Petroperú: Lizarzaburu restituye a los veristas en el poder y la auditoría forense de Talara podría nunca llegar

Tras oficializarse el retorno de exgerentes de Petroperú vinculados a la gestión de Óscar Vera a la cúpula de la petrolera estatal, la exgerenta Rita Lorena López Saavedra ha denunciado al gerente general Gustavo Villa Mora por hostilización laboral y represalias.

La denuncia podría alcanzar al actual presidente del directorio, Edmundo Lizarzaburu —con quien López comparte formación académica en ESAN—, a quien se le acusa de “alinearse” con el grupo que busca revertir la reestructuración en la estatal. Mientras, el rescate de USD 2.000 millones ofrecido por el gobierno nunca llega.

A Rita López nunca la perdonaron en Petroperú

López Saavedra asumió la Gerencia General de Petroperú entre el 8 de enero y el 20 de febrero de 2026. Su mandato era implementar la reestructuración ordenada en el Decreto de Urgencia 010-2025, con reducción de gerencias y renovación de la plana directiva.

Enfrentó resistencia interna del Directorio, aunque contó con el respaldo del MEF de Denisse Miralles y ProInversión para avanzar en la reorganización. La vacancia del entonces presidente José Jerí generó un vacío de poder que facilitó su salida y el retorno de Gustavo Villa Mora (su predecesor) a la gerencia general.

Luego de su destitución, la nueva administración revirtió progresivamente las reformas, reincorporando directivos antes removidos -so pretexto de luchar contra la “privatización”-, pero señalados por parte de los sindicatos (son más de 10 en Petroperú) como responsables mediatos de la debacle de la empresa en los últimos años:

• Secretario General (e): Gustavo Alonso Galván Pareja.
• Gerente (e) Corporativo Operaciones: Arturo Alexander Rodríguez Paredes.
• Gerente (e) Operaciones Selva: Steeck Hoffmann Panduro.
• Gerente (e) Operaciones Conchán: Andrés Jesús Galiano Fuentes.
• Gerente (e) Corporativo Planeamiento: Fidel Murrugarra Pelaez.
• Gerente (e) Planeamiento Operacional: Moises Carrasco Bustamante.
• Gerente (e) Corporativo Comercial y Cadena de Suministro: Elder Eloy Ruiz Diaz.
• Gerente (e) Comercialización y Trading de Hidrocarburos: Carlo Javier Prado Lazo.
• Gerente (e) Distribución: Ernesto Gamarra Malpartida.

Al dejar la gerencia, Rita López fue degradada a supervisora, el nivel más bajo de su escala, a pesar de sus 20 años de experiencia y cargos anteriores. En tanto, la nueva cúpula evalúa hoy designar a Iván Montoya, del Área Legal, como nuevo gerente general, que para el caso sería lo mismo.

Y es que más allá de los sueldos, está la aprobación de contratos

En Petroperú, existen dos facciones a la interna: una minoritaria que impulsa reformas y la introducción de gestión privada, y otra mayoritaria que busca mantener el control tradicional de la empresa y se opone a cambios de raíz.

Ambas coinciden en la defensa del rol estratégico de la compañía, pero se disputan las altas gerencias. Sin embargo, los sueldos no serían el motivo de fondo para esta pugna, pues muchos de ellos se encuentran con salarios recortados.

“Los que han vuelto quieren impedir que se haga la auditoría forense de la refinería Talara. No quieren que se sepa lo que realmente ha pasado con ese proyecto y los contratos que han firmado”, dijo una fuente cercana.

Otra fuente señala que, durante la gestión del expresidente Alejandro Narváez, poco se avanzó con este requisito de reestructuración exigido mediante otro decreto previo, el Decreto de Urgencia N.° 013-2024, que tampoco llegó a buen puerto para contratar un CTO (Chief Technology Officer).

“Antes de ser gerenta general, a Rita la retiran de la Gerencia de Planeamiento luego de que Narváez manifestara su desacuerdo con la contratación de una firma externa para la reestructuración. Él consideraba que el proceso debía hacerse dentro de la propia empresa y, ante la insistencia, decidió apartarla del cargo”, explicó.

En la época de Alejandro Narváez, el ingeniero Vera prestaba servicios como gerente general. Ahora último, asesoró activamente al saliente presidente Roger Arévalo, y lo sigue haciendo con Lizarzaburu, de acuerdo con múltiples fuentes.

“Ya la Contraloría encontró observaciones respecto al tema de las unidades auxiliares; ellos temen que se encuentren más cosas. Y no pueden tener dentro de la organización a personas que impulsen esos temas, como López”, agregó. La aparente solución: ahogarla penalmente.

La auditoría forense, la madre del cordero

Tal como informó Infobae Perú, otro exgerente de le petrolera, Jesús Fernando De La Torre, presentó en enero pasado una denuncia penal contra Rita López ante la Segunda Fiscalía Corporativa Penal de San Isidro, bajo expediente N° 506114506-2026-347-0. Se le acusa de falsedad ideológica, omisión de deberes funcionales y blindaje interno.

Ahora, López no tiene dinero para defenderse. Tras la denuncia penal presentada en su contra, solicitó acogerse al Procedimiento PROA1-390, aprobado por el Directorio en julio de 2024 (bajo la gestión de Oliver Stark), que reconoce el derecho al financiamiento legal de trabajadores expuestos a contingencias jurídicas derivadas de su gestión.

Pese a reiteradas solicitudes escritas y verbales, la empresa no ha atendido su pedido y el documento permanece pendiente de la firma, precisamente, del gerente general Gustavo Villa Mora. Para la fuente consultada, el propio Lizarzaburu podría estar detrás de esta omisión.

La denuncia de López, dirigida a SUNAFIL y divulgada en las últimas horas, también advierte que la degradación de su cargo y la negativa de apoyo legal configuran actos de hostilización laboral y represalias por las reformas que impulsó. También responsabiliza a la cúpula de cualquier daño que, a posteriori, le pueda ocurrir.

Esta disputa ha llegado a oídos del presidente de la República, José María Balcázar, sus ministros, y ProInversión, que deben materializar en los próximos días un rescate por hasta USD 2.000 millones, posiblemente como préstamo y no aval. Pero en medio está una reestructuración corporativa que parece jamás llegar.

“No pueden, no quieren que exista esa auditoría -que, forzosamente, tendría que incluir a otros expresidentes de la estatal, como Carlos Paredes Lanatta, que paralizó la refinería y dio pie al default de la petrolera en 2019-. Todo el objetivo es eliminar a las personas que quedan aún en Petroperú que están alineadas a la reestructuración de la empresa, porque saben que van a insistir en esa revisión”, sentencia.