La Junta Nacional de Justicia (JNJ) acordó no ratificar al juez superior Oswaldo Ordóñez Alcántara por haber denunciado las denominadas ‘leyes procrimen’ del Congreso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en noviembre de 2024.
La ponencia estuvo a cargo del consejero Cayo Galindo y solo recibió el voto a favor de Germán Serkovic. María Teresa Cabrera (presidenta), Víctor Chanduví y Gino Ríos también respaldan la no ratificación, pero por toda la intervención de Ordoñez ante la CIDH y no solo por unas declaraciones como se planteó en la ponencia.
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Los consejeros Francisco Távara y Jaime de la Puente fueron los únicos en mostrarse a favor de que el juez superior y presidente de la Primera Sala en lo Constitucional de Lima siga en funciones.
En la ponencia de Cayo Galindo se propuso no calificar las críticas que hizo Oswaldo Ordoñez a las leyes consideradas ‘procrimen’, como la que prescribe delitos de lesa humanidad, la que limita la colaboración eficaz, la que eleva los supuestos de crimen organizado y la ley que favorece la minería ilegal. Estas expresiones, según la ponencia, fueron de carácter técnico-jurídico, por lo que están protegidas por el derecho a la libertad de expresión. Esta primera conclusión solo fue apoyada por el consejero Serkovic. Para Cabrera, Chanduví y Ríos, según adelantaron, sí deberían calificarse negativamente.
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Galindo sí consideró que el juez “asumió una posición política determinada” al manifestar ante la CIDH que “una mayoría parlamentaria que controla el Congreso, en coordinación con el Gobierno, sistemáticamente viene desestabilizando el sistema de justicia”. Dijo que es una postura “contraria o crítica respecto a la actuación de determinados actores políticos que integran el Parlamento”, a pesar de que no nombró explicítamente qué congresistas o bancadas. Esto, dice la ponencia, se sobreentiende a partir de las votaciones de las cuestionadas normas.
La ponencia también pone en duda la independencia de Oswaldo Ordóñez. “Un magistrado no se puede permitir referir y criticar públicamente a sectores del Parlamento sin que eso ponga en cuestionamiento el deber judicial que le asiste de mostrarse ante la ciudadanía como un magistrado independiente”, dijo.
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Otras declaraciones de Ordoñez que el informe reprocha son donde advierte que las leyes aprobadas vienen “maniatando a los jueces y fiscales en su lucha contra el crimen organizado” y “generando el incremento exponencial de la delincuencia y la inseguridad”.
Gran parte de la exposición –ininteligible por momentos debido constantes fallas en la transmisión de la JNJ– se centra en que el juez evaluado dio declaraciones políticas sobre actores políticos, que, dicen, ponen en duda su independencia en procesos donde el Congreso es parte demandada.
Cabe precisar que durante la audiencia donde Oswaldo Ordóñez fue maltratado, advirtió que dichas declaraciones vienen siendo investigadas por la misma JNJ en una investigación disciplinaria, por lo que valorarlas en el proceso de ratificación vulneraría el principio de ne bis in idem. Sin embargo, desestimaron este argumento.
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Lo que viene
Con esta decisión de la JNJ, Oswaldo Ordóñez no podrá seguir desempeñándose como juez superior de la Corte de Lima, aunque presente el recurso de reconsideración para intentar revertir el fallo.
Lo más probable es que la Junta confirme la no ratificación. En ese escenario, Ordóñez podrá plantear la demanda de amparo ante el Poder Judicial.
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