Otorgar a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) facultades de investigación penal sobre los movimientos financieros vinculados al crimen organizado es una de las medidas planteadas para la próxima gestión gubernamental con el objetivo de debilitar la capacidad económica de las organizaciones delictivas.
La propuesta fue realizada por el ingeniero PhD Carlo de los Santos, experto internacional en políticas públicas reconocido por el Departamento de Estado de Estados Unidos, quien señaló que una de las primeras acciones del nuevo gobierno debería estar enfocada en perseguir las rutas financieras utilizadas por las redes criminales.
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Según explicó, esta medida debería desarrollarse en coordinación con el Ministerio Público y el Poder Judicial, con el propósito de identificar y afectar los recursos económicos que permiten operar a grupos dedicados a actividades ilícitas como la extorsión, el sicariato y otras modalidades del crimen organizado.
Proponen modernizar a la PNP
Además de fortalecer la investigación financiera, De los Santos sostuvo que el próximo gobierno debe impulsar una modernización tecnológica de la Policía Nacional del Perú (PNP) para mejorar la prevención y respuesta frente al delito.
Entre las herramientas propuestas se encuentran sistemas de vigilancia tecnológica, inteligencia de fuentes abiertas, plataformas predictivas para anticipar patrones criminales y recursos forenses digitales que permitan mejorar la investigación de los casos.
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El especialista también planteó la necesidad de interconectar las bases de datos de la PNP, el Poder Judicial, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), el Ministerio Público y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), con el objetivo de que los agentes puedan acceder a información relevante en tiempo real durante sus intervenciones.
Información policial y fortalecer inteligencia
De los Santos indicó que las comisarías que no cuentan con cobertura comercial deberían disponer de comunicación satelital mediante redes VPN y sistemas de videoseguridad en la nube, permitiendo una conexión permanente con las principales bases de información estatal.
El objetivo, según explicó, es que cada efectivo policial pueda consultar datos críticos desde sus dispositivos mientras realiza labores de patrullaje, facilitando la identificación de personas investigadas, antecedentes y posibles vínculos con organizaciones criminales.
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Asimismo, propuso implementar sistemas de inteligencia tecnológica que permitan desplegar drones con cámaras térmicas y nocturnas para monitorear zonas con alta incidencia delictiva y reforzar la vigilancia en puntos considerados críticos.
IA y herramientas digitales para combatir delitos
El experto también planteó el uso de inteligencia artificial para analizar información y anticipar posibles escenarios criminales. Según señaló, un sistema basado en patrones delictivos permitiría redistribuir el patrullaje policial de manera preventiva y no solo actuar después de la comisión de un delito.
Además, propuso fortalecer la inteligencia con fuentes abiertas para detectar actividades vinculadas al crimen organizado en plataformas digitales, como la exhibición de armas o posibles redes de tráfico identificadas a través de redes sociales.
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Como parte de la modernización de la investigación criminal, De los Santos planteó incorporar herramientas forenses digitales, como programas especializados para extraer y analizar información de dispositivos electrónicos, en al menos el 70% de las investigaciones.
Proponen bloqueo de cuentas y control de armas
Finalmente, el especialista planteó habilitar, con autorización judicial rápida y respetando las garantías procesales, el bloqueo de cuentas bancarias y dispositivos vinculados a delitos como extorsión y sicariato.
Según explicó, esta medida permitiría afectar directamente las operaciones económicas de las organizaciones criminales, evitando que continúen utilizando recursos financieros o tecnológicos para cometer delitos.
Asimismo, propuso fortalecer mediante una ley el control para la obtención y renovación de licencias de armas de fuego, estableciendo evaluaciones psicológicas obligatorias realizadas por especialistas registrados en salud mental.
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