Alejandro Toledo: Perú solicita a EE.UU. ampliar extradición para juzgarlo por colusión y lavado de dinero en la Interoceánica

La Corte Suprema dio un nuevo paso en el proceso que enfrenta Alejandro Toledo por presuntos hechos de corrupción vinculados a la Carretera Interoceánica Sur. La Sala Penal Permanente declaró procedente el pedido para solicitar a Estados Unidos la ampliación de su extradición, esta vez para que el expresidente pueda ser juzgado en el país por el denominado caso Tramo 4. La decisión se adoptó mediante resolución emitida el 21 de abril y fue firmada por el tribunal presidido por el juez supremo titular Víctor Prado Saldarriaga.

El trámite se activa mientras el exmandatario cumple condena en el Establecimiento Penitenciario Barbadillo, en Ate, donde permanece recluido por otros procesos ya resueltos en el sistema judicial peruano. En esta nueva investigación, el Ministerio Público solicita para Toledo una pena de 24 años y 8 meses de prisión por los presuntos delitos de colusión y lavado de activos agravado, en agravio del Estado. La acusación fiscal sostiene que habría recibido sobornos de la constructora brasileña Camargo y Correa a cambio de favorecerla en la licitación de la obra vial.

La Corte Suprema avala el pedido para ampliar la extradición

La resolución de la Sala Penal Permanente no autoriza todavía el juzgamiento en sí mismo, pero sí abre el camino para que el Estado peruano eleve formalmente a Washington la solicitud de ampliación de extradición. Según lo resuelto por el colegiado, el pedido cumple con las exigencias materiales y formales previstas en el tratado bilateral de extradición entre Perú y Estados Unidos, además de respetar el procedimiento interno establecido en el Código Procesal Penal.

Uno de los puntos que tomó en cuenta la sala fue que se respeta el principio de doble incriminación, es decir, que los hechos imputados también constituyan delito en la jurisdicción requerida. El tribunal además consideró que la gravedad de la pena solicitada es compatible con los estándares exigidos para este tipo de trámites internacionales. Con esa evaluación, descartó cualquier motivo legal que impida continuar con el pedido.

Otro aspecto relevante es que la justicia peruana no advierte una barrera por el tipo de hechos investigados. La sala señaló que los delitos atribuidos a Alejandro Toledo son de naturaleza común y no política, por lo que no existe un impedimento de ese orden para avanzar con la ampliación de la extradición. También precisó que el exmandatario no ha sido condenado ni absuelto previamente en el Perú por este mismo caso, lo que permite que el proceso siga su curso sin afectar el principio de cosa juzgada.

El requerimiento para extender la extradición había sido formulado inicialmente por el juez Richard Concepción Carhuancho el 24 de setiembre de 2025, dentro del proceso penal que mantiene vigente un mandato de prisión preventiva de 30 meses contra el exjefe de Estado. Tras la decisión de la Corte Suprema, el expediente deberá ser remitido al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a través de la Presidencia del Poder Judicial, con conocimiento de la Fiscalía de la Nación, para que continúe la vía diplomática correspondiente.

En términos prácticos, ese paso es el que permitirá que el pedido peruano llegue a las autoridades estadounidenses y se evalúe la extensión del marco extraditable de Toledo por este nuevo expediente. La solicitud no se refiere a los procesos por los que ya fue entregado al Perú en años anteriores, sino específicamente al tramo 4 de la Interoceánica Sur, una investigación que el sistema de justicia considera separada de los otros casos en los que ya fue condenado.

Qué sostiene la Fiscalía en el caso Interoceánica Sur Tramo 4

La tesis de la Fiscalía apunta a que Toledo habría recibido sobornos de Camargo y Correa para favorecer a esa empresa en la adjudicación del Tramo 4 de la Carretera Interoceánica Sur. Según la investigación, el pago indebido se habría canalizado a través de mecanismos financieros vinculados a cuentas en el extranjero y al entorno de personas cercanas al expresidente. La acusación se apoya, entre otros elementos, en documentación bancaria, registros de transferencias y comunicaciones internas recuperadas durante las diligencias.

La Procuraduría ad hoc para los casos Odebrecht y Lava Jato sostiene que existen pruebas concretas que respaldan la imputación. Entre ellas figuran correos electrónicos incautados al exdirectivo Marcos de Moura Wanderley, en los que se haría referencia a pagos ilícitos relacionados con la obra. A eso se suman depósitos bancarios identificados desde cuentas offshore vinculadas a compañías brasileñas hacia cuentas asociadas al fallecido empresario Josef Maiman, quien fue mencionado en distintas etapas de la investigación como un actor relevante en el flujo del dinero presuntamente entregado a la red cercana al exmandatario.

La obra investigada forma parte del gran proyecto vial que conecta Perú y Brasil y cuya licitación fue cuestionada desde hace años por presuntas irregularidades. El caso del tramo 4 se integra al conjunto de indagaciones que rodean la gestión de Toledo durante su gobierno, periodo en el que se impulsaron grandes proyectos de infraestructura que luego terminaron bajo sospecha por posibles actos de corrupción.

En este expediente, el Ministerio Público atribuye a Toledo la presunta comisión de colusión y lavado de activos agravado, delitos por los que ha pedido una condena de 24 años y 8 meses. La acusación fiscal plantea que el expresidente habría facilitado condiciones para que la constructora obtuviera ventajas en el proceso de adjudicación, lo que habría generado un perjuicio directo para el Estado peruano.

El caso del Tramo 4 se suma así a los otros procesos penales que ya alcanzaron al exjefe de Estado y que derivaron en condenas firmes. Toledo ya cumple sentencias en Barbadillo, mientras el sistema judicial sigue atendiendo nuevas piezas del entramado de investigaciones vinculadas a la Interoceánica Sur, una de las obras más polémicas de los últimos años en el Perú.