EEUU investiga a 60 países por supuestas prácticas comerciales relacionadas con el trabajo forzoso

El proceso para recoger testimonios por parte de las economías objeto de la investigación ya tiene fecha: de acuerdo con la información divulgada, las audiencias se celebrarán el 28 de abril, y quienes deseen participar deberán presentar comentarios escritos y solicitudes para comparecer antes del 15 de ese mes. Esta fase implica que los gobiernos involucrados y las partes interesadas podrán argumentar su postura ante las autoridades estadounidenses, formando parte de la revisión iniciada esta semana sobre las prácticas relativas al ingreso de productos fabricados bajo condiciones laborales forzadas.

Según publicó la oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés), liderada por Jamieson Greer, los procedimientos comenzaron este jueves y alcanzan a 60 países y territorios, incluidas grandes economías como la Unión Europea, China, India y Brasil, además de otras naciones de Asia, América Latina, África, Oriente Medio y Oceanía. El objetivo de la acción consiste en verificar hasta qué punto estos gobiernos han adoptado medidas efectivas y suficientes para impedir la importación de bienes originados a partir de trabajo forzado, una problemática que las autoridades estadounidenses han calificado de persistente y global.

El medio detalló que la investigación tiene sustento en la Sección 301(b) de la Ley de Comercio de 1974, la cual faculta a Estados Unidos a responder ante prácticas extranjeras consideradas injustificadas, poco razonables o discriminatorias que representen una restricción al comercio estadounidense. Esta legislación se usa tanto para examinar políticas como para aplicar posibles represalias comerciales si se constata que los países investigados no cumplen con los requisitos para combatir el trabajo forzado en su actividad exportadora.

Jamieson Greer afirmó que, aunque existe consenso internacional en rechazar el trabajo forzado, muchos gobiernos no han implementado o hecho cumplir de manera rigurosa la prohibición de ingresar a sus mercados productos fabricados bajo estas condiciones. El representante comercial también señaló que la competencia desleal proveniente de estos bienes afecta tanto a trabajadores como a empresas estadounidenses, pues se enfrentan a rivales que pueden reducir sus costos de manera artificial al recurrir a prácticas laborales ilegales.

De acuerdo con lo informado por la USTR, el estudio pretende determinar si los actos o políticas de cada una de las naciones investigadas constituyen una carga discriminatoria o injustificada para el comercio de Estados Unidos. La investigación busca definir si la falta de control sobre las importaciones relacionadas con trabajo forzado genera restricciones que afectan a los sectores productivos estadounidenses.

La lista de países investigados incluye una variedad de territorios de todos los continentes: desde potencias económicas como Japón, Australia, Canadá y Reino Unido, hasta países de África como Nigeria y Argelia, y estados insulares del Caribe y Asia. En América Latina, destacan Argentina, Brasil, México, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Honduras, Chile, Perú, Nicaragua, Uruguay y Venezuela.

El medio consignó que esta iniciativa ocurre en un contexto en el que las autoridades estadounidenses han multiplicado las acciones comerciales para proteger tanto a su industria como a sus trabajadores ante lo que consideran prácticas abusivas desde el extranjero. El miércoles previo al anuncio actual, la administración inició investigaciones amparadas en la misma sección legal contra China, la Unión Europea, Singapur, Suiza, Noruega, Indonesia, Malasia, Camboya, Tailandia, Corea del Sur, Vietnam, Taiwán, Bangladés, México, Japón e India. Estas investigaciones podrían permitir la imposición de gravámenes adicionales a las importaciones desde esas naciones, luego de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos declarase ilegales los llamados “aranceles recíprocos” en abril de 2025.

En el desarrollo de las pesquisas, la USTR indicó que ya se han solicitado consultas con los gobiernos de los países investigados. La apertura de audiencias y el proceso para recibir comentarios y peticiones forman parte del protocolo establecido en la ley, orientado a garantizar que todas las partes puedan expresar sus argumentos y presentar pruebas de las acciones adoptadas para impedir el comercio de productos asociados al trabajo forzoso.

El medio informó que la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974 pone el foco en las malas prácticas comerciales extranjeras, y se ha utilizado en otras ocasiones para responder a políticas estatales consideradas perjudiciales para los intereses estadounidenses. Cuando estas políticas se consideran injustificadas o discriminatorias, la Casa Blanca tiene margen para adoptar medidas correctivas, incluyendo aranceles a las importaciones de los países señalados.

Las investigaciones abiertas esta semana reflejan la presión de las autoridades estadounidenses para que los países socios refuercen los controles a lo largo de las cadenas de suministro y garanticen que los bienes que llegan al mercado estadounidense no se vinculan con explotación laboral. Las audiencias convocadas para abril ofrecerán un espacio para que los gobiernos respondan a las acusaciones y detallen las políticas implementadas en sus jurisdicciones.

El medio recordó que las pesquisas pueden desembocar en la adopción de nuevas restricciones comerciales si se determina que las acciones de los países señalados constituyen una restricción injustificada para el comercio estadounidense. Además, estas medidas buscan enviar un mensaje a la comunidad internacional sobre la importancia de adoptar y aplicar medidas firmes contra el trabajo forzado.

La posición de la oficina del Representante Comercial subraya la voluntad de mostrar cómo la ausencia de políticas efectivas contra la explotación laboral impacta en la economía estadounidense, tanto en términos de empleo como de competitividad. Greer expresó su expectativa de que los resultados de las investigaciones permitan justificar nuevas acciones para contrarrestar los efectos negativos de la importación de productos vinculados con violaciones laborales.

La lista de países y la naturaleza global de la iniciativa muestran el alcance del tema para las autoridades estadounidenses, que consideran prioritaria la eliminación del trabajo forzoso en los flujos comerciales internacionales.