El Capítulo Económico, la ‘manzana de la discordia’ de la Constitución de 1993: ¿Por qué se quiere cambiar?

Perú conoció este domingo 7 de junio de 2026 los resultados preliminares de la segunda vuelta presidencial, con un escenario de empate estadístico según los principales flashes electorales.

El flash de Ipsos arrojó un 50,7% de votos válidos para Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y 49,3% para Roberto Sánchez (Juntos por el Perú); Datum reportó cifras casi idénticas, con 50,53% para Fujimori y 49,47% para Sánchez.

Aunque la diferencia es mínima y el recuento oficial continúa, el debate sobre un posible cambio de la Constitución de 1993 se mantiene latente, aun cuando la izquierda no tome la Presidencia.

Y es que la bancada de Sánchez ya ha anunciado que impulsará la convocatoria de una Asamblea Constituyente en el Congreso, incluso tras una derrota ajustada, colocando el capítulo económico en el centro de la discusión.

¿Qué es el capítulo económico de la Constitución de 1993?

El Título III de la Constitución Política del Perú de 1993, conocido como el capítulo económico, abarca desde el artículo 58 al 89 y establece el modelo de economía social de mercado.

Entre sus principios fundamentales se encuentra la garantía de la iniciativa privada, la libre competencia y la autonomía de las entidades reguladoras.

Así, el Estado cumple un rol orientador, pero su participación directa en la actividad empresarial está limitada por el principio de subsidiariedad, es decir, solo puede intervenir de manera excepcional y bajo mandato legal expreso.

Este capítulo protege la libertad de empresa, trabajo, comercio e industria, y establece que los contratos ley solo pueden ser modificados por acuerdo entre las partes.

Además, otorga igualdad de trato a la inversión nacional y extranjera y asegura la libre disposición de moneda extranjera. El Estado también debe defender el interés de los consumidores y usuarios.

Y, aunque la Constitución ha sufrido numerosas reformas desde su promulgación, el núcleo del capítulo económico ha permanecido sin cambios sustantivos, convirtiéndose en uno de los capítulos más protegidos.

El contexto internacional y la creación de un modelo blindado

De acuerdo con el análisis del economista e investigador Humberto Campodónico, la redacción del capítulo económico de la Constitución de 1993 respondió a un contexto internacional e ideológico muy específico.

Tras la caída del Muro de Berlín y el colapso del bloque socialista, el auge del neoliberalismo se consolidó con figuras como Margaret Thatcher y Ronald Reagan, mientras que el Consenso de Washington promovía reformas de apertura y privatización en América Latina y Europa del Este.

En el Perú, el recuerdo de la hiperinflación de los años ochenta bajo el gobierno de Alan García y el fracaso del modelo estatista impulsaron la búsqueda de un marco que evitara el regreso a ese tipo de políticas.

Campodónico explica que la intención de los constituyentes fue “blindar” el modelo de libre mercado, estableciendo candados constitucionales para la actividad empresarial del Estado, la protección de los contratos ley y la autonomía del Banco Central de Reserva (BCR).

“La Constitución peruana, en ese sentido, fue una de las más radicales de América Latina”, explicó, porque prioriza la estabilidad y la seguridad jurídica ante “posibles cambios de rumbo”.

De la subsidiariedad a la autonomía monetaria: candados y lecciones del pasado

El principio de subsidiariedad en la actividad empresarial del Estado significó, en la práctica, un respaldo constitucional al proceso de privatizaciones iniciado en los años noventa, explica Campodónico.

Las asociaciones público-privadas (APP) y la concesión de servicios como carreteras y aeropuertos fueron parte de este modelo, con el argumento de que el sector privado podía gestionar con mayor eficiencia obras y servicios públicos.

La autonomía del BCR fue otro de los pilares del nuevo marco constitucional. Antes de 1993, el BCR podía estar sujeto a presiones políticas y a la emisión inorgánica de dinero, lo que contribuyó a la hiperinflación.

La nueva Constitución estableció un directorio autónomo y mecanismos de protección para sus miembros, buscando que la política monetaria respondiera a criterios técnicos y no políticos.

Pero, ¿Se puede cambiar?

Vale precisar que, según un estudio de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) de 2023, la Constitución de 1993 permitió un crecimiento promedio del PBI de 4,4%, frente al 2% registrado durante la vigencia de la carta magna de 1979. La inversión privada creció a una tasa de 6,6%, muy por encima del 1,8% del periodo anterior, destacándose también un mejor desempeño en exportaciones, consumo privado e inversión pública.

Con todo, Campodónico señala que el contexto global que dio origen a la Constitución de 1993 ha cambiado. Hoy, modelos como el de China combinan planificación estatal y mercado, mientras que potencias como Estados Unidos han virado a medidas proteccionistas y subsidios directos a su industria.

“Nadie plantea ya expropiaciones, ni siquiera en China o Estados Unidos; más bien, lo que se observa es una vuelta al proteccionismo”, advierte el economista. En América Latina, muchos países adoptaron modelos similares al peruano en los noventa, bajo la influencia de Thatcher y el Consenso de Washington.

El debate sobre el capítulo económico, lejos de agotarse con el resultado electoral, seguirá marcando la agenda política. La bancada de Sánchez, aún tras el resultado adverso, ha confirmado que impulsará la discusión constitucional en el Congreso, lo que anticipa que la “manzana de la discordia” seguirá al centro del debate nacional en los próximos meses.