¿Nuevo paro de transportistas en Lima y Callao? Esto pide el gremio a la presidenta electa Keiko Fujimori ante extorsiones

La preocupación crece entre los transportistas de Lima y Callao frente a los ataques extorsivos y la falta de respuestas efectivas de las autoridades, mientras el gremio exige medidas inmediatas al nuevo gobierno de Keiko Fujimori, que entra oficialmente en funciones este martes 28 de julio.

Según reportó el programa Buenos días Perú, los conductores de las llamadas combis y buses en sectores como Lima sur y este siguen enfrentando amenazas constantes por parte de bandas criminales.

Lima y Callao se han convertido en escenarios donde los extorsionadores no solo impactan a los choferes, sino también a los pasajeros, quienes pagan parte del pasaje a estas mafias. “Eso significa que el precio del pasaje que usted está pagando no se va para el conductor y el cobrador nada más, ni para la gasolina. Parte de lo que usted paga también se va para los extorsionadores”, afirmó uno de los periodistas del matutino.

Conductores entrevistados por el medio relataron que reciben amenazas de forma casi semanal. “Eso ya no es novedad para nosotros ya”, reconoció uno de los choferes consultados. Los pagos ilegales oscilan entre cincuenta y setenta soles semanales, monto que puede aumentar si deben abonar a diferentes grupos delictivos. “Dos bandas criminales tienen que pagar. Imagínense cuánto está saliendo de dinero de estos choferes”, señaló el reportero.

El temor no distingue

No solo los trabajadores del transporte público se ven afectados. Los pasajeros también expresaron su inquietud frente a la inseguridad. “A veces uno da miedo viajar, subir y bajar. Nosotros subimos y bajamos de los rojitos todos los días porque vivimos acá”, relató un usuario habitual de estas rutas. Las zonas más peligrosas dentro de los vehículos suelen ser la parte trasera y los asientos cercanos al conductor, donde se han reportado incidentes fatales.

El miedo se extiende entre las familias de los usuarios, que ven con incertidumbre la posibilidad de que la situación cambie con el inicio del nuevo gobierno. “Ojalá que Dios quiera, porque si no estamos mal así”, expresó un pasajero en el mismo informe.

La respuesta de los dirigentes

En medio del clima de temor, los propios dirigentes reconocen su falta de presencia. “Lamentablemente los dirigentes casi no existen. Los dirigentes ya de miedo se han rezagado, ya no salen, ya no dan la cara”, confesó un transportista a Buenos días Perú.

La ausencia de interlocutores gremiales agrava la vulnerabilidad de los choferes, quienes no encuentran respaldo institucional ni respuesta efectiva de las autoridades. La llegada de patrulleros suele coincidir con la presencia de medios de comunicación, y no con una estrategia preventiva sostenida, aseguraron.

En entrevista con Buenos días Perú, Julio Campos, dirigente del gremio de transportistas, expuso la demanda central del sector: derogar el paquete de leyes conocidas como “procrimen”, particularmente la ley 32108.

Campos argumentó que, según su perspectiva, estas normas dificultan la persecución de bandas de extorsionadores al elevar los requisitos para demostrar culpabilidad y aumentar la cantidad de integrantes necesarios para que una organización sea considerada criminal.

“Antes eran tres, dos personas que podían detenerlo, pero en la actualidad son más de diez, cinco, quince personas”, declaró el dirigente.

El gremio considera que la derogatoria de estas leyes debe ser una prioridad en el inicio del mandato de Keiko Fujimori. Campos insistió en la importancia de que exista voluntad y liderazgo político en el Congreso, ahora compuesto por dos cámaras, para que la modificación legislativa pueda concretarse “en un plazo de dos meses”.

“Si hay voluntad política, hay liderazgo político, en dos meses podemos derogar todas estas leyes pro crímenes y darle las facultades a quien corresponda para que de esa manera articular y poder ver de que la policía, la inteligencia, con toda su tecnología puedan dar resultados”, indicó Campos.

Acción rápida

El dirigente subrayó que la acción legislativa no debe ser el único eje de respuesta. Según Campos, el sector exige que la presidenta electa actúe desde el primer día, articulando esfuerzos entre la Policía Nacional, la fiscalía y el Poder Judicial.

“Lo que nosotros en estos instantes, como transportistas, como choferes, como trabajadores y como ciudadanos, necesitamos es que el nuevo gobierno actúe desde el primer día, que empiece a articular, que empiece en hacer las articulaciones con la policía, de inteligencia, que hay buenos policías”, reclamó.

A la par, el gremio solicita respaldo logístico para la policía de inteligencia y sus mandos, buscando frenar las “matanzas diarias” y devolver la tranquilidad a los trabajadores y usuarios del transporte público.

Advertencia de movilización

Aunque no se ha anunciado un nuevo paro formal, Julio Campos advirtió que, de no ver respuestas inmediatas, el gremio se organizará para salir a las calles en protesta.

“Nosotros queremos que ya el día 29 no haya ni un muerto, sino caso contrario, estaremos organizándonos para salir a las calles. Queremos ya paz y tranquilidad, porque no es justo. Hechos concretos necesitamos”, enfatizó.

El sector del transporte urbano ha realizado al menos seis paros en el último año y medio. Las demandas actuales no están centradas en asuntos tarifarios o gremiales, sino en la urgencia de combatir la violencia que amenaza la vida de choferes y pasajeros. El pliego de reclamos no ha variado: los transportistas piden acciones concretas y resultados visibles para frenar la ola de extorsión.