La decisión del gobierno de transición de Perú de conformar comités para seleccionar nuevos directivos en los principales organismos reguladores, a semanas de dejar el poder, ha desatado una ola de críticas y sospechas sobre la verdadera motivación detrás de esta medida.
Diversos actores del sector empresarial y gremial advierten que la maniobra podría comprometer la autonomía de entidades clave para la economía nacional y condicionar la gestión del próximo gobierno.
La Resolución Ministerial N.° 193-2026-PCM, publicada el 31 de mayo, dispone la elección de los consejos directivos de organismos reguladores estratégicos. Su aprobación en la recta final del mandato ha sido recibida como una señal de urgencia injustificada, tras años de vacantes y encargaturas prolongadas que no generaron la misma premura oficial.
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Para organizaciones como la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN) y ComexPerú, este proceso carece de legitimidad política y pone en riesgo la transparencia y la independencia técnica de los reguladores.
Gremios advierten riesgo de captura política en los reguladores
En su comunicado, ComexPerú sostuvo que “las decisiones sobre organismos reguladores tendrán efectos durante los próximos años y deben ser asumidas por las autoridades que gobernarán el país”.
Para el gremio exportador, la conformación de los comités en este momento resulta inconveniente, pues un gobierno de transición debe garantizar una transferencia ordenada y no adoptar decisiones de largo plazo que corresponderá gestionar al próximo gobierno.
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Por su parte, AFIN envió una carta formal al presidente del Consejo de Ministros, Luis Enrique Arroyo Sánchez, solicitando que se deje sin efecto la conformación de los comités.
En la misiva, el gerente general de AFIN, Juan Pacheco Romaní, fundamentó la solicitud en tres aspectos: la necesidad de cambios en la gobernanza de los reguladores, las deficiencias del procedimiento de selección y la inadecuada oportunidad política de la medida.
Ambas entidades subrayaron que no se trata de cuestionar la necesidad de procesos meritocráticos y transparentes, sino de asegurar que estos se lleven a cabo en el momento adecuado, bajo reglas claras y respetuosas de la autonomía institucional.
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Críticas a la falta de legitimidad y transparencia en las designaciones
Otro de los puntos centrales señalados por AFIN es la concentración de poder en el modelo del presidente ejecutivo instaurado en la década de 1990.
Según la entidad, este esquema ha limitado la participación de los miembros del consejo directivo y dificultado la aplicación de recomendaciones internacionales, como las formuladas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Además, cuestiona que los miembros de los comités de selección no cumplen los mismos requisitos que los candidatos a cargos, lo que genera un desequilibrio en el proceso y pone en duda la transparencia y credibilidad de las designaciones.
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El trasfondo político tras la urgencia en los nombramientos
Durante la administración de Dina Boluarte, la PCM propuso fusionar Ositrán, Osiptel, Osinergmin y Sunass bajo el argumento de recomendaciones de la OCDE, aunque esta organización luego desmintió haber hecho tal sugerencia.
Tras ese intento fallido, se flexibilizaron los requisitos para acceder a cargos directivos y se extendió la permanencia de autoridades más allá de los plazos legales, otorgando a la PCM una amplia discrecionalidad sobre las vacantes.
Estos cambios han sido interpretados como parte de una estrategia de captura institucional, debilitando la meritocracia y la independencia técnica de entidades que supervisan sectores estratégicos y afectan a millones de ciudadanos.
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La decisión de activar los comités de selección en la etapa final de la administración actual ha resultado especialmente controversial, ya que durante años se permitieron vacantes o encargaturas prolongadas sin la misma urgencia para convocar concursos públicos.
Ahora, la premura del gobierno de José Balcázar por definir autoridades cuyos mandatos se extenderán por 5 años genera sospechas sobre los intereses políticos detrás del proceso.
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