El ministro de Justicia, Luis Jiménez Borra, anunció el traslado de 30 internos desde el penal de Socabaya, en Arequipa, hacia el establecimiento penitenciario de Cochamarca, en Pasco, como parte del Plan Nacional de Deshacinamiento Penitenciario.
Durante la supervisión del operativo, Jiménez señaló que la medida surge de un trabajo de campo realizado durante más de un mes, con recorridos por diversos penales. “Estas inspecciones permiten identificar problemáticas que no siempre se reflejan en los reportes administrativos y facilitan decisiones rápidas”, precisó al ser consultado.
El ministro detalló que entre los objetivos también está la optimización de los procesos de egreso, y remarcó que existen internos que, pese a haber cumplido condenas o los requisitos necesarios para acceder a beneficios penitenciarios, permanecen privados de libertad debido a demoras administrativas. Esta situación se encuentra bajo revisión con el Poder Judicial para garantizar un trámite más ágil y evitar el colapso en las cárceles.
La situación de Socabaya pone en evidencia la magnitud del problema: el penal fue diseñado para 667 internos y actualmente aloja a alrededor de 2.500 personas. “El hacinamiento impacta directamente en la capacidad de control y seguridad, especialmente en establecimientos como Socabaya”, afirmó Jiménez durante la inspección, al atribuir el deterioro de la convivencia y la seguridad a la sobrepoblación penitenciaria.
El denominado Plan Nacional de Deshacinamiento Penitenciario contempla medidas como el traslado de internos a penales con capacidad disponible, la construcción y habilitación de nuevos espacios, y la revisión de los trámites administrativos para egresos y beneficios penitenciarios. La última ronda de supervisiones identificó espacios disponibles en Tarapoto y permitió nuevos traslados, reforzando el enfoque de descentralización y uso eficiente de la infraestructura existente, según explicó el ministro.
Durante el operativo en Socabaya, las autoridades penitenciarias también incautaron más de 70 celulares, chips, cargadores y cables, así como otros elementos que se presume eran utilizados para actividades de extorsión. “Este es un golpe que se da tras un año y medio sin requisas. Vamos a tomar medidas con el personal. Se fortalecerá la supervisión y optimización del control de accesos para que no vuelvan a ingresar este tipo de equipos al penal”, indicó Jiménez.
La sobrepoblación en Socabaya representa una de las mayores preocupaciones para las autoridades penitenciarias. Con capacidad para 667 internos y cerca de 2.500 personas privadas de libertad actualmente, el centro penal triplica su límite, lo que genera dificultades para la administración y el control interno.
Plan de deshacinamiento de cárceles en Perú
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Perú anunció un plan para reducir la sobrepoblación carcelaria, que actualmente afecta a buena parte del sistema penitenciario nacional. El titular del sector, Luis Enrique Jiménez Borra, presentó el nuevo Plan Nacional de Deshacinamiento durante una conferencia de prensa, donde expuso las principales líneas de acción y los desafíos que enfrenta la administración penitenciaria peruana.
Según detalló el ministro, la iniciativa busca analizar los casos de más de 5.000 expedientes que involucran aproximadamente a 24.000 personas privadas de libertad, en un esfuerzo coordinado entre el Ministerio de Justicia, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y el Poder Judicial. El objetivo central es identificar a los internos que podrían acogerse a beneficios penitenciarios, priorizando a aquellos condenados por delitos de baja gravedad.
“Solo se está considerando delitos de baja gravedad, como omisión de asistencia familiar, delitos dolosos y leves con sentencias menores a cuatro años (...) los delitos de mayor gravedad, como homicidio, sicariato o extorsión, de ninguna manera van a ser siquiera analizados”, indicó el titular del Minjus.
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