La Contraloría General de la República responsabilizó a siete funcionarios del Ministerio del Interior de causar pérdidas de S/ 574 millones en el programa Perú Seguro 2025, un proyecto que la entonces presidenta, Dina Boluarte, consideraba fundamental en la lucha contra la delincuencia. Este programa, impulsado como parte de las políticas de seguridad de los últimos gobiernos, tenía como objetivo mejorar la capacidad operativa de la Policía Nacional del Perú.
El informe revela múltiples irregularidades, entre ellas la aprobación de pagos indebidos, la liberación cuestionada de penalidades contractuales y la adquisición irregular de cámaras corporales, junto con contrataciones fraccionadas para eludir procedimientos establecidos.
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Una de las observaciones más graves
Una de las acciones más graves detectadas fue la liberación, a favor del contratista, de una penalidad por S/ 310.000,23, aplicada en principio por incumplimiento de las obligaciones contractuales. Este hecho se encuentra vinculado al contrato N° 019-2022/IN/PS2025, mediante el cual se adquirieron 216 bodycams y tres dockers por un monto de S/ 3.100.002,30 para la plataforma de gestión de cámaras corporales en comisarías de Barrio Seguro.
El Informe de Auditoría de Cumplimiento N° 035-2025-2-0282-AC detalla que distintos altos funcionarios, incluyendo el director ejecutivo, el jefe de administración, el jefe de asesoría jurídica, el responsable y un especialista del área de adquisiciones, así como el coordinador y un analista del componente 1 del programa, participaron en la gestión y aprobación de la enmienda N° 3 del contrato. Dicha enmienda otorgó al proveedor un plazo adicional de 50 días calendario para cumplir con el entregable número tres: traslado, instalación y puesta en funcionamiento de las bodycam y los dockers.
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El problema radica en que esa ampliación de plazo se otorgó de manera irregular, pues la solicitud del proveedor se presentó tres días después del vencimiento del plazo original del contrato, lo cual impide legalmente su aprobación. Además, los motivos expuestos por el contratista no contaron con sustento técnico ni documental que justificara la demora; los argumentos carecían de veracidad, como concluyó la auditoría.
Compras fraccionadas
La auditoría de la Contraloría identificó que el director ejecutivo, el jefe de la oficina de administración y el responsable de adquisiciones de Perú Seguro 2025 intervinieron en la autorización, emisión y ejecución de ocho órdenes de servicio de manera fraccionada, destinadas a la instalación de puntos de red, puntos de energía eléctrica y repisas en 75 comisarías de la Policía Nacional del Perú.
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No obstante, estos trabajos correspondían a obligaciones ya incluidas en el contrato principal de compra de las bodycam, según lo estipulado en las especificaciones técnicas del contrato N° 019-2022/IN/PS2025. Los funcionarios involucrados estaban plenamente informados de este aspecto, de acuerdo con los documentos suscritos por cada uno. Al autorizar órdenes de servicio separadas para tareas incluidas en las responsabilidades del contratista, los funcionarios incurrieron en un incumplimiento de los términos contractuales y de los numerales relacionados con las especificaciones técnicas y la solicitud de ofertas.
Esta práctica generó un desembolso adicional de S/ 264.830 a cargo del Ministerio del Interior, monto que no debió haberse pagado, ya que los servicios formaban parte de las obligaciones contractuales del proveedor de las bodycam.
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Todas estas observaciones fueron trasladadas al Ministerio del Interior, que deberá analizar y ejecutar las acciones correctivas correspondientes.La falta de control efectivo, la indebida liberación de penalidades y la validación de pagos sin el debido respaldo con una cifra que asciende aS/ 574 millones, el caso pone en la mira la gestión
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