¿Conveagro entra o no? El Gobierno le da dos días para decidir su rol en la crisis del arroz

El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) envió una solicitud formal a la Convención Nacional del Agro (Conveagro) para su incorporación como miembro con voz y voto en el Grupo de Trabajo Sectorial encargado de diseñar una nueva normativa que facilite la participación de la agricultura familiar en los procesos de compras estatales de alimentos.

La carta, fechada el 15 de junio de 2026 y firmada por el secretario general Charles Napurí Guzmán, responde a los procedimientos establecidos en la Resolución Ministerial N° 0132-2026-MIDAGRI, y da un plazo de dos días hábiles para que la organización remita su consentimiento.

Representatividad y objetivo del Grupo de Trabajo

La integración de Conveagro busca asegurar la voz de los agricultores familiares en la elaboración de propuestas normativas, en un contexto donde la representatividad es clave para legitimar cualquier reforma estatal. El artículo 2 de la resolución sectorial fija como prioridad la promoción de la agricultura familiar en las compras públicas, objetivo central del grupo de trabajo.

El ministerio informó que ya inició la gestión para modificar formalmente la resolución y que la respuesta de Conveagro es indispensable para avanzar en el trámite. El procedimiento sigue los Lineamientos de Organización del Estado y el Decreto Supremo 054-2018-PCM, garantizando la transparencia en la integración de actores del sector agrario.

Crisis arrocera y medidas estatales de emergencia

La solicitud de Midagri se produce en medio de una grave crisis en el sector arrocero, marcada por la caída de precios, sobreoferta nacional, incremento de costos productivos y protestas de los agricultores.

En respuesta, el Gobierno aprobó recientemente un Decreto de Urgencia que destina S/170 millones para la compra de arroz nacional, su distribución gratuita a familias en situación de pobreza y el mantenimiento de la infraestructura de riego en zonas vulnerables.

De este total, S/100 millones se emplearán en la compra directa de arroz a pequeños productores, S/20 millones en transporte y logística, y S/50 millones en obras de limpieza y mantenimiento de canales de riego. Según el Ejecutivo, la medida apunta a aliviar la crisis de ingresos que enfrentan los agricultores y asegurar la colocación de la cosecha nacional.

Gremios piden medidas más contundentes

Pese a la intervención estatal, gremios como la Confederación Nacional de Productores Agrarios Arroceros del Perú (Conarroz) consideran insuficiente el monto asignado. Los productores alegan que se requiere al menos S/300 millones para comprar los excedentes y estabilizar el mercado interno, además de exigir el cierre de importaciones de arroz para proteger la producción nacional.

Los dirigentes agrarios sostienen que la selección de distritos beneficiados debe priorizar a las regiones más afectadas, siguiendo el mapa de pobreza del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Además, insisten en que las acciones de apoyo estatal deben ser sostenidas y transparentes, con reportes públicos y control concurrente de la Contraloría General de la República.

Participación y control ciudadano

El proceso de entrega del arroz adquirido contempla la participación de comunidades organizadas a través de núcleos ejecutores, lo que permitirá generar empleo local y recuperar la capacidad productiva de las tierras.

La norma establece que los recursos públicos serán monitoreados con reportes trimestrales de acceso público, y que la vigencia de la emergencia se mantendrá hasta el 31 de diciembre de 2026.

Por su parte, la carta del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego recuerda que la verificación de la autenticidad del documento puede realizarse en la web institucional, asegurando la trazabilidad y transparencia del proceso de integración de Conveagro en las decisiones clave para el sector agrario peruano.