Petroperú: ProInversión amarra el rescate de USD 2.000 millones a la privatización y la auditoría forense de Talara no va más

El futuro de Petroperú quedó definido en la Comisión de Energía y Minas del Congreso con la exposición de medidas y tensiones que atraviesan a la principal empresa estatal de hidrocarburos del país.

En la audiencia pública, los voceros oficiales confirmaron que el nuevo rescate financiero de hasta 2.000 millones de dólares está condicionado a la vigencia del decreto de urgencia que reorganiza y segmenta la compañía, un movimiento acusado por parte de especialistas del sector por representar una “privatización encubierta”.

Además, la nueva gestión del presidente de directorio Edmundo Lizarzaburu descartó la continuidad de la auditoría forense sobre la refinería de Talara.

El decreto de los USD 2.000 millones fue bien maquinado por MEF y ProInversión

Durante la sesión, Ángel Delgado, director del Proyecto de Reorganización Patrimonial de Petroperú en ProInversión, explicó que la viabilidad del rescate financiero depende de dos decretos de urgencia: el DU el 010-2025, promulgado en diciembre, y el DU 003-2026, emitido en mayo reciente.

El primero permite dividir la empresa en unidades de negocio susceptibles de participación privada, mientras que el segundo autoriza un salvataje de hasta 2.000 millones de dólares, con 500 millones disponibles a corto plazo para compromisos urgentes.

“Si ambos decretos de urgencia caen, lo que va a pasar es que va a haber un aceleramiento de todas las obligaciones financieras que existen a la fecha”, alertó.

El brazo promotor de la inversión privada del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) advirtió que si cualquiera de estos decretos se deroga, la deuda total acumulada —que asciende a 7.500 millones de dólares considerando bonos y compromisos comerciales— se volvería “exigible de inmediato”.

En ese escenario, la empresa podría ingresar a un proceso concursal, permitiendo que la junta de acreedores reemplace a la de accionistas y decida el destino de los activos, lo que, en términos prácticos, implicaría también una privatización por la vía de la liquidación o venta de bienes. Así, el decreto de diciembre de 2025 queda blindado.

La privatización de Petroperú, una posibilidad latente

La advertencia de ProInversión respecto a un posible default se vio secundada por Indecopi, que recordó un episodio reciente en el que UNNA Energía, exempresa del grupo Graña y Montero, solicitó el inicio del procedimiento concursal contra Petroperú por una deuda exigible.

Leny Calderón Arévalo, secretaria técnica de la Comisión de Procedimientos Concursales, explicó que, de haberse concretado el concurso, la junta de acreedores habría asumido el control total de la empresa, desplazando a la junta de accionistas y tomando decisiones sobre reestructuración o liquidación de activos.

Calderón detalló que este tipo de procesos implica la suspensión de embargos, la presentación de créditos por parte de todos los acreedores y la posibilidad de que la administración y el destino de Petroperú queden completamente en manos de los acreedores.

Una situación de este nivel acarrearía impactos inmediatos en la reputación, las relaciones comerciales y la viabilidad operativa de la empresa, explicó.

La auditoría forense de Talara queda descartada por “falta de pruebas”

En la misma audiencia, Edmundo Lizarzaburu, presidente de Petroperú, sostuvo que la auditoría forense a la refinería de Talara, propuesta y aprobada en 2025 bajo la gestión anterior, no continuará bajo la actual administración.

Lizarzaburu argumentó que este tipo de auditoría solo corresponde si existen pruebas concretas y denuncias formales ante la Contraloría o el Ministerio Público.

Según sus palabras, mantener el debate sobre auditorías forenses sin fundamentos técnicos afecta la imagen de la empresa frente al mercado internacional y los bonistas. Además, confirmó su intención de postergar el pago de utilidades, como adelantó Infobae Perú. “Las utilidades se van a pagar, pero no es el momento”, dijo.

Por su parte, Alejandro Narváez, expresidente de Petroperú, defendió la necesidad de una auditoría profunda y recordó que el plan aprobado incluía la colaboración de la Contraloría General de la República.

Narváez subrayó que la refinería Talara fue financiada principalmente con bonos (3.000 millones de dólares) y préstamos sindicados (1.300 millones), y negó que el Estado haya financiado directamente la construcción.

La vigencia de los decretos define el futuro de la empresa estatal

Narváez también se dio tiempo para detallar algunos números clave del flujo financiero de la empresa. Entre 2014 y 2025, Petroperú transfirió al Estado un total de 7.081 millones de dólares, desglosados en impuesto a la renta, impuesto selectivo al consumo y otros tributos.

El año de mayor aporte en ese periodo fue 2018, con 878 millones de dólares, antes de que la pandemia y problemas internos provocaran una caída sostenida en los ingresos y aportes. “Es mentira cuando se sostiene que el Estado ha dado plata a Petroperú para que financie la construcción de la refinería”, remitió.

Finalmente, Narváez también afirmó que, hasta octubre de 2025, la empresa cumplió puntualmente con el pago de bonos y préstamos, y que las pérdidas proyectadas para 2025 (463 millones de dólares) muestran una reducción respecto a los años previos.