En una jornada centrada en la actualización normativa del Estado peruano, la Comisión de Constitución y Reglamento abordó este martes la modernización de la Ley Orgánica del Ministerio Público (órgano constitucional autónomo del Perú), vigente desde 1981, con el objetivo de enfrentar la criminalidad y dotar de coherencia y eficiencia la labor de los fiscales.
El debate, realizado en la sala Grau del Palacio Legislativo y dirigido por el presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi Capurro, reunió a altos funcionarios como el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez; el viceministro de Orden Interno del Ministerio del Interior Juan Olivera; y el comandante general de la Policía Nacional del Perú, Oscar Arriola.
Durante la sesión de trabajo, una de las conclusiones centrales que expuso el presidente encargado del Congreso fue la urgencia de afinar la coordinación entre la Policía Nacional y la Fiscalía, y remarcó que esto es fundamental para “ganarle la guerra al delito”.
Además, la discusión puso sobre la mesa una preocupación compartida: la independencia de los fiscales establecida por el artículo 5 del Decreto Legislativo 052, que en la práctica ha propiciado “una actuación prácticamente desarticulada entre los despachos fiscales”, según expuso el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez. Por ello, el proyecto de ley 14224/2025-MP propone que la labor investigadora y procesal de los fiscales se rija por protocolos y lineamientos institucionales, cerrando la vía al uso discrecional ilimitado del criterio propio.
Entre los datos que reflejan el impacto de esta normativa, el fiscal de la Nación advirtió que la situación actual favorece procesos judiciales extremadamente prolongados. Gálvez subrayó: “procesos largos entre ocho y 10 años”, y remarcó la necesidad de la reforma para agilizar la administración de justicia.
Modificaciones centrales y voces especializadas coinciden en la viabilidad de la reforma
El texto del proyecto también propone que los fiscales supremos asuman la responsabilidad en las investigaciones contra funcionarios aforados y que se otorgue un nuevo enfoque a las pesquisas, de manera que el aspecto patrimonial pase al primer plano y se apliquen principios rectores en cada intervención del Ministerio Público.
Silvana Escudero, adjunta encargada de Asuntos Constitucionales en la Defensoría del Pueblo (organismo autónomo de supervisión estatal), señaló que la propuesta resulta viable y responde a las exigencias de un contexto agravado por la criminalidad en ascenso. “Permite fortalecer la labor de la investigación fiscal… promoviendo que exista una actuación fiscal más eficiente”, dijo Escudero, según recogió el Centro de Noticias del Congreso, el portal informativo oficial del Parlamento peruano.
El abogado penalista Arsenio Oré, miembro del Consejo Consultivo de la Comisión de Constitución y Reglamento, evaluó como significativa la transferencia de responsabilidad hacia los jueces supremos en las causas que involucran a altos funcionarios, aunque insistió en la necesidad de mantener este cambio bajo un marco constitucional claro.
Entre los aportes presentados, el especialista en derecho constitucional Víctor López propuso que se incorporen “principios de orientación a la víctima, que prioriza y vela por los intereses de los agraviados” y el principio de Responsabilidad, con el objetivo de fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas frente a conductas arbitrarias o erróneas dentro del Ministerio Público.
Participación de autoridades y técnicos del sistema de justicia
A la cita acudieron representantes de los ministerios de Justicia y del Ministerio del Interior, funcionarios de la Fiscalía de la Nación y un grupo de especialistas en derecho penal y constitucional, así como integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión de Constitución y Reglamento. Su participación reafirmó la importancia de construir una legislación a partir del consenso entre quienes “luchan contra la criminalidad todos los días”, según Rospigliosi Capurro y citó el Centro de Noticias del Congreso, el portal informativo oficial del Parlamento peruano.
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