Elecciones 2026: Renzo Reggiardo continuará proceso judicial por presunta afectación al derecho al voto en Lima

La Municipalidad Metropolitana de Lima informó que continuará el proceso judicial iniciado por el alcalde metropolitano, Renzo Reggiardo, relacionado con una presunta vulneración al derecho al sufragio durante las elecciones realizadas el pasado 12 de abril de 2026. El pronunciamiento fue difundido este martes mediante un comunicado publicado en las redes sociales oficiales de la comuna capitalina.

Según el documento, el 5° Juzgado Constitucional de Lima emitió la Resolución N.° 1, mediante la cual calificó la demanda de amparo presentada por Reggiardo y solicitó la subsanación de algunos aspectos formales para continuar con el trámite correspondiente. La acción judicial busca defender “el ejercicio pleno del derecho de sufragio”, que —según sostiene la municipalidad— habría sido afectado durante la jornada electoral.

Atenderá observaciones del Poder Judicial

En el comunicado, la Municipalidad Metropolitana de Lima precisó que las observaciones formuladas por el juez Jorge Luis Ramírez Niño de Guzmán serán atendidas dentro del plazo de tres días otorgado por el Poder Judicial. La comuna indicó que la subsanación será realizada de manera inmediata para permitir que la demanda continúe su curso conforme al Código Procesal Constitucional.

Asimismo, la administración municipal remarcó que la acción judicial fue presentada por Renzo Reggiardo en el ejercicio de sus atribuciones como alcalde metropolitano. La comuna señaló que la iniciativa se sustenta en el numeral 1 del artículo 20 de la Ley Orgánica de Municipalidades, norma que faculta a las autoridades locales a defender los intereses de los ciudadanos.

MML busca proteger derechos fundamentales

El comunicado también menciona que la demanda tiene respaldo en jurisprudencia del Tribunal Constitucional vinculada a la legitimidad de las autoridades municipales para interponer acciones judiciales en defensa de derechos fundamentales de los vecinos.

Según la Municipalidad de Lima, la presunta afectación al derecho al voto habría impactado directamente a ciudadanos de la capital, motivo por el cual la comuna decidió impulsar el proceso constitucional. Además, el pronunciamiento señala que personas afectadas por el proceso electoral expresaron públicamente su respaldo a la acción presentada por el alcalde metropolitano.

¿Qué pide la MML al Tribunal Constitucional?

La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) ha solicitado al Tribunal Constitucional (TC) la suspensión de los efectos del acuerdo emitido por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) el 23 de abril de 2026. La demanda, promovida por el alcalde Renzo Reggiardo, argumenta que el JNE cerró toda posibilidad de reparación para los ciudadanos que no pudieron votar el 12 de abril, al declarar inviable la organización de elecciones complementarias o la adopción de medidas correctivas. Según la MML, esta decisión implica una “clausura absoluta” de alternativas para restaurar el sufragio afectado.

La municipalidad sostiene que la omisión del JNE al no corregir las fallas logísticas del proceso electoral repercute directamente en la gestión urbana. El documento presentado al TC señala que la carga de manejar las consecuencias sociales, como movilizaciones y concentraciones derivadas de la controversia electoral, recae sobre la administración limeña. Este escenario afecta competencias municipales relacionadas con el orden urbano, la seguridad ciudadana, el tránsito y la gestión del espacio público, obligando a destinar recursos extraordinarios para contener posibles riesgos en áreas sensibles.

El pedido ante el TC busca una medida cautelar con un “alcance quirúrgico”, es decir, la MML no pretende anular las elecciones ni reemplazar las funciones técnicas del JNE, sino evitar que se consoliden los efectos de una decisión que, según su postura, perpetúa la exclusión de una parte del electorado. La municipalidad advierte que, de no suspenderse el acuerdo, el avance del proceso electoral hacia una segunda vuelta consolidaría una situación de exclusión, dificultando la restitución de derechos incluso en caso de una sentencia posterior favorable del Tribunal Constitucional.