Río Nanay en peligro: Ingemmet admite petitorios mineros pese a prohibición que protege el agua de Iquitos

Pese a una prohibición vigente hasta noviembre de 2026, el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet) admitió a trámite dos solicitudes de concesión minera en la cuenca del río Nanay, principal fuente de agua potable de Iquitos. El hecho fue observado por el Observatorio de Minería Ilegal (OMI), que considera que el procedimiento contradice las medidas de protección establecidas por el Estado.

Los petitorios, identificados como Achuny y Jaguar Dorado, fueron presentados en noviembre de 2025 y ahora son objeto de una oposición administrativa que busca anular su tramitación. La controversia se produce mientras la cuenca del Nanay continúa bajo vigilancia por el avance de la minería ilegal y por su importancia para el abastecimiento de cientos de miles de habitantes de Loreto.

La controversia por los petitorios mineros en la cuenca del Nanay

El punto central de la controversia es el Decreto Supremo 022-2024-EM, que suspendió por dos años el otorgamiento de petitorios mineros en la cuenca del río Nanay. Esa medida, según advierten los defensores del territorio, sigue plenamente vigente hasta el 22 de noviembre de 2026. Sin embargo, el Ingemmet habría admitido a trámite dos nuevas solicitudes, lo que para el OMI representa una contradicción directa con la protección establecida por el propio Estado.

La reacción no tardó en llegar desde los frentes ciudadanos que desde hace años alertan sobre la presión extractiva en esta zona amazónica. El Nanay no es un río más en el mapa de Loreto: es la principal fuente de agua potable para Iquitos y varias comunidades aledañas. Por eso, cualquier trámite que abra la puerta a la actividad minera en su cuenca es leído como una amenaza inmediata para miles de familias.

“Es una burla a la población. A las 500.000 personas que dependen del río Nanay. Es increíble como funcionarios dentro del Estado terminan desconociendo sus propias funciones y normativas y poniendo en riesgo una vez más la vida de la gente”, denunció Jose Manuyama, coordinador del Comité de Defensa del Agua de Iquitos.

La preocupación, además, no se limita al plano administrativo. La protección del Nanay está respaldada por normas regionales y nacionales que han buscado frenar el avance de actividades extractivas en una cuenca considerada sensible por su valor ambiental y sanitario. Entre esas disposiciones figura la Ordenanza Regional 006-2003-CR/RL, que declara la zona como área de exclusión para la extracción minera.

A ello se suma la cercanía de la Reserva Nacional Allpahuayo Mishana, un espacio de especial fragilidad ecológica que alberga ecosistemas únicos y especies endémicas. En ese entorno, la sola posibilidad de nuevos procesos mineros despierta alertas por el impacto que podría tener sobre el agua, la biodiversidad y la salud de la población.

La controversia se agrava porque, paralelamente, la Dirección Regional de Energía y Minas de Loreto ha solicitado la ampliación del estado de emergencia para reforzar las acciones frente a la problemática minera en la cuenca. Sin embargo, ese pedido aún no recibe respuesta del Gobierno Central, lo que mantiene a la zona en un escenario de incertidumbre institucional.

Antecedentes judiciales, oposición administrativa y una defensa que sigue abierta

El conflicto por el río Nanay no apareció recién con estos dos petitorios. La discusión ya había llegado al terreno judicial desde fines de 2023, cuando ciudadanos de Iquitos presentaron una demanda de amparo contra el otorgamiento de concesiones mineras superpuestas a la cuenca. El caso avanzó y en agosto de 2024 el Primer Juzgado Civil de Loreto declaró fundada en parte la demanda al reconocer el riesgo sobre el derecho a un ambiente sano y al acceso al agua potable.

Luego, en enero de 2025, la Sala Civil de Loreto confirmó ese criterio, reforzando la idea de que la presión minera sobre el Nanay no solo es un tema ambiental, sino también un asunto vinculado con derechos fundamentales. Pese a esos antecedentes, el nuevo episodio volvió a instalar la duda sobre la capacidad del Estado para hacer cumplir sus propias restricciones.

Desde el OMI, la lectura es directa: la admisión de los petitorios abre un precedente delicado. Karina Garay, abogada especializada en temas ambientales y vocera del colectivo, sostuvo que el marco legal vigente es claro respecto a la prohibición en la cuenca.

"El decreto establece una prohibición expresa por razones de seguridad y salud de la población de Loreto. Por ello, que una institución del propio Estado admita estos petitorios constituye una grave vulneración de una norma de cumplimiento obligatorio y genera un precedente preocupante, debiendo cualquier trámite o autorización en ilegal”, indicó Garay.

En paralelo, ya se presentó una oposición administrativa que solicita la nulidad de ambos procedimientos por considerar que su tramitación contraviene las restricciones vigentes para la cuenca del Nanay. La solicitud deberá ser evaluada en un plazo de 30 días calendario, un periodo que será clave para determinar si el caso avanza o se frena en sede administrativa.

La controversia ocurre, además, en un contexto marcado por la expansión de la minería ilegal en la Amazonía. En octubre de 2025, un informe de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) sobre la cuenca del Nanay advertía que la actividad ilícita ya había generado una crisis social y ambiental con fuerte impacto en las comunidades ribereñas, especialmente en las mujeres. El documento señalaba también la presencia de 221 balsas mineras activas en 2024 y describía un escenario de contaminación por mercurio, afectación de peces y agua, y debilitamiento de la economía local.

Ese mismo informe recogía testimonios sobre comunidades que han empezado a bloquear ríos para frenar el avance de los mineros ilegales, ante la falta de respuesta estatal. También detallaba que las mujeres asumieron roles de vigilancia y defensa territorial frente a una situación que combina precariedad, violencia y abandono.