Alcalde del Cusco se da a la fruga tras orden de arresto por corrupción y red criminal: pidió vacaciones y desapareció

La autoridad de La Convención, Alex Curi, no fue localizado tras la orden de detención preliminar. Días antes del operativo, solicitó licencia por vacaciones y dejó la alcaldía a cargo del primer regidor

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El alcalde de La Convención (Cusco), Alex Curi, permanece no habido tras dictarse una orden de detención preliminar por presuntos delitos de cohecho pasivo propio

El alcalde de La Convención (Cusco), Alex Curi, permanece en condición de no habido luego de que el Poder Judicial dictara una orden de detención preliminar por siete días por presuntos delitos de cohecho pasivo propio y organización criminal en la municipalidad provincial.

Por disposición del Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, se realizó una intervención que incluyó el allanamiento de la sede municipal y su vivienda, sin lograr ubicarlo.

Durante el operativo, la Fiscalía incautó documentos considerados relevantes para la investigación y detuvo a Juan Ramos, exconductor del alcalde, quien también cuenta con una orden de arresto similiar. El Ministerio Público solicitó la detención de seis personas, pero el juzgado solo autorizó la medida para dos de los investigados; los otros cuatro siguen bajo investigación.

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El jefe encargado de la Región Policial del Cusco, Carlos Guizado, confirmó que Curi se dio a la fuga previo al operativo. “No se encontraba y no se pudo ejecutar la detención que había solicitado el juzgado correspondiente”, indicó.

Fiscalía de la Nación - Ministerio Público
El Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios ordenó la intervención en la sede municipal y la vivienda del alcalde, pero no lograron ubicarlo

De acuerdo con un reporte de la radio Exitosa, el burgomaestre gestionó una licencia por vacaciones días antes del operativo y dejó la responsabilidad de la alcaldía al primer regidor, Jerónimo Soria, mediante una resolución emitida el 28 de abril.

La investigación fiscal comenzó en 2024 tras una denuncia por supuestas irregularidades en los procesos de licitación de la municipalidad. Según la hipótesis del Ministerio Público, se habría montado un esquema para favorecer a ciertos proveedores mediante la entrega de cotizaciones, direccionamiento de requerimientos y adjudicación de órdenes de compra.

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El fiscal anticorrupción Omar Rivera precisó que el caso incluye la declaración de un colaborador eficaz, documentos financieros, videos, capturas de conversaciones y otros elementos probatorios. “Se encontraron varios elementos, pero primero debíamos revisarlos antes de emitir un pronunciamiento… eran hechos que aún se investigaban”, sostuvo.

Retrato de Máximo Rimachi Morales, un hombre de mediana edad con cabello oscuro, vistiendo un traje gris, corbata azul y una banda ceremonial multicolor
Un caso similar ocurrió en mayo, cuando el alcalde de San Jerónimo, Máximo Rimachi Morales, y cuatro funcionarios fueron intervenidos en estado de ebriedad dentro de una camioneta oficial

Caso similar

En mayo pasado, otro alcalde de la región fue intervenido junto a cuatro funcionarios municipales tras encontrarlos dentro de una camioneta oficial, en estado de ebriedad.

Las autoridades hallaron la camioneta Toyota Hilux, de placa EAI-463, estacionada en la asociación provivienda Virgen del Rosario cerca de las 22:00 horas. Dentro del vehículo se encontraron botellas y latas de cerveza.

Cuatro de los cinco ocupantes, incluido el alcalde de San Jerónimo, Máximo Rimachi Morales, dieron positivo en la prueba etílica cualitativa practicada por el médico legista. El conductor de la camioneta fue el único que no presentó indicios de haber consumido alcohol.

Luego de la intervención, los detenidos fueron trasladados a la comisaría de San Jerónimo para su identificación y la realización de los exámenes médicos correspondientes.

El presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Cusco, Manuel Mayorga Zárate, confirmó que, de comprobarse el delito de peculado de uso, los implicados podrían enfrentar prisión preventiva y una sanción de hasta cinco años de pena privativa de la libertad.

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