Gobierno aprueba solicitar a EE. UU. que amplíe la extradición de Alejandro Toledo por tramo 4 de la Interoceánica

Estados Unidos deberá decidir si acepta que el expresidente peruano sea procesado en Perú por un nuevo caso de colusión y lavado de activos

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Alejandro Toledo- Estados Unidos - EEUU - Extradición - Interoceánica tramo 4 - Corrupción - Perú - 28 abril
Composición: Infobae Perú

El Gobierno de Perú aprobó solicitar a Estados Unidos la ampliación de la extradición del expresidente Alejandro Toledo para que sea procesado en el país por presunta corrupción en la adjudicación del tramo 4 de la carretera Interoceánica durante su mandato. Según la acusación, el exmandatario habría incurrido en los delitos de colusión y lavado de activos.

La solicitud se oficializó mediante la resolución suprema 103-2026-JUS, resolución que es suscrita por el presidente interino José María Balcázar y el ministro de Justicia, Luis Jiménez Borra y el canciller Carlos Pareja.

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Ahora, el expediente de extradición será remitido a la Oficina de Cooperación Judicial Internacional para su traducción al inglés. Luego será enviado al Ministerio de Relaciones Exteriores para que se remita por vía diplomática a los Estados Unidos.

Gobierno aprueba solicitar la ampliación de la extradición de Alejandro Toledo luego de que la Corte Suprema diera el visto bueno.
Gobierno aprueba solicitar la ampliación de la extradición de Alejandro Toledo luego de que la Corte Suprema diera el visto bueno.

Tramo 4 de la Interoceánica

Según el Ministerio Público, el delito de colusión que se le atribuye a Alejandro Toledo consiste en presuntamente haber favorecido de manera irregular a la empresa brasileña Camargo Correa y otras firmas asociadas para adjudicarse la construcción del Tramo 4 de la ruta entre Perú y Brasil.

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La fiscalía sostiene que el propio Toledo, en su rol de presidente, “aprovechándose de su posición privilegiada y de alta jerarquía en el aparato público estatal”, se coludió con el representante de Camargo Correa, Marcos de Moura Wanderley, para direccionar la adjudicación.

El pacto colusorio incluía pagos por 6.313.075 dólares de los que al menos USD 5.411.207 estaban destinados directamente a Toledo. Según la investigación, para ocultar el origen del dinero recurrían a intermediarios como el jefe de seguridad Avraham Dan On. Se identificaron USD 3.984.335 en movimientos concretos hacia Toledo.

Para lograr estos favores, Toledo habría dispuesto que se omitan pasos clave en los requisitos de contratación pública. Por ejemplo, el proyecto fue declarado prioritario sin estudios técnicos completos y luego eximido de controles previos a la inversión, medidas necesarias para toda obra pública.

Por otro lado, respecto a la acusación por lavado de activos, el Ministerio Público afirma que Toledo, en complicidad con Josef Maiman utilizó una red de cuentas y empresas offshore en distintos países para canalizar los pagos ilegales y dificultar su rastreo.

Entre 2006 y 2009, se detectaron 34 transferencias en cuentas en el Reino Unido, Islas Vírgenes Británicas, Suiza, Nueva York y Panamá, por 3.224.334 dólares. Otros movimientos identificados suman 760.001 y 780.000 dólares enviados desde empresas vinculadas a Camargo Correa hacia cuentas controladas por Maiman, quien reconoció ante la justicia peruana que toda esa estructura respondía a las órdenes de Toledo. También se cuenta con el testimonio de Jorge Barata, exejecutivo de Odebrecht en Perú.

Corte Suprema declaró procedente el pedido de extradición en abril pasado.
Corte Suprema declaró procedente el pedido de extradición en abril pasado.

Sentenciado

El expresidente Alejandro Toledo acumula dos sentencias en primera instancia. En octubre de 2024, la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada lo sentenció a 20 años y 6 meses de prisión por cohecho agravado y lavado de activos por recibir 35 millones de dólares en sobornos para adjudicar a la constructora brasileña el contrato de la Carretera Interoceánica.

El 3 de septiembre de 2025, la Novena Sala Penal Liquidadora de Lima le impuso una segunda condena de 13 años y cuatro meses por lavado de activos agravado por el caso Ecoteva.