Denuncian abuso policial en Chancay: estudiante terminó golpeado y su hermano fue detenido por grabar la intervención

Un estudiante de Derecho y su hermano menor denunciaron haber sido víctimas de una presunta intervención irregular de la Policía Nacional del Perú (PNP) en Chancay, luego de que dos agentes les exigieran entregar las claves de sus celulares durante un control en la vía pública. La familia afirma que el universitario se negó a desbloquear sus equipos en plena calle y que, a partir de ese momento, se produjo una reacción violenta que terminó con golpes, reducción en el suelo y la detención del menor, quien habría sido intervenido por grabar lo ocurrido con su teléfono.

La madre de los jóvenes expuso el caso en una entrevista con Exitosa, donde relató que los hechos ocurrieron el 14 de junio cerca de la bajada a la playa de Chancay, en una zona en la que sus hijos se encontraban junto a un amigo. De acuerdo con su testimonio, los adolescentes colaboraron inicialmente con la identificación policial, pero el procedimiento cambió cuando los agentes advirtieron que el universitario portaba dos celulares. Desde ese momento, sostiene, comenzaron las exigencias para que entregue sus dispositivos, proporcione los códigos de acceso y facilite el contenido de sus equipos.

La intervención policial en Chancay y la versión de la familia

Según el relato de la madre, todo comenzó cuando uno de sus hijos salió a pasear a sus perros y luego se encontró con su hermano mayor y un amigo. En ese momento, dos policías a bordo de una motocicleta se acercaron al grupo tras una alerta ciudadana que, presuntamente, advertía sobre un posible consumo de drogas en la zona. La familia asegura que, una vez detenidos, los jóvenes fueron sometidos a un control de identidad y mostraron sus documentos sin oponer resistencia.

La denunciante señaló que el hermano menor no llevaba su DNI porque estaba muy cerca de su vivienda, mientras que el estudiante de Derecho y el amigo que los acompañaba sí presentaron sus documentos. Pese a ello, afirma que los agentes continuaron con la intervención y solicitaron revisar sus pertenencias. Fue entonces cuando, de acuerdo con la familia, los efectivos notaron que el universitario tenía dos celulares y le exigieron que los entregue junto con sus datos de acceso.

La madre explicó que su hijo no se negó a colaborar, pero pidió que cualquier revisión se realizara en la comisaría y bajo un procedimiento formal. “Les indicó que los trasladen a la comisaría, que allá harían entrega de los teléfonos celulares”, relató. Sin embargo, sostiene que esa respuesta no fue aceptada por los policías y que, en lugar de continuar con una verificación regular, uno de los agentes habría reaccionado con empujones y golpes.

La denuncia también apunta a que el universitario fue agredido con una vara policial, mientras trataba de sujetarse a una reja para no caer. La familia afirma que los videos grabados durante la intervención mostrarían que el joven no intentó huir, como se habría consignado después en el parte policial, sino que permaneció en el lugar en todo momento mientras era reducido por los agentes.

Además, la madre indicó que el registro personal realizado por la policía no habría arrojado hallazgo alguno de drogas, armas ni objetos ilícitos. Según dijo, en el acta solo aparecen los celulares como objetos incautados. “No encontraron drogas, no encontraron armas, no encontraron nada ilegal”, señaló en la entrevista, al cuestionar que, pese a ello, el procedimiento terminara con sus hijos llevados por la autoridad.

Denuncian abuso de autoridad, revisión de celulares y detención del menor

El abogado de la familia, José Luis Fernández Latorre, calificó el hecho como un presunto abuso de autoridad y cuestionó la base legal de la actuación policial. A su juicio, el control de identidad culminó cuando los jóvenes fueron identificados y el problema comenzó después, cuando los agentes habrían exigido la entrega de los celulares y las claves de acceso.

El letrado sostuvo que no existe norma que obligue a un ciudadano a desbloquear su teléfono o compartir sus contraseñas por simple requerimiento policial, salvo escenarios muy específicos vinculados a flagrancia delictiva o a la recuperación inmediata de un bien sustraído. En ese sentido, advirtió que la exigencia de acceder al contenido de los dispositivos en plena calle habría convertido la intervención en una actuación irregular. También precisó que, durante la audiencia de hábeas corpus, un efectivo policial habría reconocido que sí pidieron que les entregaran voluntariamente los equipos.

Fernández Latorre cuestionó además que el parte de intervención cite un artículo que, según afirmó, no regula el control de identidad, sino otras funciones de la institución policial. Desde su punto de vista, esa confusión normativa reforzaría la tesis de que el procedimiento no se ajustó a ley. El abogado también remarcó que el juez que conoció el caso habría terminado pronunciándose sobre aspectos penales y lesiones, sin atender, según dijo, los agravios constitucionales que la defensa planteó por la presunta vulneración de derechos.

Otro punto central de la denuncia es la situación del hermano menor, quien habría sido detenido por 48 horas luego de grabar con su celular la intervención. La madre afirma que el adolescente no participó en ningún acto de violencia, no portaba armas ni drogas y solo registró lo que estaba ocurriendo ante el temor de que su hermano fuera agredido. “Lo único que hizo mi hijo menor fue grabar cómo estaban agrediendo a su hermano”, sostuvo.

La familia insiste en que el joven fue privado de libertad sin justificación, en un contexto en el que, según el acta de registro personal, tampoco se encontró droga, dinero ilícito, armas ni joyas. La madre explicó que ambos hijos son estudiantes y que uno de ellos trabaja, por lo que consideran especialmente grave que hayan sido tratados como si estuvieran implicados en un delito.