Los productores de arroz venezolano enfrentan dificultades para vender su cosecha en pleno ciclo 2025-2026 debido a que industrias y empresas empaquetadoras redujeron la recepción de grano nacional mientras el país recibió más de 300.000 toneladas de arroz importado en lo que va de año, según denunció la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios de Venezuela (Fedeagro).
La organización aseguró esta semana que numerosas empresas limitaron las compras de arroz nacional y, en algunos casos, solo aceptan volúmenes equivalentes a los agroinsumos previamente entregados a los agricultores a cuenta de la cosecha. Según el gremio, la situación provocó además una reducción de 35% en el precio pagado al productor, que pasó de USD 0,40 por kilogramo a USD 0,30.
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La crisis ocurre en momentos en que agricultores de distintas regiones arroceras del país intentan comercializar una cosecha obtenida en medio de restricciones crediticias, escasez de combustible, problemas eléctricos y mayores costos operativos.
Sin embargo, documentos comerciales y marítimos obtenidos por Infobae muestran que parte de la agroindustria continuó incorporando grandes volúmenes de arroz importado durante el mismo período.
Uno de esos expedientes corresponde a una operación realizada por MICEVEN C.A., procesadora de arroz y otros productos alimenticios con operaciones en el estado Portuguesa. La carga, transportada por el buque granelero MV Vigorous desde Río Grande, Brasil, totalizó 27.240 toneladas métricas de arroz paddy con destino a la planta de la empresa en Araure.
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Las 27.240 toneladas importadas por MICEVEN representan apenas una fracción de las más de 300.000 toneladas que, según el gremio, han ingresado al país durante 2026.
El dato resulta especialmente relevante porque Portuguesa es uno de los principales estados productores de arroz del país y el mismo lugar donde agricultores denuncian que las industrias restringieron la recepción de cosechas alegando saturación de inventarios.
La documentación revisada por este medio muestra que la operación tuvo un valor total de USD 9.833.640 y fue ejecutada bajo la modalidad “Cash in Advance”, es decir, pago anticipado. Los fondos debían ser transferidos a través de CitiBank en Nueva York a favor de la división regional de ADM Americas, proveedor internacional de la mercancía.
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Para dirigentes agrícolas consultados, el expediente refleja una contradicción que resume la crisis actual del sector: mientras los productores denuncian falta de financiamiento y dificultades para acceder a crédito, parte de la agroindustria mantiene capacidad para desembolsar millones de dólares en importaciones.
Los documentos también permiten entender el incentivo económico detrás de estas operaciones.
El arroz brasileño ingresó con un costo CIF de USD 361 por tonelada, equivalente a USD 0,36 por kilogramo antes del procesamiento industrial. Esa cifra se ubica por debajo de los USD 0,40 por kilogramo acordados inicialmente para el arroz nacional y ayuda a explicar la presión que terminó empujando los precios pagados al productor hasta los USD 0,30 por kilogramo.
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Fedeagro sostiene además que las exoneraciones tributarias aplicadas a las importaciones amplían todavía más la ventaja del producto extranjero frente a la producción nacional.
Según el gremio, el costo promedio de producir una hectárea de arroz en Venezuela ronda actualmente los USD 2.000, por lo que la caída de los precios compromete seriamente la rentabilidad de numerosos agricultores.
La organización también advirtió que el problema no se limita al arroz y que situaciones similares comienzan a observarse en otros rubros como el maíz y el azúcar, donde las importaciones coinciden con períodos de cosecha nacional.
Ante este escenario, Fedeagro pidió al Ejecutivo ajustar los volúmenes importados a las necesidades reales del mercado, considerar la estacionalidad de las cosechas y garantizar que la industria reciba la producción nacional en las condiciones previamente acordadas.
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La preocupación ahora se concentra en la próxima temporada de siembra. Los productores advierten que si continúan las dificultades para comercializar la cosecha actual, muchos agricultores podrían reducir el área cultivada en los próximos ciclos.
En las regiones arroceras venezolanas, el temor ya no pasa únicamente por los costos de producción o la falta de financiamiento. Para muchos productores, el problema inmediato es encontrar quién compre el arroz que acaban de cosechar.
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