Segunda Vuelta 2026: Las razones detrás de la herencia política que persigue a Keiko Fujimori

El apellido Fujimori continúa generando polarización en la política peruana. Más de dos décadas después del final del régimen de Alberto Fujimori, su hija, Keiko Fujimori, sigue enfrentando el peso de las decisiones y controversias que marcaron el gobierno de su padre en los años 90.

El gobierno de Alberto Fujimori estuvo marcado por un periodo de reformas económicas drásticas, violaciones a derechos humanos y múltiples escándalos de corrupción que aún impactan la percepción pública.

Keiko Fujimori y su vínculo con el poder

La figura de Keiko Fujimori Higuchi se asocia de manera ineludible al legado de Fujimori padre. En 1994, Keiko Fujimori fue designada Primera Dama de Perú tras la destitución de su madre, Susana Higuchi, quien denunció abusos y corrupción en el entorno presidencial. Desde entonces, la imagen de Keiko ha estado ligada a las decisiones de su progenitor, tanto en los momentos de auge como en los de crisis de la administración fujimorista. Su papel en la escena pública comenzó en pleno apogeo del poder fujimorista y se consolidó durante las sucesivas elecciones presidenciales en las que participó como candidata.

Durante el gobierno de Alberto Fujimori, Perú vivió una transformación económica radical. El país pasó de una economía golpeada por la hiperinflación y la violencia terrorista a una etapa de estabilidad macroeconómica, tras la implementación de medidas de austeridad conocidas como el “Fujishock”. Sin embargo, el costo social fue elevado: miles de peruanos perdieron empleo y la pobreza se intensificó en los primeros años.

Estas políticas, junto con la privatización masiva y la represión de movimientos insurgentes, consolidaron la figura de Fujimori como un líder efectivo para algunos sectores, mientras otros lo responsabilizan por graves violaciones a los derechos humanos y corrupción sistémica.

El pasado siempre presente

La relación política y simbólica entre Keiko Fujimori y su padre se fortaleció tras el autogolpe de 1992 y la reelección presidencial de 1995. Durante este periodo, el entorno fujimorista concentró el poder, eliminó contrapesos institucionales y promovió una cultura política basada en la lealtad al líder. La hija mayor del exmandatario capitalizó la imagen de eficacia y mano dura, pero también heredó el descrédito por los excesos del régimen.

Pese a los esfuerzos por construir una carrera política propia, la trayectoria de Keiko Fujimori ha estado marcada por la necesidad de justificar, matizar o distanciarse de las acciones cometidas bajo el gobierno de Alberto Fujimori. Durante sus campañas presidenciales, la candidata ha defendido logros como la derrota del grupo terrorista Sendero Luminoso y el MRTA así como la estabilización económica y la consolidación de Perú como país clave en el ámbito internacional tras su adhesión en 1997 a la APEC.

Los pasivos heredados

No obstante, ella ha debido responder por hechos como la disolución del Congreso el 5 de abril de 1992, las esterilizaciones forzadas y los casos de corrupción encabezados por el exasesor Vladimiro Montesinos. En reiteradas ocasiones, la lideresa del fujimorismo ha atribuido los delitos de lesa humanidad y el saqueo del Estado a colaboradores cercanos de su padre, evitando una condena directa a la figura del expresidente.

En el discurso público, Keiko Fujimori ha oscilado entre el reconocimiento de “errores” y la defensa de la gestión de su padre. La lideresa de Fuerza Popular ha descrito como “excesos” los abusos cometidos y ha prometido no repetir prácticas autoritarias.

No obstante, amplios sectores de la sociedad peruana perciben estas posturas como insuficientes. El antifujimorismo, un movimiento social y político que rechaza cualquier regreso del fujimorismo al poder, se ha consolidado como una de las fuerzas más vigorosas durante cada proceso electoral desde el año 2016 cuando por escaso margen propiciaron la victoria de Pedro Pablo Kuckzynski.

La narrativa política de Keiko Fujimori se sustenta en la reivindicación de la eficacia frente a la inseguridad y la inestabilidad, pero la memoria colectiva sobre el periodo de los noventa impone límites claros. La condena a 25 años de prisión por violaciones a los derechos humanos y corrupción contra Alberto Fujimori robusteció la idea de una responsabilidad familiar y política compartida entre padre e hija. Además, los escándalos contemporáneos que han salpicado a Keiko, como las investigaciones por lavado de activos en el marco del caso Odebrecht, han reforzado la percepción de continuidad en las prácticas políticas cuestionadas.

La opinión pública

La sociedad peruana mantiene una postura ambivalente frente al fujimorismo. Si bien una parte del electorado reconoce los logros en seguridad y economía del periodo fujimorista, otra parte considera inaceptable cualquier reedición del autoritarismo y la corrupción. Las encuestas citadas por el medio muestran que la candidata mantiene un nivel alto de rechazo.

La designación de Keiko Fujimori como heredera del fujimorismo ocurre en un contexto donde el apellido representa tanto un pasado de orden y desarrollo como uno de arbitrariedad y abuso de poder. Esta dualidad explica que, aun cuando Keiko Fujimori ha intentado mostrar autonomía y modernización en su propuesta, la sombra del pasado sigue condicionando su presente político.

El fenómeno de la herencia política en el Perú, ejemplificado en la figura de Keiko Fujimori, revela cómo la memoria de un periodo marcado por logros y traumas colectivos persiste como un factor decisivo en la opinión pública. Mientras el país debate su futuro, el pasado de los años noventa continúa siendo una referencia inevitable en la discusión sobre la legitimidad y el papel de los herederos de regímenes controvertidos.