de control y a la Defensoría del Pueblo intervenir en defensa de la seguridad jurídica, la libre competencia y el acceso a mecanismos de solución de controversias.
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El rol del Estado: fortalecer el arbitraje y prevenir la concentración
Las cámaras empresariales también invocaron a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y al Indecopi a evaluar la legalidad, razonabilidad y proporcionalidad de las medidas, y a determinar si constituyen barreras burocráticas ilegales.
En su comunicado, la CCL y Perucámaras reclamaron la suspensión inmediata de los requisitos cuestionados y la apertura de un proceso de revisión pública, técnica y transparente.

En su lugar, propusieron que participen centros de arbitraje, cámaras de comercio, universidades, especialistas y gremios representativos, con el objetivo de garantizar reglas claras y equitativas en la regulación del arbitraje.
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Las entidades subrayaron que el Estado tiene la obligación de combatir la corrupción y fortalecer el sistema arbitral, en vez de cerrar instituciones serias o crear mecanismos que puedan beneficiar indebidamente a determinados centros.
“Regular no puede significar excluir. Supervisar no puede convertirse en direccionar. Y combatir la corrupción exige investigar también a quienes diseñan y aprueban las reglas”, expresaron las cámaras empresariales.
Pymes proyectan crecimiento en ventas y empleo durante Fiestas Patrias
De otro lado, el Gremio de la Pequeña Empresa de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) estima que las ventas del sector crecerán entre 5 % y 8 % durante la campaña de Fiestas Patrias.
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El gasto promedio por hogar se ubicará entre S/ 250 y S/ 450, impulsado por la recuperación del consumo interno y la mayor preparación de las pymes para atender nuevas demandas.

El presidente del gremio, Rodolfo Ojeda, destacó que las pequeñas empresas han fortalecido sus canales digitales, optimizado la atención al cliente y desarrollado estrategias comerciales para adaptarse con mayor rapidez a las condiciones del mercado.
Además, la campaña tendrá un impacto positivo en el empleo temporal, con un incremento previsto de entre 8 % y 12 % en las contrataciones, especialmente en sectores como comercio, gastronomía, turismo, confecciones y tecnología.
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Por ello, el gremio considera que el uso de herramientas digitales y una gestión eficiente de promociones y pagos serán claves para que las pymes puedan capitalizar la temporada.
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