
No solo los trabajadores CAS están esperando gratificación y CTS, de manos del Ministerio de Economía y Finanzas, quien ahora tendrá la última palabra, sino también hay otros trabajadores CAS que verán mayores beneficios.
Pero propiamente se trata de un cambio de régimen para los empleados bajo el régimen del decreto legislativo 1057 de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), quienes gracias la nueva Ley 32730, recién promulgada, podrán ser parte del régimen laboral de la actividad privada (decreto legislativo 728).
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Esto significa que estos trabajadores pasarán a un régimen más estable y con nuevos derechos, como el pago de gratificación y CTS justo como el sector privado. Pero, ojo, esto necesitará reglamentarse, y todo indica que será durante el gobierno de Keiko Fujimori, a quien el Consejo Fiscal, entidad adscrita al MEF, ha pedido que se anulen las leyes que generan gran gasto público, como otras leyes similares. El encargado de la implementación es, sin embargo, la Sunat.
Más de 3.700 serían beneficiados
Anteriormente, en el Congreso, se había señalado que la medida buscaba “garantizar la igualdad de derechos laborales y la estabilidad de los trabajadores CAS, quienes representan aproximadamente el 30 % del personal de la Sunat (3.718 servidores) y desempeñan funciones esenciales como la atención al contribuyente, inspecciones y fiscalización tributaria”.
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“La presente ley tiene por objeto establecer medidas para fortalecer la capacidad operativa y administrativa de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), en el marco de sus competencias legales, a través de la optimización de su gestión de recursos humanos, con el fin de garantizar y mejorar la fiscalización, el control y la trazabilidad del transporte y comercialización de insumos químicos, explosivos y materiales relacionados, equipos y maquinarias que puedan ser utilizados en actividades de minería ilegal; así como, contribuir a la lucha contra la evasión y la elusión tributaria, la facilitación del comercio exterior, la ampliación de la base tributaria y el crecimiento sostenido de la recaudación fiscal”, señala la norma ahora aprobada.
Así, las medidas a las que se refiere son la siguientes:
- La Sunat, en su condición de organismo técnico especializado, y sus trabajadores se rigen por el régimen laboral de la actividad privada y se encuentran comprendidos dentro de los alcances del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, bajo la rectoría de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, y de la Gestión Fiscal de los Recursos Humanos del Sector Público, bajo la rectoría del Ministerio de Economía y Finanzas
- La Sunat aprueba, mediante resolución de superintendencia nacional, su política de gestión de recursos humanos, en el marco del régimen laboral de la actividad privada, observando, en lo que resulte aplicable, las normas emitidas por los entes rectores señalados en el párrafo 2.1, así como las disposiciones sobre austeridad y sostenibilidad fiscal contenidas en las leyes anuales de presupuesto.

Y ya con esto se daría la “adecuación progresiva de los trabajadores contratados bajo el régimen del Decreto Legislativo 1057, Decreto Legislativo que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios”.
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La entidad pasará a los CAS (trabajadores contratados bajo el régimen del Decreto Legislativo 1057) de manera progresiva al régimen laboral de la actividad privada. Pero será a los que a la entrada de vigencia de la Ley, “tengan la condición de indeterminados y un tiempo de servicios mínimo de tres años continuos computados desde que adquirieron esta condición en la entidad”.
“Dicha adecuación se realiza en las plazas vacantes que se generen en la Sunat, conforme a su disponibilidad presupuestal, sin demandar recursos adicionales al tesoro público y respetando los principios de mérito, progresividad y eficiencia operativa”, se agrega.
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Reglamentación en manos de Sunat
Así también, la Sunat en un plazo no mayor de noventa días calendario contados a partir de la entrada en vigor de la presente ley, emite las disposiciones reglamentarias, administrativas y operativas necesarias para su implementación progresiva.
Sin embargo, esto se dará durante el siguiente gobierno, ya no el de José María Balcázar, sino en el de Keiko Fujimori, que entra el próximo martes 28 de julio.
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