La metamorfosis de José Domingo Pérez: de perseguir la corrupción a streamer y abogado del encarcelado Pedro Castillo

El destituido fiscal anticorrupción José Domingo Pérez informó este lunes que asumió la defensa del expresidente Pedro Castillo (2021-2022), quien cumple una condena de 11 años y cinco meses de prisión por su fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022, un anuncio que ha generado reacciones en diferentes sectores.

Pérez, quien acusó a la actual candidata presidencial Keiko Fujimori, así como a los expresidentes Alejandro Toledo (2001-2006) y Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), afirmó que su defensa se centra en la condena impuesta a Castillo por intentar cerrar el Congreso, que previamente buscó destituirlo ante destapes de corrupción.

“El presidente es un preso político que se encuentra secuestrado en este momento porque no se le permitió el ejercicio libre de su defensa”, ha declarado uno de los rostros más conocidos del Ministerio Público, que ahora respalda de manera legal al exgobernante.

Perfil y retiro

Pérez se incorporó al Equipo Especial Lava Jato en 2018 y obtuvo condena contra Toledo de 20 años de prisión por colusión y lavado de activos, y también ha acusado por lavado de activos a Kuczynski y a la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán.

El magistrado, que inició recientemente el programa digital ‘Mejor con Domingo’, cumple una suspensión de seis meses dictada por la Autoridad Nacional de Control (ANC) por presuntas infracciones administrativas graves durante la acusación por lavado de activos contra Fujimori, lideresa de Fuerza Popular y de las preferencias electorales de cara las elecciones del próximo 12 de abril.

La ANC lo sancionó por haber presentado una acusación sin la debida fundamentación fáctica, jurídica y probatoria, y consideró que su conducta comprometió los deberes inherentes al cargo y afectó “la recta impartición de justicia y el debido proceso”.

En marzo último, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) decidió no ratificarlo, luego de analizar el informe presentado por su presidenta, María Teresa Cabrera, que respaldaba su destitución. Entre las razones, la JNJ mencionó la sentencia del Tribunal Constitucional que archivó la acusación de Pérez contra Fujimori, al considerar que la omisión de aportes recibidos en las campañas de 2011 y 2016 no constituía delito en ese momento.

Aunque anunció que presentaría un recurso de reconsideración ante su retiro, Pérez ahora representa a Castillo, quien intentó cerrar el Congreso, intervenir el sistema judicial y convocar a una asamblea constituyente.

El exmandatario, cuya familia se encuentra asilada en México, también es acusado de liderar una organización criminal dedicada a obtener dinero mediante licitaciones fraudulentas de obras públicas, delitos contra la administración pública en la modalidad de tráfico de influencias agravado y complicidad en colusión.

“Diversas agrupaciones políticas que están en esta contienda electoral coinciden con la libertad del presidente Pedro Castillo, porque se ha determinado que de una manera inconstitucional fue privado del ejercicio de su cargo en un proceso judicial plagado de irregularidades”, ha afirmado sobre su encarcelamiento.

“También soy víctima de toda esta componenda mafiosa que gobierna las instituciones en este momento y en ese orden vengo ejerciendo ya mi profesión como abogado”, agregó.