
El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) publicó las resoluciones que declaran infundadas las apelaciones de Juntos por el Perú contra el rechazo de sus pedidos para anular 2.398 mesas de Lima y Estados Unidos por un supuesto “fraude”.
El JNE ya había dado a conocer el sentido de sus decisiones el pasado martes 23 de junio. Ahora, procedió a notificar el texto íntegro de las resoluciones.
Cabe precisar que el tribunal electoral rechaza el pedido porque el partido del fraudista Roberto Sánchez no cumplió con pagar la tasa. No obstante, pese a ello, los magistrados vieron necesario desbaratar todos los argumentos con los que Juntos por el Perú buscaba invalidar 1.751 mesas de Lima Metropolitana y 647 de Estados Unidos. Estos son la supuesta “clonación de resultados” y la modificación de lineamientos para la votación en el extranjero, respectivamente.
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Algo que comparten ambos pronunciamientos es la crítica a Juntos por el Perú por basar su denuncia de “fraude” en meras intuiciones y sospechas, sin mostrar prueba alguna que al menos una mesa se haya manipulado la votación a favor del fujimorismo.
Mesas en Lima son válidas
Para el JNE, el análisis matemático presentado por Juntos por el Perú presentaba un sesgo evidente, porque solo mostraba los votos de una de Fuerza Popular en una zona específica, Lima Metropolitana. Dijo que si se hiciera lo mismo con los resultados obtenidos por el partido de Roberto Sánchez en provincias “probablemente se llegaría al mismo resultado”.
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Sobre la supuesta “clonación de resultados”, el tribunal explicó que la coincidencia de resultados a favor de un mismo partido en diferentes mesas de un mismo local de votación es una algo posible y previsible.
Para llegar a esta conclusión, el JNE consideró que una mesa en Lima hay 224 votos válidos (descontando ausentes y los votos blancos y nulos) y que en la capital existe una proporción 65% para Fuerza Popular frente a 35% para Juntos por el Perú. “Los números obtenidos en el documento Excel se mueven en esta franja, entre 120 y 180 votos en la gran mayoría de los casos, por lo cual resulta esperable que se produzca cierta reiteración del mismo número”, se lee en la resolución.
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Para que el fraude masivo denunciado fuera cierto, dice el JNE, se tendría que un hecho inverosímil, “que miles de ciudadanos (más de 5000 miembros de mesa) se han confabulado para falsear las votaciones [...] sin que ninguno de ellos haya formulado objeción alguna” y que se haya contado con la complicidad de fiscalizadores, supervisores de la ONPE, delegados de la Defensoría, funcionarios de la Contraloría, observadores nacionales e internacionales, la Policía y las Fuerzas Armadas. “El problema es que una ‘organización tan compleja’ pretende sostenerse sin ningún medio probatorio, ni directo, indirecto o siquiera periférico. La falta de seriedad de un planteamiento de tal magnitud queda en evidencia”, se lee.
En resumen, dice el JNE, Juntos por el Perú “pretende la nulidad masiva de 1.751 mesas de sufragio con el acompañamiento de un cuadro Excel que ni siquiera sustenta una sospecha, sino una estadística perfectamente posible, por lo que se trata de una especulación sin medio probatorio de apoyo”.
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No se vulneró la intangibilidad normativa
Para alegar un supuesto fraude en la votación en el exterior, el fraudista Roberto Sánchez mencionó la resolución jefatural de la ONPE que modificó los lineamientos para la votación en el extranjero.

Juntos por el Perú dijo que con esa modificación se flexibilizaron las normas permitiendo transportar el material por medios distintos a la valija diplomática. Sin embargo, el JNE aseveró que estos lineamientos eran directrices operativas que no violaban la intangibilidad normativa. Es decir, no se cambiaron las reglas electorales.
También se cita el comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores, donde indicó que todo el material electoral retornó bajo valija diplomática, aunque los nuevos lineamientos permitían medios alternativos.
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Finalmente, el JNE señaló que aceptar la nulidad requeriría asumir una “teoría inverosímil” de confabulación masiva. Habría implicado que cientos de funcionarios consulares, la Alta Dirección de Cancillería —“poniendo en riesgo sus carreras de 10, 20 o 30 años”— y unos 2.000 miembros de mesa se pusieran de acuerdo para falsear las votaciones, sin que nadie del JNE, Defensoría, Contraloría, observador internacional o personero se haya dado cuenta.
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