Un accidente laboral ocurrido en las instalaciones de Electrocentro dejó como saldo la muerte de un trabajador con más de cuatro décadas de servicio, en un hecho que ha generado conmoción en la ciudad de Concepción, región Junín. El suceso se registró mientras se realizaban labores rutinarias de descarga de materiales eléctricos en la avenida Ramón Castilla.
La víctima fue identificada como Ángel Samuel Aguilar Fernández (62), un operario experimentado que llevaba 43 años de servicio en la empresa. De acuerdo con la información recogida, el trabajador se encontraba manipulando un camión grúa durante la descarga de carretes de cables cuando ocurrió el fatal incidente. Pese a los esfuerzos de sus compañeros, serenazgo y efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP), no logró sobrevivir a las graves lesiones.
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Cómo ocurrió el fatal accidente en Electrocentro

El trágico accidente en Concepción se produjo al interior del almacén de Electrocentro, ubicado entre la avenida Ramón Castilla y los jirones Manco Cápac y Junín. Según versiones preliminares, el operario se encontraba al costado de la cabina del camión grúa de placa C4R-866, en plena descarga de materiales eléctricos, cuando la unidad habría cedido repentinamente debido al peso de la carga.
Este movimiento inesperado provocó que el trabajador fuera jalado por la estructura y terminara siendo aplastado por la maquinaria en cuestión de segundos. La escena generó desesperación entre sus compañeros, quienes intentaron liberarlo de inmediato mientras solicitaban apoyo de emergencia.
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Minutos después, agentes de Serenazgo y efectivos de la PNP llegaron al lugar y se sumaron a las labores de rescate. Tras un esfuerzo conjunto, lograron liberar a Aguilar Fernández, quien aún presentaba signos vitales. Fue trasladado de urgencia al Centro de Salud David Guerrero Duarte, donde el médico de turno solo pudo certificar su fallecimiento debido a la gravedad de las lesiones.
El caso fue puesto en manos de la Policía Nacional del Perú, que ya inició las investigaciones para determinar las causas exactas del accidente. Entre las hipótesis que se manejan figuran posibles fallas técnicas en la maquinaria, condiciones inseguras en la operación o errores en el procedimiento durante la descarga.
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Por su parte, la empresa Electrocentro emitió un comunicado en el que lamentó profundamente lo ocurrido y confirmó la activación de sus protocolos de emergencia. Asimismo, informó la suspensión de operaciones en la Unidad del Valle del Mantaro y aseguró que se ha brindado apoyo a los familiares del trabajador fallecido, incluyendo asistencia y acompañamiento en este difícil momento.
¿Qué implica un accidente de trabajo y qué medidas se activan tras un caso mortal en Perú?

Un accidente de trabajo es definido como un hecho repentino que ocurre durante la jornada laboral o a causa de ella, capaz de provocar desde lesiones orgánicas y alteraciones funcionales hasta consecuencias más graves como invalidez permanente o la muerte del trabajador. Este tipo de eventos es más frecuente en actividades consideradas de alto riesgo, donde existe exposición a factores como energía eléctrica, maquinaria pesada, sustancias peligrosas o cargas de gran peso, elementos que pueden desencadenar desenlaces fatales en cuestión de segundos.
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Cuando se produce un incidente de esta magnitud, especialmente si hay trabajadores heridos o fallecidos, el protocolo establece que la empresa debe brindar atención inmediata al afectado y activar el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR), el cual cubre prestaciones médicas y económicas. En casos mortales, además, existe la obligación de notificar el hecho al Ministerio de Trabajo en un plazo máximo de 24 horas, mientras se inicia una investigación interna para determinar las causas y posibles responsabilidades.
La normativa peruana también establece que el empleador es responsable de garantizar la seguridad en el centro laboral. Si se comprueba que hubo incumplimiento de las medidas de prevención y ello derivó en lesiones graves o la muerte del trabajador, pueden generarse consecuencias legales que incluyen sanciones administrativas, cierre temporal del área de trabajo e incluso responsabilidad penal, con penas que pueden llegar hasta los ocho años de prisión en los casos más graves.
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