El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) autorizó el viaje de dos altos funcionarios a Washington D.C., Estados Unidos, con el objetivo de representar al Perú en audiencias y reuniones técnicas ante la investigación iniciada por autoridades estadounidenses sobre importaciones vinculadas al trabajo forzoso.
La decisión se formalizó mediante la Resolución Ministerial N° 114-2026-MINCETUR, publicada el 27 de abril de 2026, y se enmarca en una macroinvestigación abierta en marzo por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) contra 60 economías —incluyendo China, la Unión Europea y varios países de América Latina y Asia— por presunta falta de control sobre productos importados fabricados con trabajo forzoso.
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Investigación global: potencias y países latinoamericanos bajo escrutinio
La pesquisa, basada en la Sección 301 de la Ley de Comercio de Estados Unidos, abarca a grandes economías como China, Japón, Australia, Canadá, Reino Unido, Unión Europea, India, Corea del Sur y Vietnam, junto a países de América Latina como Argentina, Brasil, México, Colombia, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Honduras, Nicaragua, Uruguay y Venezuela.
El objetivo es determinar si estos gobiernos “no implementan medidas efectivas para prohibir la entrada de productos vinculados a la trata de personas o trabajo forzoso”, lo que podría constituir una práctica discriminatoria y lesiva para el comercio estadounidense.
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Aunque el anuncio ha vuelto a poner los reflectores sobre China y su influencia en las cadenas globales de suministro, el proceso incluye también una amplia gama de territorios, desde economías desarrolladas hasta países emergentes de África y el Caribe, como Nigeria, Argelia, Trinidad y Tobago, Surinam, Bahamas y Barbados.
La delegación peruana —integrada por el director general de Negociaciones Comerciales Internacionales y la directora de Norteamérica y Europa del MINCETUR— tiene la misión de exponer la posición nacional en las audiencias públicas programadas, así como en reuniones técnicas con las autoridades estadounidenses.
Posibles impactos y defensa comercial
La acción estadounidense podría sentar las bases para imponer nuevos aranceles o restricciones comerciales a los países que, a juicio de Washington, no cumplen con estándares suficientes para combatir el trabajo forzoso en sus exportaciones.
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La administración norteamericana justificó la medida por la “persistencia global” de esta problemática y el impacto que genera en la industria y los trabajadores estadounidenses.
Por su parte, el MINCETUR subrayó el compromiso de Perú con los convenios internacionales y la normativa laboral vigentes, y destacó la importancia de defender la reputación del país frente a posibles restricciones comerciales.
La participación en las audiencias constituye una oportunidad para presentar los avances y políticas nacionales en la materia, en un contexto de mayor escrutinio internacional sobre las cadenas de suministro. La misión oficial de Perú inicia hoy 28 de abril y durará hasta el próximo viernes 1 de mayo de 2026.
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China rechaza la investigación y cuestiona motivaciones políticas
Las audiencias y diálogos técnicos forman parte del proceso de consulta establecido por la USTR, que escuchará los argumentos de los países involucrados antes de tomar una decisión sobre eventuales represalias comerciales.
El resultado de la investigación podría afectar tanto el acceso de productos peruanos al mercado estadounidense como la relación comercial con Washington.
El titular de la USTR, Jamieson Greer, sostuvo hace una semana que los resultados de la investigación podrían justificar “nuevas acciones para contrarrestar los efectos negativos de la importación de productos vinculados con violaciones laborales”.
El gobierno chino manifestó su “firme oposición” a la investigación estadounidense, calificándola de acto proteccionista y unilateral que “perturba gravemente el orden económico y comercial internacional”, según la agencia Xinhua.
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Pekín alegó que Washington utiliza el tema del trabajo forzoso como “pretexto” para imponer barreras comerciales, subrayando que China ha ratificado múltiples convenios internacionales sobre derechos laborales.
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