El exfiscal del Equipo Especial Lava Jato, que representa legalmente al expresidente Pedro Castillo, condenado a más de 11 años de prisión, cuestionó los fundamentos del fallo y sostuvo que los jueces nunca establecieron en la sentencia que hubo un golpe de Estado el 7 de diciembre de 2022.
José Domingo Pérez sostuvo que el expresidente “necesita el ejercicio de la defensa ante un proceso plagado de muchas irregularidades e injusticias” y afirmó que existe “un consenso en coincidir en que el presidente es un preso político que se encuentra secuestrado en este momento, porque no se le permitió el ejercicio libre de su defensa”.
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La sentencia no menciona golpe de Estado, según Pérez
El argumento central de la nueva defensa descansa en una lectura literal de la sentencia condenatoria. Pérez afirmó haber revisado íntegramente el fallo y aseguró que ninguno de sus párrafos establece que hubo un golpe de Estado. “He leído todas las hojas de su sentencia y no hay una línea en donde los jueces digan que hubo golpe de Estado”, declaró. Agregó que, según el propio texto de la sentencia, quien cerró las puertas del edificio del Congreso fue la legisladora Martha Moyano, hecho que atribuye a una integrante del fujimorismo.
Pérez también cuestionó la narrativa que circula en medios de comunicación. “Se escucha a muchos periodistas de prestigio decir que el presidente Pedro Castillo cerró el Congreso, y eso no está en la sentencia”, señaló. Para el abogado, la condena no responde a actos de corrupción ni a la alteración del régimen democrático, sino a la lectura de una proclama.
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“A Pedro Castillo no se le ha condenado por ensuciarse las manos, como ha ocurrido con otros gobernantes. Fue condenado por leer una proclama de lo que él creía que era correcto para el pueblo”, afirmó.
En esa línea, Domingo Pérez recordó que el hecho político en cuestión fue archivado por el propio Congreso y cuestionó la proporcionalidad de la pena. “Más de 11 años no se puede condenar a una persona por ese hecho”, sostuvo.
Críticas al tribunal y acusaciones de parcialidad
La defensa también apunta a la composición del tribunal que juzgó a Castillo. Pérez acusó a los magistrados de haber tenido “una parcialidad manifiesta y una sentencia anticipada” antes de concluir el juicio oral. Además, el exfiscal se incluyó entre las víctimas del sistema que critica: “También soy víctima de toda esta componenda mafiosa que gobierna las instituciones en este momento, y en ese orden vengo ejerciendo ya mi profesión como abogado”.
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Respecto al camino legal, Pérez indicó que utilizará el reconocimiento internacional de Castillo como preso político como uno de los recursos centrales de su estrategia de defensa, con el objetivo de lograr su libertad.
El indulto en la campaña electoral
La incorporación de Domingo Pérez a la defensa de Castillo llega en un contexto político sensible, a pocos días de las elecciones generales. Diversas agrupaciones políticas han incluido en sus plataformas la propuesta de indultar al expresidente. Sobre esto, el también exfiscal expresó su deseo de que la libertad de Castillo “se pueda dar lo más pronto posible” y destacó que múltiples candidatos coinciden en que fue privado de su cargo de forma inconstitucional.
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La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, reaccionó con dureza al conocer la noticia. “Lo que se está demostrando es lo que yo ya había señalado desde hace muchos años: él no era un fiscal, era una persona con un sesgo político, y hoy se ha demostrado su verdadero color”, declaró en Canal N. Fujimori también acusó a Pérez de haber “utilizado los presupuestos del Estado para perseguir al enemigo político”.
Exfiscal José Domingo Pérez asume la defensa legal del expresidente Pedro Castillo. X.com
La salida de José Domingo Pérez del Ministerio Público
El anuncio de Pérez como defensor de Castillo se produce semanas después de su salida del Ministerio Público. En marzo de 2026, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) decidió por unanimidad no ratificarlo como fiscal provincial especializado en delitos de corrupción de funcionarios de Lima, tras evaluar su desempeño entre diciembre de 2011 y marzo de 2026.
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La JNJ señaló deficiencias en la estructura de algunas de sus acusaciones, entre ellas las observadas por el Tribunal Constitucional al anular una acusación por afectar el derecho de defensa de un imputado. Pérez obtuvo 94.487 puntos en el rubro de idoneidad técnica, pero las observaciones de fondo resultaron determinantes para la decisión del organismo. El caso más conocido bajo su conducción fue el denominado “caso Cócteles”, que involucró a Keiko Fujimori y a Fuerza Popular.
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