
El presidente interino José María Balcázar otorgó la primera gracia presidencial de su Gobierno a una mujer que fue condenada a 4 años de prisión por usurpación y daños, ambos delitos en su modalidad agravada.
La gracia presidencial otorgada fue la de conmutación de pena, según la resolución suprema 092-2026-JUS publicada este jueves 30 de abril en el diario oficial El Peruano.
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La beneficiada es Betty Marilu Bolivar Bermúdez, una mujer de Ayacucho que, si bien fue condenada en 2016 a 4 años de prisión suspendida sujeto al cumplimiento de reglas de conducta, en 2018 se le fue revocada por no cumplir con pagar la reparación civil de 30 mil soles que se le impuso. Y es que, a dos años desde que fue sentenciada, ella y los otros involucrados cancelaron menos de mil soles a la parte agraviada.

Así, se ordenó su inmediata ubicación y captura para que sea ingresada a un penal. No obstante, según el expediente judicial al que accedió Infobae, Bolivar Hernández no fue detenida sino hasta noviembre de 2022, es decir, estuvo 4 años inubicable para la Policía Nacional del Perú.
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El Poder Judicial entonces dispuso que la pena de 4 años de prisión efectiva vencería el 4 de noviembre de este año. Cabe precisar que la mujer logró que se le conceda el beneficio penitenciario de semilibertad, es decir, salió del penal tras cumplir un tercio de la pena a fin de estudiar o trabajar, aunque de todos modos tenía que concurrir al penal para los controles correspondientes.
Sin embargo, José María Balcázar al otorgar la gracia presidencial conmutó la pena de 4 años de prisión para que esta venza este jueves 30 de abril. Esta decisión llega tras una evaluación que determinó que la mujer cuenta con buena conducta y ha trabajado para lograr su resocialización.
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“En tal sentido, seguir cumpliendo la pena que se impuso a la liberada, ha perdido todo sentido jurídico y sancionador; siendo necesario que el Estado renuncie parcialmente al ejercicio de su poder punitivo, al advertir que la liberada no representaría un peligro para la sociedad, considerando objetivamente las condiciones favorables que demostrarían su reinserción”, se lee en la resolución suprema.

El caso
Betty Marilú Bolívar Bermúdez fue hallada responsable como cómplice secundaria de los delitos de usurpación y daño agravado. Los hechos se remontan al 3 de agosto de 2012 en Huamanga, Ayacucho, durante un accidentado proceso de desalojo.
Según la sentencia, Bolívar prestó un auxilio determinante al facilitar el techo de su vivienda para que una turba lanzara piedras contra el inmueble de los agraviados y las autoridades presentes. Asimismo, se comprobó que su domicilio fue utilizado para esconder a sujetos contratados que participaron en el ataque violento, el cual incluyó destrozos materiales y agresiones físicas. Aunque la acusada alegó no haber estado en el lugar, su participación fue acreditada mediante la visualización de videos y testimonios de las víctimas.
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La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema confirmó el fallo al declarar “no haber nulidad” en la condena de 4 años de pena privativa de la libertad suspendida y el pago solidario de 30 mil soles por concepto de reparación civil.
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