33 comunidades nativas piden a Keiko Fujimori ampliar prohibición de nuevos proyectos mineros: “El Río Nanay está en peligro”

La Coordinadora de Comunidades Nativas y Campesinas de la Cuenca del Nanay (CONACCUNAY) solicitó formalmente a la presidenta electa Keiko Fujimori y al presidente José María Balcázar que prioricen medidas urgentes para proteger una de las principales fuentes de agua de la Amazonía peruana. A través de dos cartas oficiales enviadas el 4 de junio de 2026, la organización expresó su preocupación por el crecimiento de la minería ilegal y pidió extender la suspensión de nuevos petitorios mineros en la cuenca del río Nanay por diez años más o, de ser posible, de manera indefinida.

El pedido surge semanas después de que se conociera que el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet) admitió a trámite dos solicitudes de concesión minera en la zona, pese a que existe un decreto supremo que mantiene suspendido el otorgamiento de nuevos derechos mineros hasta el 22 de noviembre de 2026. La decisión generó cuestionamientos de organizaciones ambientales y de comunidades amazónicas que advierten que cualquier flexibilización de las restricciones podría acelerar la expansión de actividades extractivas en una cuenca de la que dependen más de 500 mil habitantes de Iquitos para su abastecimiento de agua.

CONACCUNAY pide ampliar la suspensión de petitorios mineros en toda la cuenca del Nanay

En la carta dirigida a Keiko Fujimori, CONACCUNAY felicitó a la mandataria electa por su victoria y aprovechó el inicio de una nueva gestión para trasladarle una de las principales preocupaciones de las comunidades asentadas en la cuenca del río Nanay.

La organización explicó que representa a 33 comunidades nativas y campesinas, cuyos pobladores dependen directamente del río para acceder al agua, la pesca y otras actividades de subsistencia. En el documento, remarcan que el Nanay constituye uno de los afluentes más importantes del río Amazonas y abastece de agua potable tanto a la ciudad de Iquitos como a miles de familias distribuidas a lo largo de su recorrido.

Según la federación, la principal inquietud radica en que la actual suspensión para admitir nuevos petitorios mineros vencerá en noviembre de este año. Consideran que, si la medida no se amplía, la cuenca volvería a quedar expuesta a nuevos procesos de concesión para la explotación de minerales, lo que incrementaría la presión sobre un ecosistema que ya enfrenta el avance de la minería ilegal.

Por ello, solicitaron que el próximo Gobierno, en coordinación con el Ministerio de Energía y Minas, emita un nuevo decreto supremo que prorrogue por 10 años la suspensión vigente y que, además, amplíe expresamente esa restricción a toda la cuenca del Nanay, incluyendo las zonas baja, media y alta, así como los ríos Chambira y Pintuyacu.

Como alternativa, las comunidades plantearon que la suspensión de nuevos petitorios se establezca de forma indefinida, hasta que existan condiciones ambientales, sociales y culturales que permitan evaluar nuevamente cualquier actividad minera sin poner en riesgo la cuenca.

En una segunda comunicación oficial, enviada al presidente José María Balcázar con copia a la Presidencia del Consejo de Ministros, la organización reiteró el mismo pedido y solicitó una intervención urgente del Ejecutivo para reforzar la protección del territorio frente al crecimiento de la actividad minera.

El pedido se produce en medio del avance de la minería ilegal

La solicitud de CONACCUNAY llega en un escenario marcado por la controversia generada tras la admisión de dos petitorios mineros, identificados como Achuny y Jaguar Dorado, dentro de la cuenca del Nanay.

Diversas organizaciones, entre ellas el Observatorio de Minería Ilegal (OMI), sostuvieron que la decisión de Ingemmet contradice el Decreto Supremo 022-2024-EM, norma que suspendió durante dos años la admisión de nuevos petitorios en esa zona precisamente por los riesgos que representa la extracción de oro para el abastecimiento de agua de Loreto.

Frente a ello, se presentó una oposición administrativa que busca dejar sin efecto ambos procedimientos al considerar que vulneran la normativa vigente. Mientras tanto, el caso continúa siendo evaluado por las autoridades competentes.

La preocupación también está respaldada por antecedentes judiciales. En 2024, el Poder Judicial declaró fundada en parte una demanda de amparo relacionada con las concesiones mineras en la cuenca del Nanay, decisión que posteriormente fue confirmada por la Sala Civil de Loreto. Las resoluciones reconocieron el riesgo que estas actividades representan para el derecho a un ambiente equilibrado y al acceso al agua potable.

A este panorama se suma la expansión de la minería ilegal en la Amazonía. Un informe de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) advirtió que durante 2024 se identificaron 221 balsas mineras activas dedicadas a la extracción de oro en la cuenca del Nanay. El documento alertó que el uso de mercurio continúa contaminando el agua y los peces, además de afectar la economía de las comunidades ribereñas.

El mismo estudio también documentó impactos sociales asociados a esta actividad, como el incremento de conflictos, la precarización laboral y mayores riesgos para las mujeres, quienes han asumido un papel cada vez más activo en la vigilancia del territorio y en la organización de redes comunitarias para alertar sobre el ingreso de embarcaciones vinculadas a la extracción ilegal.

En sus cartas, CONACCUNAY sostiene que la continuidad de las restricciones sobre los petitorios mineros resulta indispensable para evitar una mayor presión sobre el río Nanay, considerado la principal fuente de agua para más de medio millón de personas en Iquitos y para cerca de 23.500 habitantes de las comunidades nativas y campesinas asentadas en la cuenca. La organización pidió que este tema sea incorporado entre las prioridades de las nuevas autoridades nacionales y que las decisiones sobre el futuro del territorio consideren la protección de los recursos hídricos y la seguridad de las poblaciones amazónicas.