El Gobierno peruano autorizó, mediante el Decreto de Urgencia Nº 003-2026, un rescate financiero de hasta USD 2.000 millones para Petroperú, en respuesta a la crisis energética, la falta de liquidez de la compañía y el impacto de la reciente alza internacional de precios del petróleo.
Los fondos, autorizados como “medidas extraordinarias” (tras una resistencia previa del Ministerio de Economía y Finanzas - MEF), serán finalmente canalizados mediante fideicomisos para garantizar la continuidad operativa y el abastecimiento nacional de combustibles.
Petroperú: el Estado reconoce impacto vulnerabilidad energética
El documento firmado por el presidente José María Balcázar detalla que el conflicto en Medio Oriente y el cierre del estrecho de Ormuz han reducido la oferta mundial de petróleo, encareciendo los precios y poniendo en riesgo la seguridad energética de países importadores como el Perú.
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En esta línea, el decreto destaca que el 74% de la matriz energética nacional depende de hidrocarburos, y que la ausencia de estos insumos tendría efectos negativos en todas las actividades económicas del país.
“No se cuenta con sustituto de los combustibles que se obtienen a partir de los hidrocarburos, de tal manera que afiancen la seguridad energética que demanda el país”, señala.
La canalización, disposición y reposición de recursos se harán a través de fideicomisos, y solo la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) está autorizada para instruir sobre el uso de esos fondos.
MINEM podrá garantizar hasta USD 2.000 millones en garantías
El decreto autoriza a la primera empresa del país a constituir, individualmente o en asociación, un vehículo de propósito especial destinado a canalizar recursos y asegurar la continuidad de sus operaciones.
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Sin embargo, esta operación deberá ser estructurada y acompañada por ProInversión, que también supervisará el uso de los fondos en todo el proceso.
Se establece que el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) podrá asumir compromisos contingentes hasta por el equivalente a USD 2.000 millones, destinados exclusivamente a financiar capital de trabajo, recomponer inventarios de combustibles y cubrir servicios necesarios para la producción de hidrocarburos. En otras palabras, Petroperú se volverá a endeudar con la banca y el Estado pondrá el pecho si no paga; es un aval.
El documento aclara que estos compromisos “no afectarán los fondos orientados a la electrificación rural”, y autoriza compromisos de corto plazo por hasta USD 500 millones que deberán pagarse con los recursos obtenidos por la operación principal.
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ProInversión supervisará el uso de los recursos asignados
Se fija un plazo de 10 días para que ProInversión apruebe el protocolo para canalización y disposición de fondos, y 60 días para el protocolo de administración en el marco del decreto anterior (N° 010-2025).
Además, la petrolera estatal queda exceptuada de las disposiciones de su propio Estatuto que obstaculicen la implementación de estas medidas.
Finalmente, se ordena al Directorio y Gerencia General de la empresa ejecutar los actos societarios necesarios en un plazo máximo de 5 días hábiles tras recibir la decisión de ProInversión sobre el destino de los recursos.
“La atención de los compromisos contingentes en ningún caso afectará los fondos orientados a la electrificación rural”, subraya el documento.
Vigencia y responsabilidades
El Decreto de Urgencia Nº 003-2026 estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2026. La supervisión y validación técnica de los términos de la operación recaerán en ProInversión, que representará al MINEM en la formalización de los compromisos.
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La publicación ocurre días después de que Edmundo Lizarzaburu asumiera la presidencia del directorio de Petroperú, coincidiendo con el regreso de directivos que habían sido removidos por la reestructuración.
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