El Congreso ante una decisión histórica para la conservación marina

En unas semanas, el actual Congreso de la República concluirá sus funciones y dará paso a un nuevo sistema parlamentario bicameral, integrado por Diputados y Senadores. En este breve plazo restante, sus miembros tienen una misión prioritaria: aprobar la ley que excluirá la pesca de mayor escala o industrial de las áreas marinas protegidas.

Esta prohibición responde, en primer lugar, a la necesidad de conservar ambientes naturales prioritarios. Estas áreas fueron creadas para proteger ecosistemas y especies vulnerables, así como hábitats críticos y procesos ecológicos que requieren condiciones de menor presión humana para recuperarse y mantenerse saludables. Por eso, permitir actividades industriales de mayor escala dentro de estos espacios reduce la efectividad real de la protección, fragmenta los ecosistemas y puede afectar procesos ecológicos, como la reproducción, el crecimiento, la alimentación y la migración de especies marinas.

En segundo lugar, la medida tiene una justificación económica y social de largo plazo. El mar es nuestra región natural con mayor productividad, y las áreas protegidas bien manejadas contribuyen a la recuperación y repoblamiento de los recursos pesqueros, beneficiando especialmente a las pesquerías artesanales costeras que dependen de ellos. Además, diversos estudios muestran que las áreas con menor presión industrial ayudan a incrementar la biomasa, el tamaño de los peces y la resiliencia de las poblaciones frente a la variabilidad ambiental. En un contexto de creciente incertidumbre ecológica, proteger estos espacios fortalece la seguridad alimentaria, la estabilidad de las economías locales y la sostenibilidad futura de la actividad pesquera nacional, tanto artesanal como industrial.

Finalmente, restringir la pesca de mayor escala fortalecería la credibilidad institucional y el compromiso internacional del país en materia de conservación marina y manejo pesquero. El Perú ha asumido diversos compromisos internacionales vinculados a la protección de ecosistemas marinos y al uso sostenible de los recursos naturales. Sin embargo, mantener actividades industriales dentro de áreas diseñadas para la conservación genera contradicciones regulatorias y debilita la confianza pública en el sistema de áreas protegidas. En cambio, prohibir la actividad industrial enviaría una señal clara de coherencia entre los objetivos de conservación, la política pesquera y la necesidad de proteger el patrimonio marino para las futuras generaciones.

Tomando como base el reciente fallo de la Corte Suprema, que excluyó de manera definitiva la pesca industrial dentro de la Reserva Nacional de Paracas, este Congreso tiene una oportunidad histórica y probablemente irrepetible de adoptar una decisión preventiva antes de concluir su mandato. Cada temporada en la que continúan las operaciones industriales dentro de estos espacios aumenta el riesgo de degradación ecológica y reduce la efectividad real de las áreas protegidas. Por lo tanto, aprobar esta prohibición antes del cierre del periodo parlamentario no solo sería una medida oportuna, sino también una decisión clave para evitar impactos mayores y más difíciles de revertir.