Elecciones 2026: Fiscalía ordena peritaje informático a equipos de la ONPE usados el 12 de abril

La fiscalía profundizará la investigación de las fallas durante la jornada electoral del 12 de abril en Lima y Callao al disponer un peritaje informático integral sobre todos los dispositivos asignados a funcionarios de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Bajo la dirección del fiscal Raúl Martínez Huamán, el análisis abarca computadoras y teléfonos móviles —personales e institucionales— utilizados por el exgerente de Gestión Electoral José Samamé Blas; el subgerente de Producción Electoral Juan Phang Sánchez; la funcionaria de logística Hilda Otoya Alvarado; el servidor Willian García Velásquez y la funcionaria Lilia Flores Bancho, quien deberá entregar la totalidad de sus correos electrónicos institucionales y personales, incluyendo mensajes enviados, recibidos, spam y papelera.

Según el diario La República, la investigación incorpora además la revisión de los dispositivos en busca de omisiones o anomalías asociadas a la jornada electoral investigada.

En paralelo a los preparativos para la votación complementaria del 13 de abril, la ONPE adquirió 30.000 laptops, 30.000 impresoras y 4.538 módems, equipos distribuidos en 2.269 centros de votación de Lima Metropolitana y Callao. Estos datos, contenidos en la disposición fiscal, son esenciales para dimensionar el operativo logístico y la escala de potenciales problemas detectados.

El fiscal solicitó, además, que la ONPE entregue los registros de visitas externas dirigidos tanto a la Subgerencia de Producción Electoral como a la Gerencia de Gestión Electoral, desde mayo de 2025 hasta el propio 13 de abril. También requirió el Plan Operativo Electoral (POE), elaborado por la Gerencia de Informática y Tecnología Electoral, que estableció las directrices para la configuración de los sistemas utilizados en la votación.

Como parte de la documentación exigida, se incluyeron copias certificadas de las guías de despacho correspondientes a los trece colegios donde, por falta de material electoral, las mesas de votación no pudieron ser instaladas.

Declaraciones y documentación sobre los retrasos en la jornada electoral

Entrevistado por la Contraloría General de la República el 14 de abril, el subgerente de Producción Electoral, Juan Phang Sánchez, señaló que las etapas previas al proceso ya mostraban señales de posibles retrasos debido a incumplimientos del cronograma establecido en el POE.

Según el funcionario, “la principal anomalía fue la demora en la entrega de los equipos electrónicos necesarios para la votación”. Estos retrasos generaron una serie de incidentes que impactaron el desarrollo normal de los comicios, de acuerdo con el acta de entrevista citada por La República.

La fiscalía exigió un informe detallado sobre la elaboración y las modificaciones al cronograma de distribución del material electoral y de los equipos informáticos. Se pidió identificar a las personas y áreas intervinientes, así como las fechas de cada ajuste, a fin de garantizar la trazabilidad de los cambios y evaluar su efecto en la operatividad logística.

Para aclarar si la ONPE implementó mecanismos adecuados de control y monitoreo sobre el traslado y entrega de equipos, se requirieron los reportes del contratista Servicios Especiales Galaga, quien tuvo a su cargo el transporte. Entre la información solicitada constan placas de los vehículos, nombres de los conductores, datos de comisionados de la ONPE y horarios completos de salida de los vehículos desde los almacenes de Lurín, siempre detallando el área responsable de la supervisión.

Ajuste de rutas y cronogramas en el proceso electoral

Un informe de la Contraloría General de la República recogió la declaración de Phang Sánchez, quien especificó que el gerente de Gestión Electoral, Samamé Blas, alteró el cronograma de rutas en un esfuerzo para agilizar la entrega del material electoral. No obstante, el subgerente advirtió que los tiempos estipulados en el nuevo cronograma “no se condicen con la realidad”, pues cada ruta abarcaba entre siete y diecisiete locales de votación y demandaba un promedio de ocho horas para su culminación.

Entre los datos provistos por la Contraloría, Phang Sánchez puntualizó que el ajuste implicó el despacho hacia 553 locales en 43 rutas, mientras que el rango estimado de llegada del material electoral y equipos de cómputo, entre tres horas y media a cuatro horas, no correspondió con los plazos realmente alcanzados. Esta diferencia afectó la fluidez del procedimiento en la jornada del 12 de abril, según fuentes de logística interna y registros citados por el diario peruano La República.