El asesinato de una pediatra en Piura continúa bajo investigación con nuevos elementos que reorientan el caso. La indagación fiscal incorpora ahora un posible móvil económico vinculado a seguros de vida contratados por la víctima. Este componente se suma a los testimonios de los implicados y a los hallazgos obtenidos durante las diligencias policiales.
La muerte de la médica generó impacto en el entorno sanitario y en la comunidad local. Con el avance de las pesquisas, las autoridades delinean una estructura delictiva con varios participantes y un presunto autor intelectual. La situación legal del exesposo de la víctima vuelve al centro del proceso tras una primera detención que no prosperó por falta de pruebas.
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El expediente reúne información sobre la vida personal de la víctima, sus relaciones cercanas y sus decisiones financieras. En ese contexto, los seguros de vida aparecen como un elemento clave dentro de la investigación. La fiscalía sostiene que estos datos permiten evaluar posibles motivaciones detrás del crimen.
Seguros de vida y nueva línea de investigación
La fiscalía incorporó como eje central la existencia de pólizas de vida contratadas por la pediatra. Según la información recopilada, Minnoska Pinto contaba con dos seguros: uno por un millón de soles y otro por 300.000. Ambos registros consignan como beneficiario a su esposo, Guillermo Seminario.
Este hallazgo refuerza la hipótesis de un móvil económico. Las autoridades consideran que el monto total asegurado constituye un incentivo relevante dentro del análisis del caso. La revisión de documentos financieros y correos electrónicos permitió confirmar la vigencia de estas pólizas al momento del crimen.
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Durante las diligencias en el consultorio de la médica, agentes de la Policía Nacional y representantes del Ministerio Público accedieron a su equipo de trabajo. En ese lugar se identificaron registros adicionales sobre seguros, lo que amplió la revisión de sus finanzas personales.
La investigación establece que el ataque contó con la intervención de varias personas. Las autoridades identificaron a Alejandro Rojas Guillén como el autor de los disparos. Cristian Zocalaya habría cumplido funciones de marcaje, mientras que Junnior Millán Seminario condujo la motocicleta utilizada en la operación.
De acuerdo con reportes policiales, algunos de los detenidos reconocieron su participación en el crimen. Estos testimonios señalan a Guillermo Seminario como quien habría ordenado y financiado el ataque. El monto mencionado para la ejecución del homicidio asciende a diez mil soles.
El crimen ocurrió el 10 de abril, cuando la víctima ingresaba a su vivienda en la urbanización San Felipe. Cámaras de seguridad y labores de inteligencia facilitaron la identificación de los presuntos responsables en un corto plazo.
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Situación legal del principal sospechoso
Guillermo Seminario fue detenido en un primer momento, aunque recuperó su libertad por falta de pruebas suficientes. Tras nuevos elementos presentados por la fiscalía, su situación vuelve a ser evaluada en el marco de un pedido de prisión preventiva por nueve meses.
La audiencia correspondiente fue reprogramada para el 5 de mayo en los juzgados del norte. El Ministerio Público sostiene que existen indicios adicionales que fortalecen la imputación en su contra.
La familia de la víctima señaló que la relación de la pareja presentaba conflictos meses antes del crimen. Según indicaron, ambos habían decidido separarse, aunque no realizaron trámites formales vinculados a sus bienes, incluidos los seguros.
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Un familiar declaró: “La relación ya tenía quiebres, no iba caminando muy bien”. Esta información se incorpora al análisis del contexto personal en el que ocurrió el asesinato.
El padre de la médica también mencionó que Seminario mantenía deudas económicas. Parte de estos compromisos estarían relacionados con la construcción de un consultorio y obligaciones con la familia de la víctima.
Otro elemento bajo evaluación corresponde a la llamada que habría realizado Seminario a la madre de la pediatra, en la que alertó sobre un malestar de su hijo. Según la investigación, ese momento coincidió con el desplazamiento de los atacantes hacia la vivienda.
El caso permanece en etapa de investigación con múltiples líneas abiertas. La fiscalía continúa con la recopilación de pruebas documentales, testimoniales y periciales. El objetivo consiste en establecer responsabilidades penales y esclarecer la secuencia completa de los hechos.
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La audiencia programada definirá la situación del principal sospechoso en el corto plazo. Mientras tanto, los implicados identificados en la ejecución del crimen permanecen bajo disposición de las autoridades judiciales.
El proceso incluye la evaluación de los seguros de vida, las declaraciones de los detenidos y los antecedentes personales de los involucrados. Cada elemento forma parte del expediente que deberá ser valorado por el Poder Judicial en las próximas etapas.
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