Roberto Sánchez, candidato presidencial de Juntos por el Perú, emitió un contundente mensaje en sus redes sociales, tras días marcados por masivas movilizaciones en Lima “en defensa del voto popular”, y volvió a cuestionar el proceso electoral de la segunda vuelta que lo enfrenta a Keiko Fujimori, de Fuerza Popular.
En su publicación, Sánchez subrayó la importancia de la transparencia y la legitimidad ciudadana. “¡En costa, sierra y selva tu voto se respeta! Movilización pacífica, ejemplar por la victoria popular y ciudadana. Transparencia y cero controversias”, escribió en su cuenta de X.
El dirigente, además, alertó en su reciente publicación sobre una “grave afectación al proceso electoral realizado por oficinas consulares al haber cambiado procedimientos en la segunda vuelta”, señalando irregularidades que, según su posición, impactan de manera directa en los resultados electorales.
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El tuit fue acompañado por un video donde se observa una multitudinaria marcha en defensa del voto, sumando más de 44 mil visualizaciones en pocas horas.
Protestas en Lima
La movilización denominada ‘Justicia Electoral’ fue convocada por Juntos por el Perú el pasado viernes 19 de junio. Cientos de personas provenientes de distintas regiones del país se congregaron en la capital para manifestarse en defensa de la voluntad popular, tras conocerse los resultados de la ONPE que inicialmente favorecían al candidato de izquierda, pero posteriormente dan como ganadora a Keiko Fujimori, de Fuerza Popular.
La respuesta de las autoridades incluyó un fuerte despliegue policial y municipal, con el cierre del centro histórico limeño y controles estrictos en los principales accesos a la ciudad. Se movilizaron 800 serenos, 200 fiscalizadores, 1.000 cámaras de vigilancia, 15 drones y 4.500 agentes de la Policía Nacional. El flujo de delegaciones regionales motivó la activación de operativos en peajes y garitas clave.
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Desde el balcón del local partidario en Paseo Colón, Sánchez denunció la presentación de una denuncia penal contra dirigentes de Juntos por el Perú por supuestos disturbios al orden público.
El dirigente rechazó la criminalización de la protesta y exigió el cese de la persecución política, dirigiéndose directamente a Keiko Fujimori, presidenta electa en ese momento. Sánchez también asumió la conducción directa de la marcha, que avanzó sin garantías formales de la policía, acompañado de militantes y colectivos afines.
Votos en el extranjero
Sánchez insistió en que el proceso electoral sufrió una seria afectación por parte de las oficinas consulares, debido a un cambio de procedimientos en la segunda vuelta.
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Según el líder de Juntos por el Perú, en la segunda vuelta no se digitalizaron las actas como sucedió en la primera, lo que habría roto la cadena de custodia y permitió el traslado de actas “en bulto, en cualquier paquete”.
Esta denuncia forma parte de una ofensiva legal anunciada por Sánchez la noche del viernes, cuando comunicó que su equipo presentaría un recurso para anular las elecciones. Además, advirtió sobre la realización de nuevas movilizaciones en defensa del voto.
La protesta buscó trasladar la disputa electoral tanto a los tribunales como a las calles, en un contexto donde Keiko Fujimori mantenía una ventaja superior a los 42.000 votos y el escrutinio alcanzaba el 99,6% de las actas.
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Rechazo oficial
La Cancillería peruana negó las acusaciones sobre una supuesta ruptura en la cadena de custodia. Explicó que el aplicativo para escanear actas fue utilizado solo en parte de los consulados durante la primera vuelta y que, por problemas técnicos, no se empleó en la segunda. Afirmó que todas las actas llegaron intactas a la sede de la ONPE y que no se alteró ningún procedimiento fundamental.
La narrativa del irregularidades en el proceso electoral comenzó a tomar fuerza en los discursos de los abogados de Juntos por el Perú, quienes, en una audiencia ante el Jurado Nacional de Elecciones, admitieron que la causal tras sus recursos de nulidad era un presunto fraude.
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El máximo órgano electoral rechazó los recursos de apelación para anular mesas tanto en Lima Metropolitana como en el extranjero. Así, la vía legal quedó cerrada para la agrupación de Sánchez, que también vio rechazada su apelación para anular mesas en Argentina.
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