PJ confirma ampliación de la prisión preventiva contra Geiner Alvarado e incrementa el plazo a 12 meses

Estaba previsto que el exministro de Pedro Castillo deje la cárcel en octubre próximo, pero con la decisión de la Corte Suprema ahora será en marzo de 2027. Defensa del extitular de Vivienda busca que el TC anule medida

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Geiner Alvarado cumple 36 meses de prisión preventiva por presuntamente formar parte de una organización criminal.
Geiner Alvarado ya ha cumplido más de 36 meses de prisión preventiva por presuntamente formar parte de una organización criminal.

El Poder Judicial rechazó la apelación del exministro de Vivienda Geiner Alvarado y confirmó la ampliación de la prisión preventiva en su contra en la investigación que se le sigue por presuntamente integrar una organización criminal que estaría liderada por el expresidente Pedro Castillo.

Como se recuerda, en marzo de este año, el Juzgado Supremo de la Investigación Preparatoria accedió al pedido de la Fiscalía para ampliar la medida contra Alvarado, pero no aceptó el plazo solicitado de 12 meses. El juez Juan Carlos Checkley consideró que persiste el peligro de que el extitular de Vivienda podría huir de la justicia si sale en libertad y que la investigación enfrenta una especial dificultad; sin embargo, consideró como idóneo un plazo de 7 meses, es decir, hasta octubre.

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La Segunda Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos apeló y ahora la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, que acaba de darle la razón y elevó el plazo de la ampliación de la prisión preventiva a 12 meses, hasta marzo de 2027.

Documento legal de la Corte Suprema de Justicia de Perú, con texto sobre prolongación de prisión preventiva y nombres de jueces
La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de la República de Perú revoca la prolongación de la prisión preventiva de Geiner Alvarado López, extendiéndola a doce meses.

El tribunal supremo concluyó que un periodo menor, como los siete meses fijados inicialmente, resulta insuficiente para culminar con pruebas científicas cruciales pendientes (ocho pericias contables, once de ingeniería civil forense y cinco de análisis digital que deben ejecutarse en diversas regiones del país). A ello se suma la magnitud del caso, ya que la red criminal no solo involucra a altos funcionarios del Estado, sino que hay otros 95 investigados en otros despachos fiscales.

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Otro factor decisivo para revocar el plazo corto y ampliarlo a un año fue la persistencia de un latente peligro de fuga. Los magistrados consignaron la predisposición del Gobierno de México de conceder asilo político a figuras afines a Pedro Castillo y el precedente del coprocesado Juan Silva, quien lleva cuatro años prófugo en la clandestinidad.

Así, la Sala Suprema concluyó que la Fiscalía presentó suficientes elementos para que la prisión preventiva sea de 12 meses.

Geiner Alvarado

TC podría intervenir

Cabe precisar que en el Tribunal Constitucional está pendiente que se resuelva el habeas corpus presentado por el abogado de Geiner Alvarado, Humberto Abanto, para anular la prisión preventiva.

La audiencia se llevó a cabo en marzo de este año, antes de que el Poder Judicial declarara fundado el pedido fiscal para ampliar la prisión preventiva.

Humberto Abanto ha puesto de conocimiento de los magistrados que el Juzgado Supremo amplió la prisión preventiva que la Sala Suprema Penal Permanente confirmó el falló y fijó el plazo en 12 meses. “Para mejor resolver”, dijo en su escrito.

La defensa de Geiner Alvarado sostiene que la prisión preventiva es arbitraria y desproporcionada debido a que, supuestamente, la Sala Suprema se apartó injustificadamente de la doctrina jurisprudencial vinculante del caso Jaime Yoshiyama. Asimismo, el abogado Humberto Abanto cuestionó la valoración del arraigo domiciliario, argumentando que la pluralidad de domicilios es una situación amparada por el Código Civil y no debe interpretarse como un indicio de falta de arraigo. Finalmente, argumentó que la medida no es proporcional porque, supuestamente, se justificó en riesgos de fuga ajenos al procesado.

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