Capturan a empresario prófugo por el Caso Saweto tras más de 11 años: estaba sentenciado por asesinato

José Carlos Estrada Huayta fue ubicado en Ucayali tras meses de seguimiento policial, pese a tener una condena de más de 28 años que no se había ejecutado desde 2025

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La Policía Nacional del Perú capturó en Campo Verde, Ucayali, a José Estrada Huayta, uno de los sentenciados a 28 años por el asesinato de cuatro líderes nativos en el emblemático caso Saweto. El sujeto se encontraba prófugo de la justicia. | Canal N

El empresario José Carlos Estrada Huayta, uno de los condenados por el asesinato de cuatro líderes indígenas ashéninkas de la comunidad Alto Tamaya-Saweto, fue capturado este lunes 4 de mayo de 2026 en la región Ucayali, tras permanecer prófugo pese a tener una sentencia firme en su contra. El implicado figuraba en la lista de “Los más buscados” del Ministerio del Interior, que incluso ofrecía una recompensa para lograr su ubicación.

La detención se produjo luego de varios meses de búsqueda, a pesar de que Estrada Huayta ya había sido condenado a 28 años y 3 meses de prisión, pena confirmada en segunda instancia en 2025. El sentenciado es uno de los responsables del asesinato de los dirigentes ashéninkas Edwin Chota, Jorge Ríos, Francisco Pinedo y Leoncio Quintisima, crimen ocurrido en 2014 y considerado uno de los casos más graves de violencia contra defensores indígenas en el Perú.

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Captura de José Carlos Estrada Huayta reactivó el Caso Saweto tras años de búsqueda

Caso Saweto - Prófugo - Medio ambiente - Perú - 4 mayo
Composición: Infobae Perú

La intervención de José Carlos Estrada Huayta se concretó en el distrito de Campoverde, provincia de Coronel Portillo, en Ucayali, donde fue ubicado por las autoridades tras su inclusión en el Programa de Recompensas. Su captura marca un avance en la ejecución de la sentencia del Caso Saweto, que permanecía pendiente debido a la fuga de los condenados.

El proceso judicial estableció la responsabilidad de Estrada Huayta y otros implicados por el delito de homicidio calificado con alevosía, además del pago de una reparación civil a favor de los familiares de las víctimas. Sin embargo, la condena no había podido ejecutarse completamente, ya que varios de los responsables no habían sido detenidos.

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En febrero de 2026, el Ministerio del Interior confirmó la inclusión de los sentenciados en la lista de “Los más buscados”, medida que buscaba acelerar su captura tras más de una década del crimen. En ese grupo también figuran Hugo Soria Flores, Josimar Atachi y Segundo Atachi, quienes aún continúan prófugos.

Qué es el Caso Saweto y por qué sigue siendo un símbolo de la defensa indígena

caso saweto
- crédito composición Infobae Perú / Ojo Público

El Caso Saweto se originó tras el asesinato de los líderes ashéninkas de la comunidad Alto Tamaya-Saweto, en la región Ucayali, quienes denunciaban actividades de tala ilegal en sus territorios. Edwin Chota, Jorge Ríos, Francisco Pinedo y Leoncio Quintisima fueron emboscados luego de recibir amenazas por su labor de defensa ambiental.

Este crimen generó una fuerte reacción tanto a nivel nacional como internacional, al evidenciar la vulnerabilidad de los defensores ambientales frente a economías ilegales. Durante más de once años, las familias de las víctimas y organizaciones como la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) exigieron justicia, denunciando retrasos en el proceso judicial y falta de acción estatal.

No fue sino hasta 2025 que se confirmó una sentencia firme de 28 años y 3 meses de prisión contra los responsables, entre ellos empresarios madereros y sus cómplices, por el delito de homicidio calificado con alevosía. Sin embargo, la condena no se ejecutó de inmediato debido a que varios de los implicados permanecían prófugos.

Desde organizaciones como AIDESEP se ha señalado que la captura de uno de los condenados representa un avance en la búsqueda de justicia, aunque aún queda pendiente la detención del resto de responsables para que la sentencia se cumpla en su totalidad. Mientras tanto, el caso continúa bajo seguimiento de las autoridades y de las comunidades indígenas que exigen garantías de protección en sus territorios.